El régimen de Cuba prevé aprobar durante septiembre 17 nuevas legislaciones vinculadas con su programa de liberalización y descentralización económica, un paquete que complementará las 176 reformas anunciadas en junio para intentar reactivar la producción, ampliar el espacio del sector privado y otorgar más atribuciones a los municipios, debido a la grave crisis que vive la isla.
Según informaron medios estatales cubanos, 155 de esas decisiones, equivalentes al 88% del total, ya cuentan con respaldo jurídico. La agenda de septiembre deberá completar normas pendientes para que las reformas puedan aplicarse en áreas consideradas prioritarias por las autoridades, entre ellas el comercio, la agricultura, el turismo y la actividad empresarial.
El primer ministro Manuel Marrero evaluó la puesta en marcha de las medidas ya aprobadas y puso el foco en aquellas destinadas a fortalecer la autonomía municipal, recuperar la producción agropecuaria y modificar las reglas del comercio. El jefe de Gobierno sostuvo que las decisiones forman parte de la estrategia oficial ante la crisis económica que atraviesa la isla.
Marrero afirmó que la dirección del país asigna prioridad a este proceso por su relación con el desarrollo nacional. También advirtió que los resultados dependerán de la capacidad estatal y empresarial para traducir las normas aprobadas en mejoras concretas para la población.
El “éxito” de las reformas, señaló, estará ligado a la aplicación de los cambios y a que sus efectos se reflejen en una “mejoría tangible para la vida”, de acuerdo con el reporte de EFE, agencia española de noticias.
Ampliación del límite de trabajadores y nuevas reglas para empresas privadas
Entre las disposiciones aprobadas durante las últimas semanas figura la autorización para que las empresas privadas puedan superar el límite de 100 trabajadores. La decisión modifica una de las restricciones que regían para las micro, pequeñas y medianas empresas, uno de los sectores que creció en los últimos años dentro de la economía cubana.
El paquete normativo también contempla la contratación directa, la inversión de cubanos residentes en el exterior y el usufructo de tierras por tiempo indeterminado. Estas medidas apuntan a flexibilizar la gestión de recursos, promover la producción y facilitar la participación de actores privados en actividades que durante décadas estuvieron bajo control estatal.
Las autoridades aprobaron además normas para ampliar la apertura en el comercio y el turismo. El alcance concreto no fue detallado, aunque deberán integrarse a la estrategia de reformas económicas iniciada en junio.
Otro de los cambios permite la apertura de cuentas bancarias en moneda extranjera y habilita a empresas privadas a depositar efectivo en divisas. Las firmas también podrán realizar pagos directos al exterior, una posibilidad que busca modificar las condiciones de acceso a proveedores y operaciones internacionales.
La agricultura, entre las prioridades del programa de reformas
Marrero definió las transformaciones destinadas a la agricultura como “uno de los ejes más estratégicos” del programa. En ese sentido, llamó a aumentar la producción en el campo pese a las dificultades materiales y financieras que afectan al país.
La disponibilidad de alimentos figura entre los problemas más visibles para los hogares cubanos, junto con los cortes de electricidad y la escasez de medicamentos. El régimen busca que las nuevas reglas sobre el uso de tierras y la actividad privada ayuden a elevar la oferta local.
El Ministerio de Salud Pública, por su parte, evalúa 36 proyectos para la apertura de farmacias privadas. La iniciativa supondría un cambio en un rubro que el Estado mantuvo centralizado durante décadas y que enfrenta problemas de abastecimiento.
La economía de Cuba acumuló una contracción del 15% entre 2020 y 2025, según los datos citados por EFE. Pronósticos independientes anticipan que la caída podría llegar al 10,3% este año.
El escenario se agravó desde comienzos de 2026 por la política de “máxima presión” de Estados Unidos, que incluye un bloqueo petrolero y sanciones secundarias, según EFE. La isla enfrenta apagones que superan las 20 horas diarias en algunas zonas y una persistente falta de productos básicos.
