Rusia incluyó al periódico independiente Novaya Gazeta, en la lista de agentes extranjeros, en una decisión del Ministerio de Justicia anunciada este viernes que alcanzó a uno de los medios más conocidos del país y amplió otra vez el registro oficial utilizado contra periodistas, académicos y proyectos editoriales críticos.
La resolución incorporó a la edición digital en una actualización fechada el 4 de septiembre de 2026. Según el comunicado oficial, la publicación difundió contenidos que las autoridades consideraron falsos sobre decisiones y políticas de los órganos del poder y sobre el sistema electoral ruso. El ministerio también sostuvo que el medio reprodujo materiales de otros ya incluidos en esa nómina, colaboró con ellos y se manifestó contra la llamada “operación militar especial” en Ucrania.
En la misma resolución, el Ministerio de Justicia agregó al científico y presentador Serguéi Leibgrad, al editor Félix Sandalov, a la matemática y bióloga computacional Tatiana Tatarinova y a la revista Historical Expertise. En todos los casos, las autoridades atribuyeron conductas semejantes: difusión pública de materiales vinculados con personas registradas, circulación de contenidos objetados por el Estado y contactos con organizaciones o individuos alcanzados por sanciones previas.
La categoría de agente extranjero en Rusia impone obligaciones de identificación pública, controles administrativos y una señal política que complica la actividad de quienes quedan bajo esa figura. En los últimos años, el mecanismo fue aplicado con frecuencia sobre medios, periodistas, investigadores y referentes culturales que cuestionaron decisiones del poder o rechazaron la guerra en Ucrania.
La inclusión de Novaya Gazeta se produjo cuatro años después de que el medio perdiera su licencia. De acuerdo con la posición oficial, la cabecera continuó vulnerando la legislación vigente aun después de esa medida por la publicación de contenidos referidos a instituciones del Estado.
El diario suspendió sus actividades en marzo de 2022, después de recibir advertencias formales de las autoridades. Más tarde, parte de la redacción puso en marcha un nuevo proyecto en Europa para continuar con su trabajo fuera del país.
En 2023, las autoridades rusas declararon indeseables dentro del territorio nacional las actividades de Novaya Gazeta Europe. Ese mismo año, las autoridades también incluyeron al periodista Dmitri Murátov en la lista de agentes extranjeros. Director histórico del medio y Premio Nobel de la Paz en 2021, fue una de las figuras más visibles del periodismo ruso en las últimas décadas.
Tras esa decisión, Serguéi Sokolov asumió la conducción del periódico. Desde entonces, la trayectoria reciente del diario quedó marcada por cierres, reubicaciones parciales de su estructura editorial y nuevas medidas estatales sobre proyectos vinculados con su equipo.
Después del anuncio, Novaya Gazeta difundió un comunicado en el que fijó su posición. “No tenemos comentarios. Tenemos una postura. Es simple”, señaló el periódico.
En el mismo texto, afirmó que seguirá respetando la Constitución rusa y ratificó su defensa de “un alto el fuego rápido y conversaciones de paz”. También sostuvo que “los derechos humanos y las libertades son la prioridad absoluta y no el Estado”.
En la información oficial difundida este viernes, el Ministerio de Justicia detalló además acusaciones específicas contra los demás incorporados en la actualización. Sobre Leibgrad, Sandalov y Tatarinova, mencionó residencia fuera de la Federación Rusa, contacto con personas ya registradas y participación en la circulación de materiales asociados con otras estructuras sancionadas.
En el caso del editor Félix Sandalov, el ministerio indicó además que participó en la creación y difusión pública de contenidos producidos por otros señalados y que era cofundador y director de una organización incluida en la lista de entidades indeseables. Sobre Tatarinova, agregó que mantenía contacto con organizaciones alcanzadas por ese régimen.
Respecto de Historical Expertise, las autoridades señalaron que la revista participó en la difusión pública de materiales de personas registradas y de organizaciones declaradas indeseables, publicó contenidos sobre decisiones de las autoridades rusas y se opuso a la ofensiva militar en Ucrania. El ministerio añadió que su redactor jefe y su subdirector ya figuraban bajo la misma categoría y que la publicación se gestionaba fuera del país.
(Con información de EFE y Europa Press)
