La audiencia inicial del caso Axe Ceremonia, programada para este 2 de septiembre de 2026, volvió a aplazarse en la Ciudad de México. La familia de la fotoperiodista Berenice Giles, fallecida durante el festival de abril de 2025, informó al juez de control que llegó a un acuerdo reparatorio con dos de las empresas señaladas por su muerte.
La sesión, en la que el Ministerio Público formularía imputación por homicidio culposo contra varias compañías, no pudo celebrarse porque una de las personas imputadas pidió asistencia consular de Francia.
Aplazamiento de la audiencia inicial
La audiencia buscaba avanzar en el proceso penal por la muerte de Giles y del fotoperiodista Miguel Ángel Rojas Hernández, ocurrida el 5 de abril de 2025 en el Parque Bicentenario. Ambos fotoperiodistas murieron por el colapso de una grúa instalada de forma ilegal en el recinto. El peso de la estructura que cayó sobre ellos fue de aproximadamente 250 kilogramos.
La sesión fue diferida después de que una de las imputadas solicitó la intervención del consulado francés para ser asistida durante el proceso, pese a contar también con nacionalidad mexicana. El Poder Judicial capitalino deberá enviar un oficio al consulado para que designe a un representante que la acompañe.
La defensa de la familia Rojas Hernández calificó el pedido de táctica dilatoria y advirtió que el proceso lleva más de un año sin avanzar. La próxima fecha quedó fijada para el 14 de octubre.
Para los abogados de la familia Rojas Hernández, resulta llamativo que esta solicitud no se hubiera hecho antes, pese a que existieron tres intentos previos de realizar la audiencia desde septiembre de 2025.
Acuerdo reparatorio con la familia Giles
La representación legal de la familia de la periodista Berenice Giles informó al juez de control que alcanzó un acuerdo reparatorio con Grupo ECO Live y O.N. Producciones Creativas, empresas vinculadas con la organización y producción del festival.
El pacto contempla la reparación del daño y el otorgamiento del perdón legal por parte de la familia respecto de esas dos compañías. Esto implica que el proceso penal por la muerte de Giles concluirá en lo relativo a esas empresas, según explicó el abogado Edwin Alan Piñón.
El acuerdo, sin embargo, no incluye a Operadora Eclectic, que permanece dentro de la controversia judicial. Los pactos alcanzados corresponden solo a algunas de las empresas involucradas en el caso.
Piñón señaló además que los corporativos también se han acercado a la familia de Rojas Hernández para ofrecer un acuerdo reparatorio similar, aunque consideró importante que las empresas sean formalmente imputadas ante un juez.
Familia Rojas Hernández rechaza pactar
A diferencia de la familia Giles, los representantes de Rojas Hernández decidieron no aceptar acuerdos reparatorios y exigen que el proceso penal continúe hasta sus últimas instancias.
Piñón calificó la solicitud de asistencia consular como una maniobra para retrasar el caso. “Para nosotros era una táctica dilatoria, porque en tres intentos previos de la audiencia inicial nunca lo había solicitado”, declaró el abogado.
El jurista subrayó el valor simbólico de la fecha, ya que, “para la familia de Miguel Ángel Rojas Hernández era un día muy importante, hemos venido documentando estos retrasos injustificados durante más de un año”, afirmó, y pidió a la fiscal general de Justicia capitalina, Bertha Alcalde, atender las tácticas empleadas por las defensas.
Piñón anticipó que los diferimientos continuarán en las próximas audiencias. “Esto no va a parar, van a seguir haciendo estas tácticas, tenemos fecha para el 14 de octubre y en la próxima audiencia va a pasar algo similar”, advirtió el abogado, quien añadió que las dilaciones ya fueron denunciadas ante la Fiscalía capitalina.
Empresas y personas imputadas en el caso
El Ministerio Público de la Fiscalía capitalina otorgó la calidad de imputadas a tres empresas vinculadas con la organización del festival: Operadora Eclectic, administradora del Parque Bicentenario; La Agencia de los Socios, organizadora del evento; y O.N. Producciones Creativas, responsable de la producción y ambientación.
A ellas se suman ocho personas físicas imputadas. Siete están relacionadas con dichas compañías, entre accionistas, apoderados legales, administradores y operadores. La octava es la encargada de Protección Civil del evento, identificada como María del Pilar “N”.
Piñón destacó que se trata de la primera vez que industrias del entretenimiento son llevadas ante un proceso penal por negligencias, omisiones e incumplimiento del reglamento de Protección Civil.
Antecedentes del proceso judicial
El caso acumula meses de retrasos desde el primer intento de celebrar la audiencia inicial, el 19 de septiembre de 2025. La defensa de la familia Giles promovió amparos para que Operadora de Centros de Espectáculos S.A. de C.V. (OCESA) y Seguridad Privada LOBO pasaran de testigos a investigadas.
En febrero de 2026, una jueza destrabó el caso y ordenó imputar formalmente a las empresas y personas físicas señaladas.
Tras el fallecimiento de Giles, el representante legal de su familia, Gerardo Guzmán, había acusado a los organizadores del festival, a Protección Civil y al medio Mr. Indie, plataforma para la que colaboraban ambos fotoperiodistas, de estar involucrados en los hechos que derivaron en la carpeta de investigación.
