El primer ministro, Luis Galarreta, afirmó este domingo que seis meses es un plazo “más que suficiente” para comenzar a ver resultados concretos en la lucha contra los homicidios y las extorsiones, en un contexto marcado por el avance de la criminalidad y los cuestionamientos a la estrategia de seguridad del Gobierno.
“Seis meses es más que suficiente (...) y es un tiempo razonable”, señaló al ser consultado por los diarios El Comercio y Trome sobre la responsabilidad política que asumiría el Ejecutivo si las cifras de homicidios y extorsiones no mejoran durante ese periodo.
El jefe del Gabinete sostuvo, no obstante, que el Gobierno ya está obteniendo algunos avances y puso como ejemplo la captura de integrantes de la organización criminal ‘Los Pulpos’, a la que se atribuye el secuestro de un empresario minero y el cuádruple asesinato de sus acompañantes en Trujillo.
“El resultado concreto es que hay casi ocho miembros de la banda Los Pulpos arrestados”, señaló a una semana del más reciente episodio de la ola de la criminalidad en el país.
Consultado sobre la permanencia del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, Galarreta señaló que es “institucionalista como la presidenta” Keiko Fujimori y que la lucha contra la criminalidad “no depende de una persona”.
Añadió que Arriola, al igual que cualquier otro funcionario, incluido él mismo, está bajo la supervisión de la jefa de Estado y debe demostrar resultados “en un corto tiempo”.
“Lo que creo es que la seguridad no depende de una persona. Sería darle demasiada importancia a una persona o sería muy injusto. El general Arriola está bajo el liderazgo y el Gobierno de Keiko Fujimori (...) El general Arriola es uno de los primeros de su promoción; imagino que también él, en lo personal, evalúa su situación. Entonces, él tomará su decisión”, indicó.
Ante los cuestionamientos que ha recibido el oficial, incluso desde sectores de la oposición, el primer ministro insistió en que el Gobierno evaluará su gestión en función de los resultados. “Vamos a esperar si el señor Arriola nos muestra resultados. Llevamos 35 días”, apuntó.
La salida del comandante general es un reclamo que distintos sectores políticos han mantenido en las últimas semanas ante el aparente fracaso de las medidas para enfrentar el crimen organizado en el país, que han incluido la declaración del estado de emergencia en las ciudades de Lima y Callao, así como en Pataz, el epicentro de la minería ilegal.
El empresario secuestrado el pasado domingo fue identificado como Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, quien se dedicaría a la compra y venta de oro en la convulsa provincia de Pataz, declarada en emergencia por la presencia de organizaciones criminales que se disputan el control de las galerías mineras.
Luego de su liberación, la administración de Fujimori fue objeto de críticas puesto que el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, confirmó que hubo una entrega de dinero; sin embargo, el padre de la víctima, Eleuterio Lara, aseguró que fue él quien realizó las gestiones y cuestionó la actuación de la Policía.
