Una persona va a una manifestación. Puede ser registrada por una cámara fija, filmada por un dron, identificada mediante reconocimiento facial, vinculada con sus perfiles en redes sociales a través de herramientas de inteligencia de fuentes abiertas y, finalmente, incorporada junto con otras personas a bases de datos o sistemas de inteligencia. Ninguna de esas tecnologías, por sí sola, permite conocer con certeza quién es ni cuáles son sus intenciones. Pero combinadas pueden reconstruir con quién estuvo, cuándo, dónde y qué hizo. No es una distopía. Es la realidad del Estado omnipresente.
¿Por qué el debate sobre vigilancia en Argentina ya no puede reducirse a discutir una cámara, un software o una compra puntual? El problema es la arquitectura que se construye cuando normas, fuerzas de seguridad, organismos de inteligencia, proveedores privados, drones, reconocimiento facial, redes sociales y grandes volúmenes de datos empiezan a funcionar como distintas capas de un mismo sistema.
La pregunta tampoco es si el Estado puede utilizar tecnología para prevenir o investigar delitos. Puede hacerlo. La discusión es otra: con qué base legal, para qué finalidad, bajo qué criterios de necesidad y proporcionalidad, con qué transparencia, quién controla su uso y qué mecanismos existen para exigir rendición de cuentas. Una política de seguridad no debería transformarse, casi imperceptiblemente, en una infraestructura permanente de vigilancia sobre la vida pública.
Según reveló nuestro último informe, “Estado de Vigilancia”, entre 2024 y 2025, el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires ampliaron de manera simultánea sus capacidades de identificación, monitoreo y análisis de la población. Esa expansión no ocurrió únicamente mediante adquisiciones tecnológicas. También avanzó a través de reformas institucionales, protocolos y nuevas facultades para organismos de seguridad e inteligencia.
La reorganización del sistema de inteligencia amplió su capacidad operativa tanto en el plano de la inteligencia como la contrainteligencia, extendió el secreto como regla, reforzó la capacidad de acceder a información en poder de otros organismos y aumentó las posibilidades de intercambio de datos. El DNU 941/2025 creó además la Agencia Federal de Ciberinteligencia, con competencias específicas en el ciberespacio. En paralelo, la reforma del Estatuto de la Policía Federal amplió las facultades de ciberpatrullaje y acceso a bases estatales y reguló el uso de agentes encubiertos y reveladores digitales.
A esas reformas se sumaron instrumentos concretos. El Protocolo Antipiquetes prevé filmaciones, identificación de “autores, cómplices e instigadores”, registro de líderes, organizaciones y vehículos y, en determinados casos, comunicación a Migraciones respecto de personas extranjeras con residencia provisoria. La Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad, por su parte, concentra funciones de monitoreo digital, reconocimiento facial, análisis masivo de datos y predicción del delito.
El Estado también compró las herramientas necesarias para expandir esas capacidades. Entre 2024 y 2025, el Gobierno nacional destinó al menos 1,2 millones de dólares a tecnologías de vigilancia, sin contabilizar herramientas conexas como software forense digital. Entre las adquisiciones identificadas aparecen licencias de la plataforma Maltego para inteligencia de fuentes abiertas, de la empresa Clearview AI para reconocimiento facial y drones con cámaras térmicas, seguimiento automatizado y transmisión de imágenes.
La Ciudad de Buenos Aires avanzó, al mismo tiempo, sobre otra dimensión del sistema. Las contrataciones analizadas rondan los 48 millones de dólares, concentrados mayormente en infraestructura física urbana: cámaras, puntos de captura, hardware, cableado, conectividad, almacenamiento y mantenimiento. De ese total, 27 millones de dólares corresponden a puntos de captura y hardware y otros 14 millones de dólares a conectividad de la plataforma.
Son inversiones diferentes, pero complementarias. Nación aumenta su capacidad de analizar datos, identificar rostros y rastrear personas. La Ciudad amplía la red física que produce imágenes e información en el espacio público. El riesgo aparece precisamente en esa convergencia: la capacidad de capturar, procesar y relacionar información se vuelve mayor que la que tendría cualquiera de esas estructuras de manera aislada.
Hay además interrogantes que continúan abiertos. El Estado adquirió una licencia de Clearview AI, pero Amnistía Internacional no obtuvo información suficiente sobre las bases utilizadas, los controles existentes, las evaluaciones de impacto, las auditorías ni los casos concretos en los que se aplica. El Ministerio informó, ante un pedido de acceso a la información pública, que el sistema de la Policía Federal no sería online ni estaría permanentemente activo en la vía pública, sino que se utilizaría ex post y bajo investigación judicial. Esa precisión puede reducir algunos riesgos, pero no elimina las preguntas sobre qué ocurre después con las imágenes, cuánto tiempo se conservan, quién puede acceder a ellas o con qué otros datos pueden combinarse.
Algo similar ocurre con los drones. Existen declaraciones oficiales que indican que no poseen reconocimiento facial y que no estarían vinculados con manifestaciones. Al mismo tiempo, la investigación recopiló evidencia audiovisual de drones de fuerzas federales en protestas y un video oficial de la Policía Federal en el que se explica que las imágenes son transmitidas al comando institucional. La pregunta relevante no es afirmar capacidades que no están acreditadas, sino saber qué imágenes se capturan, si se almacenan, si después se procesan y con qué otras herramientas pueden integrarse.
En este contexto también aparecen actores privados que requieren transparencia. Palantir, empresa vinculada a Peter Thiel, desarrolla herramientas de análisis de datos utilizadas en distintos países en seguridad, defensa e inmigración. Thiel se reunió con el presidente Javier Milei al menos tres veces de manera documentada, la última el 23 de abril de 2026. Amnistía Internacional pidió información a Presidencia y Cancillería sobre eventuales acuerdos o negociaciones con Palantir.
Las respuestas recibidas no permitieron establecer si existe o no un contrato ni bajo qué condiciones podrían estar explorándose acuerdos. Eso es exactamente lo que sabemos. No más. Y justamente por eso la transparencia resulta indispensable. Pero el impacto de la vigilancia no comienza cuando una persona es detenida, procesada o sancionada. Puede empezar mucho antes.
Desde Amnistía Internacional entrevistamos a 21 personas, entre periodistas, activistas, jóvenes, personas jubiladas, migrantes y defensores de derechos humanos. Los testimonios documentaron cambios concretos de conducta asociados a la percepción de estar siendo vigilados: menor o más selectiva participación en manifestaciones, reducción de la exposición pública, cambios en las formas de organización, uso de plataformas consideradas más seguras, abandono de determinados canales de comunicación y autocensura en redes sociales.
Algunas personas dejaron WhatsApp y comenzaron a utilizar Signal o Telegram. Periodistas incorporaron más medidas de protección. Jóvenes redujeron su participación política en redes. Personas migrantes dejaron de participar en determinados espacios por temor a consecuencias migratorias. A eso se lo denomina efecto inhibidor.
No significa que todas las personas dejen de protestar o expresarse. Significa que algunas empiezan a preguntarse dos veces antes de hacerlo. Hablan menos, se muestran menos, cambian la manera en la que se organizan o directamente se retiran de ciertos espacios. Una democracia también puede deteriorarse cuando las personas comienzan a comportarse como si estuvieran bajo observación permanente.
El argumento “si no hiciste nada malo, no tenés nada que esconder” parte de una idea equivocada. Los derechos no existen únicamente para quienes tienen algo que ocultar. Una persona puede no haber cometido ningún delito y, aun así, querer mantener en reserva sus ideas políticas, sus vínculos, sus fuentes periodísticas, su actividad sindical, sus creencias religiosas o su participación en una protesta.
El problema se vuelve todavía más relevante cuando las tecnologías funcionan sobre bases históricas que tampoco son neutrales. Los sistemas de policía predictiva, por ejemplo, utilizan datos previos para estimar dónde podría ocurrir un delito o qué persona podría representar un riesgo. Si determinadas zonas fueron históricamente más patrulladas o determinados grupos más detenidos, el sistema aprende de esa información. Luego vuelve a señalar los mismos lugares o perfiles, genera mayor presencia policial y produce nuevos datos que alimentan el ciclo.
La tecnología puede así revestir de aparente neutralidad decisiones y sesgos que ya existían.
Argentina tiene una Ley de Protección de Datos Personales, la 25.326. El problema no es afirmar que no existe legislación. El problema señalado por la investigación es que la expansión de estas capacidades se produjo sin un marco específico adecuado a los desafíos actuales del reconocimiento facial, la inteligencia artificial, el monitoreo masivo de redes y la interconexión creciente entre bases de datos.
La actualización de esa ley es necesaria. Pero cualquier reforma debería aumentar, y no reducir, la protección de las personas. Debería exigir consentimiento claro, transparencia sobre el tratamiento de datos, evaluaciones de impacto antes de desplegar tecnologías de vigilancia y controles externos independientes. No se trata de elegir entre seguridad y derechos. Esa es una falsa disyuntiva.
Una política de seguridad compatible con una democracia debe poder responder preguntas básicas: ¿qué tecnología utiliza el Estado?, ¿para qué?, ¿qué información recolecta?, ¿con qué bases se cruza?, ¿quién accede?, ¿durante cuánto tiempo se conserva?, ¿qué empresas participan?, ¿qué juez o autoridad independiente controla su uso?, ¿qué puede hacer una persona si sus datos fueron utilizados de manera incorrecta?
Cuanto mayor es la capacidad tecnológica del Estado, mayor debe ser la calidad de los controles democráticos. La tecnología no es inevitablemente autoritaria. Pero tampoco es neutral cuando se utiliza sin reglas suficientes.
Y en una democracia, la pregunta más importante frente a un Estado que puede penetrar cada vez más en la privacidad no debería ser qué tenemos para esconder sino quién vigila al que vigila.
