Buenos Aires, 25 septiembre (NA) – Una joven que se presentaba como traductora de inglés y decía trabajar con mineras en la provincia de San Juan se sentó en el banquillo de los acusados por el delito de usurpación de títulos en calidad de autora, luego que se descubrió el engaño que mantuvo durante años. La protagonista de este caso es María Valentina Rampulla, quien en sus redes sociales se presentaba como profesora bilingüe y que trabajaba en el área de minería, engañando así a empresas y otros sectores profesionales. Rampulla mantuvo firme su fraude durante mucho tiempo y en su cuenta de Linkedin decía haber estudiado en la Universidad de San Juan y que tenía experiencias en ferias mineras y espacios de vinculación internacional en materia minera: “Cuento con gestión y dirección de proyectos educativos propios, como mi Instituto de Inglés VYF.English donde logro relacionarme con personas de todo el mundo”. “Me destaco por mi capacidad de ser proactiva, adaptación cultural, comunicación efectiva, buena predisposición y resolución de situaciones en tiempo real”, mencionaba en redes. Aun así, su engaño se derrumbó a mediados de junio de este año a partir de la presentación que hizo la secretaria de la comisión directiva del Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes provincial, que detectó que la joven no tenía habilitación ni contaba con la matrícula obligatoria provincial, destacó el medio Tiempo San Juan al que accedió la Agencia Noticias Argentinas. La denuncia fue realizada ante la UFI Genérica y la causa recayó en manos de la fiscal Daniela Pringles y el ayudante fiscal Rodrigo Herrera, quienes comenzaron con la investigación pertinente. En pocos meses, la causa tuvo novedades luego que la defensa de Rampulla, Franco Montes, optó por evitar el juicio oral mediante un acuerdo, medida que fue homologada por la jueza Carolina Parra. De este modo, se informó que deberá realizar 24 horas de tareas comunitarias distribuidas en un plazo de tres meses en la municipalidad de Santa Lucía. A su vez, tendrá que abonar una reparación de $200.000 para la Cruz Roja y prohibición absoluta de contacto con los miembros del Colegio de Traductores de la provincia. Agencia NA