El juez federal Ariel Lijo ordenó medidas de prueba y aceptó como querellantes a la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en la causa “SisVial”. El magistrado investiga el manejo del fondo fiduciario Sistema Vial Integrado, que se nutre del impuesto a los combustibles para financiar obras públicas en rutas nacionales.
Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, la investigación avanzará sobre la reconstrucción de la ruta del dinero del SisVial y el estado actual de obras viales que fueron denunciadas como “paralizadas”.
Una investigación de La Nación reveló que el gobierno de Javier Milei recaudó más de $1.5 billones en este fideicomiso, pero ejecutó apenas un cuarto para construir y arreglar las rutas. Más de un billón de pesos permanecía a fines de mayo generando rendimientos en instrumentos financieros como plazos fijos o títulos públicos.
Los decretos 976/2001 y 1377/2001 que crearon el SisVial establecen que el destino de sus fondos debe ser únicamente para financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de las rutas. De igual manera, la Ley N° 23.966 regula el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL), fijando un porcentaje que debe asignarse directamente a este fideicomiso vial.
La revelación sobre el manejo de los fondos llevó a que se realizaran denuncias en los tribunales federales de Comodoro Py. El Juzgado Federal N° 11 —subrogado por Lijo— y el fiscal federal Carlos Stornelli llevan adelante la pesquisa.
Victoria Tolosa Paz hizo la primera presentación y pidió ser querellante para participar activamente en el expediente, aportar pruebas e impulsar medidas. Luego la siguió Ricardo Quintela. Ambos alegaron haberse visto damnificados —en su calidad de representantes— por la supuesta paralización de obras en las provincias de Buenos Aires y La Rioja, que ahora investiga la Justicia.
Además, el juez Lijo incluyó en la querella riojana al fiscal de Estado provincial, Segundo Emilio Rodríguez, y el fiscal adjunto, Gustavo Roque Ibarra.
En su resolución, a la que tuvo acceso Infobae, el juzgado aplicó un criterio amplio respecto a la legitimación procesal de los denunciantes, al recordar que la jurisprudencia no exige una certeza absoluta sobre la calidad de ofendido directo en el inicio de la investigación, sino que basta con la hipótesis de un perjuicio real y concreto derivado de los hechos denunciados para autorizar su participación como querellantes.
Ordenaron medidas
El juez Ariel Lijo ordenó una serie de requerimientos de información de carácter urgente dirigidos a diversos organismos. Las medidas apuntan a esclarecer la ruta del dinero del SisVial y a determinar el estado de múltiples obras viales estratégicas en diferentes puntos del territorio argentino, con especial foco en las provincias de Buenos Aires y La Rioja.
La documentación incorporada al expediente judicial por los denunciantes identificó tres obras de Vialidad Nacional en las rutas nacionales 3 y 5 que contaban con partidas asignadas en la planificación plurianual y que actualmente se encuentran paralizadas:
- Autopista Mercedes - inicio Variante Suipacha, sobre la Ruta Nacional 5, con un presupuesto de referencia original de 9.240 millones de pesos.
- Autopista fin Variante San Miguel del Monte - acceso Gorchs, sobre la Ruta Nacional 3, con un monto de referencia de 10.309,2 millones de pesos.
- Travesía Urbana de Mercedes, también sobre la Ruta Nacional 5, con un monto original asignado de 3.531,6 millones de pesos.
En conjunto, estas tres obras representan una inversión de más de 23.000 millones de pesos que, según la denuncia, quedaron sin ejecutar. Tolosa Paz vinculó además estos proyectos a un financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por un total de 100 millones de dólares.
Tras conocerse la resolución del juzgado, la diputada nacional expresó su conformidad con la medida judicial y ratificó los términos de su presentación: “Fui aceptada como querellante en la denuncia que le hice al ministro de Economía, Toto Caputo, por el manejo del dinero del SisVial, por el dinero que se cobra con el impuesto al combustible y que, según denunciamos, es desviado a la timba financiera”.
Asimismo, la legisladora subrayó el impacto que tiene la paralización de los trabajos en los corredores viales de su provincia. “Son dos arterias importantísimas para el desarrollo productivo de la provincia de Buenos Aires que fueron abandonadas mientras se armaba una mesa de dinero”, manifestó, al tiempo que agregó que su rol en la causa le servirá para “seguir impulsando la investigación, aportando prueba y mostrando todo el desmanejo que hubo durante estos tres años y medio de abandono de las rutas nacionales”.
Por su parte, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, reclama por la paralización total y el abandono de las obras viales en la Ruta Nacional 76 (en el tramo de Pircas Negras), la Ruta Nacional 73 y la Ruta Nacional 75. También se incluyeron reclamos por el estado de la licitación pública LP 0014/2026, denominada “Malla 304”, que prevé la reparación de otras arterias.
Con el objetivo de recolectar elementos de prueba que permitan verificar las denuncias de los querellantes, el juez Ariel Lijo ordenó al Ministerio de Economía de la Nación el envío inmediato de los expedientes y actos administrativos que dieron origen a las instrucciones impartidas al Banco de la Nación Argentina en relación con la administración del fideicomiso SisVial, desde el 1 de enero de 2024 hasta la actualidad.
También requirió el detalle de las colocaciones financieras realizadas con los fondos de la cuenta SisVial, un desglose por provincia y por obra de la aplicación de dichos recursos, y la ejecución presupuestaria de las tres obras públicas presuntamente paralizadas en la provincia de Buenos Aires, discriminada por fuente de financiamiento.
A la Dirección Nacional de Vialidad, el juez le solicitó copia de los expedientes de obra de los tres proyectos de la provincia de Buenos Aires, detallando los certificados de avance emitidos, aprobados y que se encuentren impagos, así como las modificaciones en los planes de trabajo.
Asimismo, solicitó un informe pormenorizado sobre las obras en las rutas nacionales de La Rioja desde el 10 de diciembre de 2023, que incluya contratos, contratistas, avances físicos y financieros, y los actos administrativos que determinaron la neutralización o paralización de las tareas en las rutas 73, 75 y 76.
Vialidad Nacional deberá informar también sobre el convenio de Transferencia de Funciones Operativas (TFO) de la Ruta Nacional 76 firmado con la Administración Provincial de Vialidad de La Rioja, detallando los motivos por los cuales no se renovó, las deudas por tareas de mantenimiento ejecutadas por la provincia y el estado de conservación de las bases imprimadas que quedaron sin carpeta asfáltica.
Lijo también requirió informes a la Jefatura de Gabinete de Ministros con antecedentes administrativos vinculados a obras viales a las que se hizo referencia en el Informe de Gestión N° 145 presentado ante el Congreso de la Nación.
Y, por último, se libraron oficios a la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación para que informen si realizaron auditorías, observaciones o actuaciones de control sobre el fideicomiso y la cuenta especial SisVial desde el año 2024 hasta la fecha.
En el marco de la misma causa judicial, el abogado Nicolás Oszust amplió la denuncia penal contra el ministro de Economía y los funcionarios responsables del Banco Nación en su rol de fiduciario. El escrito del abogado sostiene que el Ministerio de Economía subejecutó de manera sistemática los fondos del SisVial para “desviarlos hacia la especulación financiera estatal” con el fin de exhibir un equilibrio fiscal.
Oszust, quien representa a inversores damnificados de la criptomoneda $LIBRA, también denunció un presunto uso discrecional y político de los fondos ejecutados durante el año 2025, señalando coincidencias temporales entre la liberación de partidas para las provincias y votaciones clave en el Congreso de la Nación.
