Madrid, 6 sep (EFE).- El juez Juan Carlos Peinado prevé dictar auto de apertura de juicio oral a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, antes de jubilarse a finales de septiembre, culminando así la fase de instrucción y elevando el proceso a la Audiencia Provincial de Madrid para un juicio con jurado que se celebraría en 2027.
Así continuará el proceso, según indican a EFE fuentes jurídicas, una vez que el pasado viernes el abogado de Begoña Gómez, Jaime Campaner, presentó su escrito de conclusiones provisionales de cara al juicio, que es el que faltaba para que el juez pueda convocar la audiencia previa protocolaria para escuchar a las partes antes de dictar auto de apertura de juicio oral. Este auto no es recurrible.
Peinado tiene previsto dar este último paso antes de su fecha oficial de jubilación el próximo 27 de septiembre, cuando cumple 72 años y por lo tanto ya no puede seguir ejerciendo según la ley, añaden las fuentes.
Dejaría así culminada la fase de instrucción que comenzó el 16 de abril de 2024 y elevaría el procedimiento a la Audiencia Provincial para una fase intermedia en la que primero se designa la sección penal que enjuiciará el caso entre las quince que hay, por reparto ordinario.
En esta fase las partes debaten sobre cómo se desarrollará el juicio, por ejemplo defendiendo que se incluya a determinados testigos o pruebas periciales, sin que haya plazos concretos establecidos.
Así el juicio sería previsiblemente el próximo año, pero por ahora no se puede concretar si antes, durante o después las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2027, un año en el que también se celebrarían elecciones generales en verano, salvo adelanto electoral.
Begoña Gómez se sentará en el banquillo acusada de presunto tráfico de influencias y malversación, y su asesora Cristina Álvarez por presunta malversación, según determinó en julio la Audiencia Provincial, que dio la razón al juez en que ambas deben someterse a un juicio con jurado pero sobreseyó los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida que veía el magistrado.
La Audiencia separó del procedimiento al empresario Juan Carlos Barrabés para que se siga la investigación en otra causa en lo relativo a la legalidad o ilegalidad de las adjudicaciones de contratos públicos.
Ese auto de la Audiencia supuso "reordenar" el proceso y retrotraerlo hasta abril, cuando el juez transformó la causa en procedimiento de jurado contra Gómez, Álvarez y Barrabés.
De modo que todo lo practicado desde entonces se anuló y por eso las partes han tenido que presentar de nuevo sus escritos de cara al juicio, y ahora se volverá a celebrar la audiencia preliminar previa -en la que cada parte defiende su postura- y se dictará el definitivo auto de apertura de juicio.
Begoña Gómez solicita en su escrito la absolución, como siempre ha hecho, y niega que aprovechase "su vínculo matrimonial" con el jefe del Ejecutivo para conseguir una cátedra universitaria, y que obtuviera beneficio económico en la misma.
También niega que se apropiara de un 'software' de la Universidad Complutense de Madrid y que utilizase a su asesora para labores indebidas.
Cristina Álvarez solicita igualmente su absolución porque no existe un delito de malversación en los hechos que se le atribuyen (hacer tareas que no le eran propias), y considera la acusación "disparatada".
La Fiscalía también pedirá, como ha hecho durante todo el proceso, la absolución de ambas porque no ve delito.
Por su parte a acusación popular, liderada por Hazte Oír, pide en total 13 años de cárcel para Gómez y 6 años para su asesora, una vez reformulado el escrito inicial en el que pedía hasta 24 y 22 años, respectivamente.
La Universidad Complutense de Madrid reclama a Begoña Gómez más de 113.000 euros de responsabilidad civil en relación al 'software' creado para la cátedra que codirigió. EFE
