La Fundación Producir Conservando puso el foco en el estado de las rutas nacionales y los caminos rurales, y advirtió que el deterioro de la infraestructura vial argentina dejó de ser un problema de mantenimiento para convertirse en un obstáculo para la producción, la logística y el desarrollo del interior.
El diagnóstico, elaborado a partir de información de FEPEVINA y la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), plantea la necesidad de pasar de las reparaciones de emergencia a un programa de reconstrucción y mantenimiento de largo plazo. En otras palabras: sin rutas, no hay cosecha récord.
El documento señala que entre el 65% y el 70% de los aproximadamente 37.800 kilómetros de la Red Vial Nacional se encontrarían en condiciones regulares o deficientes. La situación es atribuida fundamentalmente a la falta de mantenimiento sostenido y a la paralización de obras, y afecta a corredores por los que circulan granos, insumos, mercaderías y vehículos vinculados con distintas actividades productivas.
La provincia de Buenos Aires aparece particularmente comprometida. Según los datos citados por la Fundación, solamente el 36,8% de las rutas nacionales que atraviesan el territorio bonaerense se encontraría en estado adecuado, mientras que el 11,5% estaría en estado regular y el 51,7% en mal estado. El deterioro adquiere una dimensión particular en una provincia que concentra una parte importante de la producción agropecuaria, el tránsito de cargas y los corredores de conexión con los puertos.
El informe menciona situaciones críticas en las rutas nacionales 33, 151, 7, 5, 3, 34, 66, 121, 119, 120 y A015. Son trazas que atraviesan regiones agrícolas y ganaderas, conectan con Vaca Muerta, la minería, la actividad forestal y el turismo, o forman parte de los corredores de comercio internacional.
En varios de esos corredores, el simple bacheo ya no resultaría suficiente. La Fundación plantea que el nivel de deterioro exige reconstrucciones estructurales, una tarea que demanda inversiones y planificación, además de la conservación periódica de las calzadas.
“El deterioro de rutas y caminos rurales ya no puede entenderse solamente como un problema de mantenimiento. Su impacto alcanza a la producción, la logística, la competitividad, la seguridad vial y el desarrollo del interior del país. El diagnóstico plantea una necesidad concreta: pasar de las respuestas de emergencia a una estrategia de infraestructura de largo plazo” planteó la fundación.
La combinación de tránsito intenso y una elevada participación de vehículos pesados agrava el problema. El documento cita, por ejemplo, un tránsito proyectado de 10.749 vehículos diarios en la Ruta Nacional 5, con una participación del 30,2% de camiones y otros vehículos pesados. En sectores de la Ruta Nacional 3, en tanto, se menciona una proporción de vehículos pesados del 57,4%.
El movimiento de cargas hacia Vaca Muerta suma presión sobre algunos de estos corredores. La Fundación destaca el fenomenal tránsito de camiones que transportan arena desde Entre Ríos hacia la formación neuquina, una circulación que comparte las rutas con el movimiento granario, el transporte general y el turismo hacia el sur del país. Ese flujo contribuye a acelerar el desgaste de las trazas y aumenta la necesidad de obras de mantenimiento y refuerzo.
Pero el problema no se limita a la red nacional. El informe advierte que los caminos rurales constituyen un problema todavía mayor y menos visible. Se estima que existen más de 500.000 kilómetros de caminos rurales en la Argentina, de los cuales unos 260.000 se encuentran en la Pampa Húmeda.
Para el sector agropecuario, esas trazas son la primera conexión entre los establecimientos y las rutas pavimentadas, los acopios, las plantas industriales y los puertos. Su estado condiciona la salida de la producción, pero también el acceso de las familias rurales a las escuelas, los centros de salud, los servicios de seguridad y las comunicaciones. Cuando los caminos quedan intransitables, la dificultad alcanza a toda la vida cotidiana de los pueblos y parajes.
Los datos de encuestas recientes realizadas por la UADE dimensionan ese impacto. El 79% de los consultados considera que los caminos rurales están en malas o muy malas condiciones, mientras que el 75% sostiene que no son transitables durante todo el año. A su vez, el 68% afirma haber sufrido pérdidas económicas y el 59% estima que el mal estado de las trazas incrementa sus costos logísticos en más de un 10%.
La Fundación también rescata un dato que puede abrir una discusión sobre la gestión de la red rural. Siete de cada diez productores estarían dispuestos a colaborar con municipios y provincias para mejorar la asignación de recursos, el mantenimiento y la administración de los caminos.
La posibilidad de establecer esquemas de cooperación entre el sector privado y los gobiernos locales aparece así como una alternativa para mejorar el uso de los recursos disponibles y definir responsabilidades compartidas. El desafío, en ese caso, sería establecer objetivos concretos, mecanismos de control y criterios de prioridad que permitan sostener las obras más allá de las emergencias.
El deterioro vial tiene consecuencias directas sobre los costos de producción y exportación. Las dificultades para circular incrementan los tiempos de traslado, el desgaste y el mantenimiento de los vehículos, y pueden provocar pérdidas de mercadería. En una economía que depende fuertemente del transporte terrestre, cada interrupción o demora en el camino termina trasladándose a los costos de las empresas y a la competitividad de las cadenas productivas.
La Fundación Producir Conservando sostiene que la infraestructura vial debe ser considerada una inversión estratégica para el desarrollo productivo, capaz de promover nuevas inversiones y empleos en el interior del país. El argumento es que la mejora de las rutas y los caminos rurales no solamente reduce los costos actuales, sino que también genera condiciones para que la producción pueda crecer y se sostenga el arraigo de la población.
El diagnóstico plantea una necesidad de cambio en la política vial. En los corredores más deteriorados, el organismo propone avanzar hacia un programa que combine reconstrucción, mantenimiento preventivo y priorización de obras según la importancia productiva y logística de cada trazado. En los caminos rurales, en tanto, identifica una oportunidad para desarrollar modelos de gestión público-privada entre municipios, provincias y productores, con recursos y responsabilidades claramente definidos.
