El presidente de Colombia Abelardo de la Espriella ratificó la finalización de los procesos de paz que se venían desarrollando entre la administración nacional anterior y los grupos armados ilegales, bajo la política denominada ‘Paz Total’, impulsada por su antecesor Gustavo Petro.
Por medio de nueve resoluciones, el mandatario colombiano cesó los espacios de conversación con tres organizaciones armadas: Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf) de las disidencias de las Farc (dirigida por Alexander Díaz Mendoza alias Calarcá), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn).
Incluso, en su alocución emitida el 30 de agosto de 2026, el jefe de Estado aclaró que su decisión obedeció a que estas estructuras no cuentan con “una voluntad real y verificable de paz, mucho menos de reinserción a la vida civil o de sometimiento serio a la justicia que justifique mantener esas farsas”.
Ante ello, diferentes sectores han expresado su postura al respecto. Mientras que algunos cuestionan la suspensión, otros respaldaron la decisión presidencial, al considerar que podría beneficiar a las poblaciones afectadas por el conflicto armado.
Ese fue el caso de Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, que respaldó el fin de los procesos de paz, argumentando que bajo la política liderada por el gobierno anterior se incrementaron las acciones violentas en el país, especialmente en la región del Catatumbo (Norte de Santander).
“Durante este tiempo que duró la Paz Total, las víctimas del conflicto armado, de una u otra manera, sufrimos el flagelo de la guerra (...) desde la Asociación Nacional de Víctimas estamos de acuerdo con ello”, indicó el vocero en declaraciones a Caracol Radio.
Para el dirigente, la situación de esa región fronteriza resume el fracaso que, a su juicio, tuvieron los acercamientos con los grupos armados ilegales, y agregó que los hechos de violencia registrados en lo corrido del año muestran que no existió disposición real para avanzar hacia la paz.
“No hubo voluntad de paz por parte de los actores en confrontación, es decir, del ELN y las disidencias de las Farc”, afirmó Mayorga al medio citado.
Tras el cierre de las mesas, las víctimas esperan que el gobierno de Colombia adopte medidas para recuperar la seguridad y mejorar las condiciones sociales y económicas del Catatumbo. Ese reclamo aparece como la principal demanda frente al giro que acaba de dar la política oficial de paz.
“Esperamos que con el nuevo gobierno vengan garantías de seguridad y desarrollo para esta región del país”, concluyó el líder social.
Según datos recopilados por la asociación, durante los últimos 19 meses, más de 140.000 personas han salido desplazadas de sus tierras, en medio del aumento de secuestros, desapariciones forzadas, homicidios y ataques con explosivos lanzados desde drones.
Abelardo de la Espriella aclara el fin de la ‘Paz Total’
En su alocución emitida el 30 de agosto, el presidente de la república Abelardo de la Espriella reiteró que su administración no permitirá que las mesas de diálogo sirvan para favorecer la impunidad ni para resguardar a quienes continúan vinculados a actividades criminales.
“No voy a permitir que la palabra paz siga siendo utilizada como excusa para la impunidad, ni que una mesa de diálogo se convierta en refugio para quienes persisten en la violencia y la criminalidad”, dijo el jefe de Estado.
El presidente también fijó la condición para cualquier continuidad en este tipo de procesos: solo seguirán aquellos que produzcan resultados concretos y beneficios recíprocos. En ese mismo mensaje advirtió a las estructuras armadas que mantengan las armas que encontrarán la respuesta del Estado.
“Se acabaron las mesas sin resultados y los beneficios, sin que haya contraprestaciones reales. A quienes persistan en las armas y el crimen, les digo con absoluta claridad, encontrarán enfrente toda la capacidad legítima del Estado”, señaló De la Espriella.
Durante la alocución, el mandatario expuso su idea de seguridad y paz como una obligación del Estado sustentada en el uso legítimo de la fuerza y en la aplicación estricta de la ley. “Mi concepción de la paz es clara, la paz se garantiza y se impone con la fuerza legítima de las armas y las leyes de la República, bajo el imperio de la ley, bajo el Estado de Derecho”, manifestó.
Finalmente, indicó que ha impartido una directriz a la fuerza pública para, en sus palabras, recuperar el control territorial, fortalecer la autoridad estatal y combatir de manera frontal a las estructuras criminales que operan en el país.
La terminación de estas mesas marca un nuevo rumbo en la política de paz del Estado colombiano y constituye uno de los primeros pasos de la administración de De La Espriella para desmontar los mecanismos de negociación que había dejado el gobierno de Gustavo Petro.
