El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó el viernes en Madrid la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, con el respaldo de Cataluña y Canarias frente al rechazo del resto de comunidades de régimen común. El nuevo modelo, impulsado por el Ministerio de Hacienda, contempla una inyección adicional de 20.975 millones de euros para las regiones a partir de 2027 y busca sustituir un sistema vigente desde 2009 y caducado desde 2014.
La votación se saldó con la abstención de trece territorios, pero el ministro de Hacienda, Arcadi España, solo necesitaba el apoyo de una comunidad autónoma para sacar adelante el acuerdo, mientras la Comunidad de Madrid ni siquiera asistió a la reunión, en protesta liderada por la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, se trata solo del primer trámite: el Gobierno buscará ahora la mayoría absoluta en el Congreso, con Junts como escollo principal, para que la reforma entre en vigor el 1 de enero de 2027.
La reforma eleva la cesión de IRPF e IVA a las regiones
El nuevo modelo incrementa la participación autonómica en la recaudación del impuesto sobre la renta (IRPF), que pasará del 50% al 55%, y en el impuesto al valor agregado (IVA), que subirá del 50% al 56,5%. A esto se suma la cesión del 100% de la recaudación de otros tributos como patrimonio, depósitos bancarios, juego y residuos en vertederos.
El incremento total de 20.975 millones se explica por la combinación de dos mecanismos que el propio Ministerio de Hacienda detalla en su propuesta: la nivelación vertical, que aporta 19.000 millones de forma directa desde el Estado central con el objetivo de reducir en dos tercios la distancia entre cada comunidad y la que cuenta con más recursos, y el aumento de la capacidad tributaria de las regiones a través de la mayor cesión de impuestos, que representa casi 16.000 millones adicionales en 2027.
Ambos mecanismos no son estrictamente acumulables entre sí, sino que interactúan dentro del cálculo global del sistema, que en conjunto pasaría a distribuir 224.507 millones de euros en 2027. En el último ejercicio liquidado, correspondiente a 2023, las comunidades habían recibido 152.484 millones a través de este sistema.
El cálculo de necesidades de cada región se reformula con nuevas variables
El sistema mantiene el criterio de población ajustada para determinar cuánto necesita cada territorio, pero modifica su composición e introduce una estratificación más precisa de los grupos de población, con el objetivo declarado de responder al reto de la despoblación. El reparto de los recursos autonómicos se define en función de las características demográficas, socioeconómicas y geográficas de cada comunidad: una región envejecida requerirá mayor gasto sanitario, mientras que otra con más población en edad escolar necesitará más recursos para educación.
Como elementos inéditos, el modelo incorpora un fondo climático, dotado con 1.000 millones de euros, del que dos tercios se repartirán entre las comunidades del litoral mediterráneo por su exposición al calentamiento de ese mar, mientras el tercio restante se distribuirá entre el resto de territorios según el criterio de población ajustada. También se habilita, con carácter voluntario, la posibilidad de que cada comunidad reciba parte de la recaudación del IVA generado por las pequeñas y medianas empresas en su territorio, un mecanismo que el Ministerio de Hacienda describe como un incentivo al desarrollo empresarial.
Ninguna comunidad recibirá menos que con el modelo anterior
Hacienda incorporó al texto una garantía de statu quo, similar a la que existía en la reforma de 2009, por la cual ninguna comunidad recibirá al inicio del nuevo sistema menos recursos de los que le habría correspondido con el modelo vigente. Esta cláusula beneficia especialmente a Cantabria y Extremadura, que recibirán fondos adicionales a través de una reformulación del Fondo de Compensación Interterritorial.
El nuevo modelo también establece que todas las comunidades deben alcanzar, como mínimo, el 75% de la media de recursos por habitante ajustado. Las que se sitúan por encima de esa media deberán aportar recursos al sistema para financiar a las que están por debajo. Según los propios cálculos de Hacienda, este mecanismo de nivelación horizontal reduciría la diferencia entre la comunidad con más y con menos recursos por habitante ajustado de 1.500 a 477 euros. Tras aplicar la corrección del statu quo, que impide que ninguna comunidad pierda recursos frente al modelo anterior, esa brecha se sitúa finalmente en 700 euros, la mitad de la que arroja el sistema vigente.
Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana concentran el mayor incremento
El reparto de los 20.975 millones adicionales no es uniforme. Andalucía encabeza la lista con 4.846 millones de euros más al año, seguida de Cataluña, con 4.686 millones, y la Comunidad Valenciana, con 3.669 millones. Madrid ocupa el cuarto lugar, con 2.555 millones adicionales.
El resto de las comunidades recibiría montos menores: Castilla-La Mancha (1.248 millones), Murcia (1.188 millones), Aragón (629 millones), Canarias (611 millones), Galicia (587 millones), Baleares (412 millones), Castilla y León (271 millones), Asturias (248 millones) y La Rioja (25 millones). La consejera de Hacienda de la Generalitat catalana, Alicia Romero, subrayó que su comunidad concentra cerca del 25% del incremento total previsto para el conjunto del sistema.
El sistema será voluntario para cada territorio
Uno de los ejes centrales del diseño es que la adhesión al nuevo modelo no será obligatoria. Cada comunidad podrá optar por sumarse al nuevo esquema o permanecer en el sistema de 2009, aunque esto último implicaría renunciar al incremento de recursos que ofrece la reforma. España defendió que el nuevo modelo “no es un modelo a la carta”, pese a que atiende a lo que definió como singularidades de cada territorio.
