El 1 de septiembre de 2026, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Jaime Arizabaleta, radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley para sancionar con cárcel a manifestantes que usen capuchas para ocultar su identidad y participen en actos vandálicos, una iniciativa presentada junto a otros congresistas de la colectividad.
La propuesta plantea que quien “cometa acto vandálico aprovechándose del ocultamiento de su identidad” durante una manifestación, reunión, movilización o concentración pública reciba una pena de prisión de 54 a 96 meses y una multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Según el texto, la condena aumentará en dos terceras partes si se emplean artefactos o elementos peligrosos de fabricación artesanal, explosivos, sustancias corrosivas u otros medios con capacidad de causar daño a personas o a bienes públicos y privados.
El articulado también contempla sanciones para quien, por medios ilícitos, incite, dirija, constriña o proporcione recursos para obstaculizar de manera temporal o permanente vías de infraestructura o transporte que afecten la humanidad, la salud pública o la seguridad alimentaria: prisión entre 54 y 96 meses y la pérdida de inhabilidad de derechos y de funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión.
En rueda de prensa, el congresista Julio César Triana defendió que el proyecto de ley busca endurecer las penas contra quienes cometan hechos violentos durante protestas con el rostro cubierto y planteó que la condena sea “no excarcelable”, argumentando que el sistema actual permite que los detenidos recuperen la libertad con rapidez.
El coautor explicó que la iniciativa “tiene un espíritu esencial distribuido en dos modificaciones de nuestro ordenamiento penal”. Según detalló, la primera apunta a “crear un tipo penal en Colombia” para que “el ocultamiento de la identidad, cuando ese ocultamiento es utilizado para actos vandálicos”, tenga consecuencias penales más severas.
Además, sostuvo que el proyecto incorpora definiciones para facilitar su aplicación. “Da unas definiciones que le van a permitir al intérprete o al operador jurídico hacer más viable la aplicación de la norma”, afirmó, al justificar el alcance del articulado.
El segundo eje, según el congresista, se enfoca en los bloqueos. Triana argumentó que, aunque el legislador ya los tipificó, “dejó que fuera de dos a cuatro años”, lo que, en su opinión, ha derivado en que algunos casos terminen con libertad inmediata.
En ese punto, señaló que durante los bloqueos se pueden producir afectaciones graves. Dijo que en esas situaciones “se terminaba afectando la prestación de servicios públicos” y “se terminaba afectando la vida misma de los ciudadanos”.
Triana cuestionó la respuesta judicial vigente para ese tipo de conductas y aseguró que actualmente “terminaban con excarcelación. Una sola audiencia y se fueron”. A su juicio, la propuesta introduce un cambio central: “Extendemos ya de cuatro a ocho años y, por tanto, este delito no volverá a ser excarcelable”.
Congresista del Centro Democrático denunció haber sido perfilado y amenazado por el ELN por promover la ley ‘anticapuchas’ en la Cámara
El representante a la Cámara, Jaime Arizabaleta, denunció que fue amenazado y perfilado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) por impulsar en el Congreso un proyecto de ley “anticapuchas”. En entrevista con Infobae Colombia, Arizabaleta relató que la primera alerta surgió cuando fue informado de un panfleto difundido en la Universidad de Antioquia en el que aparecía su nombre como promotor de la ley. En un primer momento, no presentó una denuncia formal porque la información le llegó a través de un tercero.
“La persona que lo expuso me dijo: ‘Jaime, ¿te puedo hacer una llamada?’. Yo le dije: ‘Sí’. Me llamó y me dijo: ‘Ve, eso es una agrupación clandestina de la Universidad de Antioquia que se denomina FUR, y eso es del ELN’. Pero yo no hice ninguna denuncia”, contó al medio.
“Más que un perfilamiento, yo considero que es una amenaza, porque si se leen las últimas líneas de esa columna, hablan de tomar acciones y, pues, digamos que es una organización que se dedica a matar”, dijo Arizabaleta. Explicó además que llevó el tema a la corporación porque el calendario legislativo entra en una etapa decisiva para su propuesta.
