La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio a Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol, por el presunto delito de violación de topes electorales, cuando fue gerente de la campaña Petro Presidente en 2022. El ente acusador concluyó que la contienda habría superado los límites de financiación en primera y segunda vuelta y que parte de los reportes oficiales no reflejaron los gastos reales.
La audiencia quedó fijada para el 30 de octubre de 2026 ante el juez 11 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá. La decisión fue adoptada por la Fiscalía Tercera Especializada dentro de la investigación sobre los reportes financieros de la campaña presidencial de Gustavo Petro.
La acusación se apoya en la revisión de los registros cargados en el aplicativo Cuentas Claras y de la información presentada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). A partir de esa comparación, la Fiscalía sostuvo que hubo gastos no reportados, otros registrados de manera parcial y movimientos contables ubicados en etapas distintas a las que correspondían.
Cabe recordar que en la primera vuelta, realizada en mayo de 2022, el ente acusador señaló que los gastos reales habrían llegado a $29.924.000.000, pese a que el tope permitido era de $28.500.000.000. Según esa cuenta, el exceso en los topes electorales fue de $1.388.000.000.
El fiscal del caso le atribuyó a Roa la conducción de esos desembolsos por su papel como gerente administrativo y financiero de la campaña. En la imputación sostuvo: “Usted, en su condición de gerente administrador financiero de la campaña Petro Presidente, habría dirigido, manejado y autorizado este gasto ejecutado en esta etapa electoral”.
La Fiscalía sostiene que la campaña reportó menos gasto del realmente ejecutado
La tesis central que maneja la Fiscalía es que la campaña reportó cifras inferiores a las erogaciones efectivas. El órgano investigativo determinó que en esa misma etapa se informaron en Cuentas Claras gastos por $28.384.000.000, una suma menor a la que, según la investigación, realmente se había ejecutado.
“Bajo esa condición, la campaña habría ejecutado gastos reales por un valor de 29.924 millones de pesos, suma que superó el límite máximo que era de 28.500 millones de pesos”. Sobre el reporte oficial, añadió: “Para esa misma etapa, la campaña, en su cabeza como gerente, reportó en Cuentas Claras gastos por valores de 28.384 millones de pesos, es decir por debajo de lo que realmente habían gastado”, resumió el fiscalesa diferencia.
La investigación también identificó pagos, servicios y otros hechos económicos que, conforme a la Fiscalía, no fueron informados o solo aparecieron de manera parcial. La cifra atribuida a esos registros omitidos o incompletos asciende a $1.193.000.000.
Esa parte del señalamiento fue expuesta por el fiscal en estos términos: “Tenemos entonces que, en concreto, durante la primera vuelta, y bajo la gerencia suya, se habrían identificado pagos, gastos, servicios y hechos económicos de campaña por 1.193 millones de pesos, que no fueron reportados o reportados parcialmente”.
La acusación incluye registros contables asignados a una vuelta distinta
Además del exceso en topes, la Fiscalía advirtió una presunta manipulación de registros contables entre la primera y la segunda vuelta. Según su reconstrucción, algunos movimientos financieros fueron asentados en una fase electoral diferente de aquella en la que ocurrieron material y cronológicamente.
El fiscal explicó que esa “indebida imputación contable” consistió en cargar a la segunda vuelta gastos que, en realidad, correspondían a la primera. Durante la imputación de cargos realizada en mayode 2026, precisó: “A esos gastos no reportados, señor Ricardo, se suma o se observa una indebida imputación contable entre las vueltas electorales. ¿En qué consiste esto? Consiste en que se registraron gastos en una vuelta distinta de aquella a la que material y cronológicamente correspondían”.
En ese punto, el ente acusador afirmó que, bajo la gerencia de Ricardo Roa Barragán, hubo gastos por $358.586.000.000 que habrían sido registrados como si pertenecieran a la segunda vuelta, aunque correspondían a la primera. La Fiscalía también sostuvo que durante la campaña presuntamente se omitieron eventos, se modificaron fechas y se redujeron gastos reales en los reportes oficiales para alterar la información entregada al CNE.
