El conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario sumó un nuevo capítulo clave este viernes. En medio de la creciente tensión entre el Consejo Interuniversitario Nacional y Casa Rosada, se conoció que el Gobierno apelará la resolución judicial que le dio un plazo de cinco días para cumplir de manera total con la cautelar. La presentación será ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. La decisión del gobierno libertario apunta de lleno contra la intimación dictada por el juez Martín Cormick, que sostiene que "no existe cumplimiento total" de la cautelar. Además, la presentación judicial advertía que se aplicarían multas por cada día de demora, en el caso de que el Ejecutivo no cumpliera dentro del plazo establecido. La apelación no reabre la discusión sobre la cautelar original del 2025 que ya había quedado firme. Allí, el juez Cormick ordenó aplicar de manera inmediata los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, vinculados con la recomposición de los salarios docentes y no docentes y con la actualización de los programas de becas estudiantiles. Desde Casa Rosada analizan si pedirán que la apelación tenga efecto suspensivo, por lo que se abriría una nueva discusión sobre si la intimación continúa produciendo efectos mientras interviene la Cámara. De esta forma, el nuevo fallo avanzó un paso más sobre la ejecución de la cautelar. Cormick intimó al Ejecutivo a cumplirla completamente dentro de cinco días, y en el caso contrario, podrá imponer sanciones económicas por cada día de demora. El CIN proyecta un presupuesto de necesidades cercanas a $11 billones, mientras que el texto del Gobierno enviado al Congreso contempla solo $7,3 billones para financiamiento, inversión y programas especiales de las universidades.