
La investigación por el ataque ocurrido el domingo 30 de agosto en Trujillo se centra en dos líneas. La principal sostiene que el secuestro del empresario minero Jens Marty Lara Tantaquilla fue preparado durante meses para exigir dinero a cambio de su liberación.
La segund hipótesis indaga sus antecedentes empresariales y los posibles vínculos o conflictos que pudo mantener dentro de la cadena de transporte y comercialización de mineral en zonas como Pataz, territorio en disputa por organizaciones ligadas a la extracción ilegal de oro.
El empresario permanece desaparecido después de que un grupo armado lo interceptó en la intersección de las avenidas Húsares de Junín e Isabel de Bobadilla. Los atacantes, con uniformes, chalecos y cascos similares a los de la Policía Nacional del Perú (PNP), ejecutaron un falso operativo y asesinaron a cuatro personas que acompañaban a Lara Tantaquilla.
Los agresores utilizaron fusiles de largo alcance durante la intervención. La información policial indica que primero ordenaron al empresario que descendiera de la camioneta y luego dispararon contra los demás ocupantes.

Un secuestro planificado
El jefe de la Región Policial La Libertad, general Ricardo Espinoza, afirmó que la PNP tenía información de inteligencia sobre la preparación de un secuestro de gran escala desde hacía al menos tres meses. Los agentes alertaron a empresarios y comerciantes que podían convertirse en blancos de este tipo de ataques.
“En estos momentos se encuentra privado de su libertad este ciudadano Jens Lara. Este no es un hecho ocasional, estos hechos graves son planificados”, declaró Espinoza.
El oficial agregó que las alertas incluyeron recomendaciones de seguridad para posibles víctimas. “Por acciones de inteligencia sabíamos desde hace tres meses que se iba a producir un secuestro. Advertimos a los posibles blancos, empresarios y comerciantes, para que tomen precauciones, pero tal vez hubo un exceso de confianza por parte de algunos de ellos”, sostuvo.
Para los investigadores, la hipótesis central apunta a una operación destinada a exigir una suma millonaria por la liberación de Lara Tantaquilla. Durante las primeras horas posteriores al ataque circuló la versión de que los secuestradores pedían US$3 millones, aunque ni la familia ni la Policía confirmaron ese dato.

La modalidad de exigir rescates forma parte de los delitos atribuidos a bandas que operan en La Libertad. Las autoridades vincularon a la organización criminal Los Pulpos con la planificación y ejecución del ataque, según la información difundida por América TV.
Falso comando policial
La escena del crimen también forma parte de las pesquisas. Los delincuentes se presentaron como integrantes del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco), unidad de la PNP que brinda apoyo a las direcciones especializadas en casos de extorsión, sicariato y secuestro.
Un oficial de la Dirección de Investigación Criminal explicó tres objetivos de esa simulación. El primero consistía en desactivar cualquier reacción de las víctimas, que podían interpretar el hecho como una intervención oficial. El segundo buscaba paralizar a posibles testigos. El tercero permitía a los atacantes desplazarse sin despertar sospechas ante patrulleros o controles ubicados en la ruta de escape.
La copia de los distintivos y códigos propios de una unidad especializada abrió una línea de contrainteligencia dentro de la institución. Inspectoría General de la PNP activó acciones para determinar si los criminales tuvieron acceso a información interna o si existió algún tipo de colaboración desde la Policía, según un reporte de La República.

Espinoza indicó que los responsables se deshicieron de las prendas que usaron durante el secuestro. También confirmó la llegada a Trujillo de un equipo de la División de Secuestros procedente de Lima, con el fin de apoyar las diligencias para ubicar al empresario.
Antecedentes del empresario
La segunda línea de investigación apunta al entorno empresarial de Jens Marty Lara Tantaquilla, quien se dedica a la compra y venta de mineral y es oriundo del distrito de Chillia, en la provincia de Pataz.
La Policía revisa una investigación abierta en 2020, cuando Lara Tantaquilla fue incluido formalmente en una pesquisa por el presunto delito de lavado de activos proveniente del comercio de oro ilegal. El empresario aparece vinculado a la empresa Matwork, compañía investigada por la PNP por presunto lavado de oro.
Los agentes también revisan su relación con Consorcio Minero JyJ E.I.R.L., firma con sede legal en Tarma, Junín. De acuerdo con la información publicada por La República, la empresa operó durante una década dentro del proceso de formalización minera. Su baja definitiva del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) se registró el 29 de abril de 2024.
Esta revisión busca establecer si los antecedentes de Lara Tantaquilla, sus actividades comerciales o eventuales roces dentro del negocio del mineral pueden aportar elementos para esclarecer el móvil del secuestro. Pataz figura entre las zonas donde mafias ligadas a la minería ilegal disputan el control de la extracción, el traslado y la comercialización del oro.
Capturas y búsqueda del empresario
La PNP confirmó la detención de un sospechoso al que atribuye una presunta participación en la logística del secuestro y los asesinatos. Según América TV, el detenido permanece bajo interrogatorio para obtener información sobre el lugar donde se encontraría el empresario.
El general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, llegó a Trujillo para dirigir las operaciones. Antes de su arribo, sostuvo que familiares de Jhonsson Smith Cruz Arce, señalado como cabecilla de Los Pulpos, figuran entre los presuntos autores intelectuales del múltiple crimen y del secuestro.