Este jueves se tratará finalmente en el Senado el proyecto de biocombustibles –luego de que una semana atrás la cuestión relativa al biodiésel volviese a “tumbarlo”– y existen altas probabilidades de que sea aprobado por amplia mayoría.
Luego de que legisladores santafesinos solicitaran que se conceda una mayor participación a las empresas no integradas –las que compran aceite de soja para elaborar biodiésel– se aceptó elevar al 4,0% el cupo asignado a esos participantes a partir del 1 de enero de 2036, de manera tal que la proporción para las empresas integradas (industrias aceiteras) quedaría en un 6,0%.
Sin embargo, no fue el único cambio negociado. El dictamen especificaba que la participación por grupo económico no puede exceder el 10% del total del biodiésel comercializado en el cupo asignado a los integrados
Ahora se incluyó un párrafo que indica que se entiende por grupo económico aquel que haya ejercido “control o influencia significativa” al 31 de diciembre de 2025, lo que inhabilita la posibilidad de instrumentar “ingenierías” societarias con el propósito de sortear la barrera del 10%.
Esa incorporación afecta al grupo Bahía Energía, integrado por Juan Carlos Bojanich y sus tres hijos, quienes controlan las empresas elaboradoras de biodiésel Biobahía SA, Bio Ramallo SA, Biobin SA, Biocorbas SA, Refinabio SA y Biobal Energy SA.
El otro grupo afectado es Essential Energy Holding, perteneciente a las familias Pucciariello y Bolzán, que gestionan las firmas Bio Nogoyá SA, Héctor A. Bolzán y Cía SRL, Establecimiento El Albardón SA y Rosario Bioenergy SA.
Si se considera el cupo de biodiésel distribuido en julio de 2026 (último dato oficial disponible), el Bahía Energía acaparó el 28,0% del mismo, mientras que Essential Energy Holding concentró el 15,3%.
Por lo tanto, una restricción efectiva del 10% a ambos conglomerados permitiría al resto de las empresas seguir manteniendo una participación privilegiada en el negocio, incluso con un cupo nominal decreciente.
En definitiva: si bien dos grandes grupos saldrían perjudicados, otras quince empresas localizadas en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa y San Luis resultarían beneficiadas.
A pesar de que en varias oportunidades los conflictos presentes en el sector del biodiésel estuvieron a punto de promover un proyecto exclusivo para el bioetanol, el oficialismo hizo lo posible para no dejar afuera al sector elaborador del biocombustibles que en el país se elabora en un 100% con aceite de soja y forma parte de esa cadena de valor.
Las razones detrás de esa insistencia no son un misterio: con Rusia “fuera de juego” y EE.UU. amagando con restringir las exportaciones de gasoil, los precios de ese combustible están subiendo a niveles récord y se corre el riesgo de desabastecimiento en el mercado global, lo que representa una oportunidad estratégica para aquellas naciones que fabrican biodiésel con materia prima local.
