Durante cuatro días, una adolescente apareció detrás de una ventana mientras, en la calle, decenas de policías, periodistas y vecinos seguían cada movimiento desde el exterior. En algunas de las imágenes que quedaron de aquellos días se ve a Eloá Cristina Pimentel llorando, asomada al departamento donde estaba encerrada.
Tenía 15 años y llevaba horas retenida por su exnovio, que había irrumpido armado en su casa. Nadie sabía cómo iba a terminar el episodio que había comenzado en Santo André, en el estado brasileño de San Pablo.
Lo que siguió fue un extenso operativo policial, negociaciones televisadas y una toma de rehenes que duró más de 100 horas. El 17 de octubre de 2008, la Policía ingresó al departamento y Lindemberg Alves Fernandes, el secuestrador, disparó contra Eloá y su amiga Nayara Rodrigues da Silva. El desenlace fue fatal.
El secuestro que duró más de 100 horas
Eloá Cristina Pimentel había nacido en Maceió, tenía 15 años y vivía con su familia en Santo André. Era estudiante y llevaba alrededor de tres años en pareja con Lindemberg Alves Fernandes, quien tenía 22 al momento del secuestro.
La relación había comenzado cuando Eloá tenía 12 años y Lindemberg, 19. De acuerdo con testimonios que surgieron durante la investigación y el juicio, el vínculo había atravesado reiteradas discusiones, separaciones y reconciliaciones. La pareja llevaba aproximadamente un mes separada cuando ocurrió el crimen.
En los días previos al secuestro, Lindemberg había intentado retomar la relación, pero Eloá no quería volver con él.
El 13 de octubre de 2008, el joven fue hasta el departamento donde vivía la adolescente y llevó un arma. Ella estaba allí junto a su amiga Nayara y otros dos compañeros de escuela, con quienes realizaba un trabajo.
Poco después de la toma de rehenes, la policía llegó al lugar y comenzó una negociación con Lindemberg. Los dos varones que estaban en el departamento fueron liberados ese mismo día. Eloá y Nayara, en cambio, permanecieron encerradas.
Durante las siguientes horas, el caso adquirió una enorme repercusión en Brasil. Las cámaras de televisión permanecieron frente al edificio mientras los negociadores intentaban conseguir la liberación de las jóvenes.
Lindemberg hablaba con los policías y, en distintos momentos, amenazaba con matar a Eloá y luego suicidarse. Durante el juicio, un integrante del Grupo de Acciones Tácticas Especiales (GATE) declaró que había advertido episodios de violencia contra la adolescente durante las negociaciones.
Después de aproximadamente 59 horas, Lindemberg liberó a Nayara. Sin embargo, un día después ocurrió uno de los momentos más cuestionados de todo el operativo: la adolescente volvió al departamento para colaborar con las negociaciones, a pedido de la policía y luego de que Lindemberg exigiera su presencia.
Una vez dentro, el secuestrador volvió a retenerla y la situación se prolongó hasta el día siguiente. Para entonces, Eloá llevaba más de cuatro días encerrada y el caso se había convertido en uno de los secuestros más extensos registrados en el estado de San Pablo.
El ingreso de la policía y el asesinato de Eloá
La tarde del 17 de octubre, después de más de 100 horas de negociaciones, efectivos del GATE decidieron ingresar al departamento por la fuerza.
La versión policial sostuvo que los agentes escucharon un disparo proveniente del interior de la casa y que esa fue la razón para avanzar con el operativo. La puerta fue volada y los policías irrumpieron en el departamento. En medio de la intervención se produjeron los disparos.
Eloá recibió dos tiros durante el ingreso de los efectivos. Uno de los impactos fue en la cabeza y el otro en la ingle. La adolescente fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal de Santo André, donde permaneció internada en estado crítico. Al día siguiente, los médicos confirmaron la muerte cerebral. Ante ese diagnóstico, su familia tomó la decisión de donar sus órganos.
Nayara también resultó herida durante el operativo, pero logró sobrevivir. La joven fue alcanzada por un disparo y trasladada a un centro médico, donde recibió atención por las lesiones. Con el tiempo, se convirtió además en una de las principales testigos del caso y aportó su relato sobre las horas que había pasado cautiva junto a Eloá.
Por su parte, Lindemberg fue detenido dentro del departamento después de que los agentes lograran ingresar al lugar. El joven, que había mantenido a las adolescentes encerradas durante más de cuatro días, fue retirado del edificio por la policía y quedó a disposición de la Justicia.
La investigación y la condena
El operativo quedó bajo cuestionamiento desde el comienzo. Uno de los principales puntos de discusión fue el regreso de Nayara al lugar después de haber sido liberada.
Años después, la Justicia condenó al Estado de San Pablo a indemnizarla por los daños sufridos, al considerar que existió responsabilidad estatal vinculada con la decisión de hacerla volver al cautiverio.
También hubo versiones contrapuestas sobre el momento exacto en que se produjo el disparo que habría desencadenado la intervención policial. La policía sostuvo que había escuchado un tiro antes de ingresar, mientras que el testimonio de Nayara contradijo esa versión.
Sin embargo, la Policía Civil concluyó rápidamente la investigación y acusó a Lindemberg por homicidio doloso calificado, dos intentos de homicidio, disparos de arma de fuego y otros delitos.
El juicio comenzó en febrero de 2012, más de tres años después del crimen. Durante las cuatro jornadas declararon 13 testigos, entre ellos los amigos de Eloá que habían estado en el departamento, sus hermanos, Nayara y policías que habían participado de las negociaciones y del ingreso a la propiedad.
Lindemberg también declaró y reconoció haber disparado contra Eloá durante la irrupción policial, aunque sostuvo que no tuvo intención de matarla. Dijo que creyó que la adolescente intentaría quitarle el arma y que disparó de manera impulsiva. También negó haber querido matar a Nayara.
Los jurados no aceptaron esa versión y lo encontraron culpable por el homicidio de Eloá, el intento de homicidio de Nayara y del policía Atos Valeriano, además de los delitos de privación ilegítima de la libertad y disparos de arma de fuego, entre otros.
El 16 de febrero de 2012, la jueza Milena Dias dictó la sentencia: 98 años y 10 meses de prisión, en régimen inicial cerrado. Sin embargo, al año siguiente, el Tribunal de Justicia de San Pablo redujo la pena a 39 años y tres meses tras analizar el recurso presentado por su defensa.
En 2021, Lindemberg obtuvo la progresión al régimen semiabierto, donde permanece actualmente en la Penitenciaría II de Tremembé.
