El ajuste del gasto público es uno de los ejes centrales de la política económica del Gobierno de Javier Milei. Ese objetivo, planteado como condición para ordenar las cuentas fiscales, avanzó por distintos frentes en los últimos años: recortes directos, reducción de transferencias a otros niveles del Estado y una poda marcada en áreas puntuales del gasto. Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) reconstruye ese proceso y permite entender, con números, cómo se llegó hasta acá.
El trabajo, firmado por Nadin Argañaraz, titular del Iaraf, pone el foco en el gasto primario devengado de la Administración Pública Nacional (APN), que según el informe explica “aproximadamente el 85% del gasto del Sector Público nacional”.
A diferencia del análisis habitual, que suele centrarse en el gasto pagado del Sector Público Nacional no Financiero, el Iaraf eligió mirar el gasto devengado de la APN porque, señala, “es el gasto que expresa la decisión política plasmada en el presupuesto” y porque “constituye el puntapié inicial del ajuste del gasto realizado por el gobierno nacional”.
Según el informe, el gasto primario devengado de la APN acumula al mes de agosto de 2026 una caída real del 32% respecto de igual período de 2023. Esa reducción no fue pareja a lo largo del tiempo: arrancó en el 19,4% en enero, escaló al 27,5% en febrero y superó el 30% ya en marzo, con el 30,8%. A partir de ahí, la baja se mantuvo estable, en un rango de entre el 31% y el 32% mensual, hasta cerrar agosto en el 32,1%. El informe destaca que esa evolución “refleja que la reducción del gasto se hizo desde un primer momento, al inicio de la gestión” y que “ha sido sostenible a lo largo de los meses”.
Qué gastos explican la baja
Dentro de esa caída general, no todos los rubros del gasto se movieron de la misma manera. Según el informe, el componente que más bajó en el acumulado a agosto fue el de las transferencias corrientes a provincias, con una caída real del 86,6 por ciento. Este rubro representaba el 5,7% del gasto primario en 2023. Le siguió el gasto en bienes de uso, que incluye a la obra pública, con una baja del 83,6%.
En tercer lugar se ubicaron las transferencias a otras entidades del Sector Público Nacional, es decir, a empresas públicas y fondos fiduciarios, con una caída del 62,1%. Después aparecen las “otras transferencias al sector privado”, que incluyen los subsidios económicos a la energía y al transporte, con una baja real del 59,3%. Los servicios no personales cayeron 39,9% y las transferencias a universidades nacionales bajaron 39,7 por ciento.
Las ayudas sociales a personas y las asignaciones familiares, que representaban el 16,0% del gasto primario en 2023, registraron una caída real del 30,6 por ciento. Los gastos en personal, en tanto bajaron 28,9%, con un recorte de pronunciado de la cantidad de trabajadores. En el otro extremo se ubican las jubilaciones y pensiones: pese a ser el rubro con mayor peso relativo, con el 38,1% del gasto primario en 2023, fueron las que menos cayeron, con una baja del 8,2% en el acumulado a agosto.
Qué pesó más en el ajuste
Ahora bien, una cosa es cuánto cayó cada partida y otra distinta es cuánto explica cada una de la reducción total del gasto, ya que el peso de cada rubro en 2023 era distinto. Medido de esa manera, las transferencias a otras entidades del Sector Público Nacional -empresas públicas y fondos fiduciarios- concentran la mayor incidencia, con el 23,6% de la caída total. El informe señala que “casi la cuarta parte de la reducción real del gasto primario de la Administración Pública Nacional está explicada por el recorte de transferencias a Empresas Públicas y Fondos fiduciarios”, que no vieron recortado su gasto de manera directa sino a través de una baja en los fondos que reciben de la APN.
Le siguen, en orden de incidencia, las otras transferencias al sector privado (14,9%), las ayudas sociales a personas y asignaciones familiares (14,4%) y las transferencias a provincias y municipios (13%). Los gastos en personal explican el 10,6% de la baja total y las jubilaciones y pensiones, el 10,1%. Con una incidencia menor aparecen los bienes de uso (5,2%), las transferencias a universidades nacionales (5,0%), los servicios no personales (2,1%) y otros gastos (1,1%).
Un dato que el Iaraf remarca especialmente es que buena parte del ajuste no se hizo de manera directa, sino a través del recorte de las transferencias que la Nación gira a otros actores. Si se suman las bajas en las transferencias corrientes a provincias y municipios, a universidades nacionales y a otras entidades del Sector Público Nacional, se llega a que “el 42% de la caída del gasto primario de la Administración Nacional se explica por menores transferencias a otras jurisdicciones y entidades del sector público”, que después deben resolver ese faltante con fondos propios o con sus propios recortes.
De dónde salen los 14 puntos del PBI
Hasta acá, todo el análisis se hizo en términos reales, es decir, descontando la inflación. Pero el informe también mide el gasto de otra manera: como porcentaje del Producto Bruto Interno, una medida que permite comparar el tamaño del Estado en relación con el tamaño de la economía. Bajo ese criterio, si se supone que entre septiembre y diciembre de 2026 se mantiene el ritmo de baja registrado hasta agosto, el gasto primario de la APN cerraría este año en el equivalente al 12,4% del PBI. Eso implica una caída de 5,4 puntos porcentuales respecto del nivel de 2023.
Esa baja de 5,4 puntos sería, según el informe, la mayor de los últimos tres años. En 2024, el gasto primario de la APN había caído 4,0 puntos porcentuales del PBI respecto de 2023, y en 2025 la baja fue de 4,6 puntos. De esta manera, al sumar la reducción de cada uno de los tres años de la actual gestión, el resultado es una caída acumulada de 14 puntos porcentuales del PBI entre 2023 y 2026.
Es importante no confundir ambas mediciones. La caída del 32% corresponde a la variación real del gasto primario de la APN, es decir, cuánto se redujo en pesos constantes, sin el efecto de la inflación. Los 14 puntos porcentuales, en cambio, miden otra cosa: cuánto bajó el gasto primario en relación con el tamaño de la economía, que a su vez también se movió en ese período. Ambos indicadores muestran una misma tendencia, la de un Estado nacional que gasta menos, pero desde ángulos distintos: uno mide la evolución del gasto en sí mismo, y el otro, su peso relativo dentro del PBI.
El informe agrega que este tipo de análisis, centrado en el gasto devengado y no en el pagado, permite aislar variables que distorsionan la comparación, como la posposición de pagos que “sí incide cuando se analiza el gasto pagado y la cuestión de la deuda flotante”. Por eso, concluye el trabajo firmado por Argañaraz, la mirada sobre la Administración Pública Nacional funciona como un primer eslabón: el ajuste final sobre el conjunto del sector público dependerá de cómo respondan las provincias, las universidades y las empresas públicas frente a la caída de los fondos que reciben de la Nación.
