Comunidades indígenas y afromexicanas de Michoacán inician una movilización con bloqueos en autopistas, carreteras y la planta de Los Azufres para demandar al Gobierno federal atención a la crisis de salud y contaminación que atribuyen a la operación de la instalación de la CFE.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), integrado por 80 pueblos p’urhépecha, otomí o hñahñú, matlazinca o pirinda, nahuatl y afromexicanos, señala que la protesta busca defender lagos, ríos y territorios. También reclama paz, seguridad y justicia para las comunidades originarias.
La organización sostiene que las autoridades federales y estatales no han cumplido los acuerdos alcanzados con los pueblos. La jornada ocurre este martes 1 de septiembre de 2026, durante el segundo Informe de Gobierno de la Presidencia de la República, según el comunicado difundido por el CSIM.
Los bloqueos alcanzan cuatro vías y las instalaciones de Los Azufres
Las acciones incluyen la autopista Morelia-Guadalajara, a la altura de la caseta de Panindícuaro; la autopista Morelia-Uruapan, en la caseta de Zirahuén; y la vía Uruapan-Lázaro Cárdenas, en la caseta de Taretan.
También se reporta presencia en la carretera federal Lázaro Cárdenas-Colima, cerca de la comunidad afromexicana de El Ticuiz, además de las instalaciones de la geotermoeléctrica Los Azufres. El movimiento afirma que las tomas se realizan de forma pacífica.
El CSIM ofrece disculpas a la población michoacana por las afectaciones que puedan derivarse de los cierres. Aun así, argumenta que la falta de respuestas oficiales deja a los habitantes sin otra vía para exigir el respeto a sus derechos colectivos.
La agrupación coloca entre sus exigencias el freno a la crisis sanitaria y ambiental que, de acuerdo con su postura, afecta a pueblos del oriente de Michoacán por la contaminación de la planta geotermoeéctrica.
El pasado 23 de agosto, las comunidades habían anunciado movilizaciones en la zona de Los Azufres. En ese momento acusaron falta de atención institucional ante daños a la salud y al entorno que vinculan con el funcionamiento de la instalación operada por la CFE.
El consejo indígena pide la renuncia de la directora general de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Alor. La demanda se basa en lo que califica como indolencia e incapacidad de la funcionaria para atender las denuncias planteadas desde las localidades cercanas.
El pliego pide proteger Zirahuén y atender demandas de seguridad
Otro de los reclamos es crear un Comité interinstitucional para salvaguardar el lago de Zirahuén. El CSIM advierte que, sin medidas para protegerlo, el cuerpo de agua estaría en riesgo de desaparecer en 20 años.
Las comunidades también exigen la libertad de María Cruz Paz Zamora, a quien presentan como guardiana de los bosques. El comunicado cuestiona la criminalización de defensoras ambientales y afirma que en Michoacán la defensa forestal puede costar la libertad o la vida.
El pliego rechaza la consulta que se ha realizado en torno a la ley general de derechos de los pueblos indígenas. La organización demanda procesos bajo estándares internacionales y sostiene que las asambleas generales, no sólo las autoridades, deben participar en las decisiones sobre sus territorios.
Para el CSIM, la iniciativa en discusión sería discriminatoria, impondría trámites a la autodeterminación y representaría un retroceso en la defensa territorial. Por ello, pide consultas apropiadas con cada comunidad y respeto a sus formas de organización.
La movilización también exige juicio político contra el presidente municipal de Coahuayana, Andrés Rafael Aguilar Mendoza. El consejo lo acusa de crear grupos de choque en El Ticuiz y de actuar contra las autonomías de los pueblos afromexicanos.
En materia de seguridad, los pueblos expresan inconformidad por la impunidad y la violencia en el estado. El comunicado sostiene que el Plan Michoacán no ha respondido a las necesidades de las comunidades y reclama que el Gobierno federal escuche sus planteamientos.
¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre los pueblos indígenas en su Segundo Informe de Gobierno?
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, se refirió a los pueblos indígenas durante su Segundo Informe de Gobierno, y destacó que en su mandato ha “iniciado una nueva etapa” con la modificación del Artículo II de la Constitución para reconocer a esta población como sujetos de derecho público. Sheinbaum sostuvo que las comunidades deben definir el uso de los fondos públicos mediante sus propios acuerdos. Las decisiones se toman en asamblea, sin intermediarios en la asignación de los recursos.
Su administración restituyó 13,000 hectáreas de tierras comunales. Las devoluciones alcanzan a los pueblos rarámuri, yaqui, seri, wixárika, o’dam y otomí. Esta reincorporación de tierras forma parte de los compromisos dirigidos a comunidades que mantienen reclamaciones territoriales.
