La Justicia bonaerense suspendió en el ámbito de la provincia la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil, que bajó la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
Un fallo de la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, ordenó este lunes “suspender de manera preventiva” la flamante norma en Buenos Aires. La magistrada hizo lugar este lunes a un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de libertad.
La Ley 27.801 había entrado en vigencia nacional el 5 de septiembre y este lunes fue reglamentada por el Gobierno. La norma reemplazó el régimen penal juvenil vigente desde 1980, al bajar la edad mínima de imputabilidad de 16 a 14 años.
En los fundamentos del fallo, la magistrada cuestionó si la Provincia cuenta con “las condiciones edilicias, institucionales y profesionales indispensables para albergar a esta población bajo los estándares que exigen los derechos humanos de la niñez”. Pascual sostuvo que la reforma provocará “un aumento considerable en la cantidad de personas menores de edad detenidas”, tanto por los nuevos ingresos como por una mayor permanencia en los centros de detención, y advirtió que el hacinamiento “inevitablemente incrementa los niveles de inseguridad y violencia” dentro de los propios establecimientos.
La jueza convocó a una audiencia para el próximo 16 de septiembre, a las 10, en la que deberán presentarse funcionarios del Poder Ejecutivo provincial responsables de la implementación de la norma para explicar qué medidas adoptaron, cuáles proyectan y en qué plazos. El Ministerio de Seguridad, el organismo provincial de Niñez y el Ministerio de Justicia bonaerenses quedaron a cargo de garantizar el cumplimiento de la suspensión mientras dure la medida.
La Ley 27.801, publicada en el Boletín Oficial en marzo de este año, establece un máximo de 15 años de privación de la libertad —incluso en casos de concurso de delitos—, prohíbe las penas perpetuas, permite el cumplimiento de dos tercios de la condena bajo detención y el resto bajo otras sanciones, e incorpora el monitoreo electrónico como sanción autónoma. Para delitos con penas de hasta tres años, prevé sanciones alternativas como prohibiciones de acercamiento, tareas comunitarias, reparación del daño y amonestación formal.
El fallo generó una rápida reacción política. La senadora libertaria y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a través de la red social X: “En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad. Y también tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias. Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien, donde el delincuente tiene vía libre y, si las hace, no las paga”, escribió.
