El ex jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, tiene tiempo hasta este miércoles para presentar la justificación patrimonial que le cursó el fiscal que lo investiga por enriquecimiento ilícito, Gerardo Pollicita. Ese día concluye la prórroga de 15 días que le otorgó a fines de agosto el juez Ariel Lijo.
El fiscal firmó el requerimiento tras recibir un informe técnico de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). El dictamen, que consta de 207 fojas, se basó en el cruce de datos de las declaraciones juradas del exministro coordinador con informes de registros de la propiedad, entidades bancarias, plataformas de criptomonedas y registros migratorios.
A partir de ese análisis, la fiscalía detectó una serie de inconsistencias financieras que el exfuncionario debe aclarar. En moneda nacional, los investigadores determinaron que el grupo familiar de Adorni, desde diciembre de 2023, tuvo ingresos por un total de $229.752.283,20, cifra que contempla los 35 sueldos que cobró como funcionario del Estado y los ingresos de su esposa, Bettina Angeletti. Sin embargo, los gastos registrados en pesos por consumos de tarjetas de crédito, expensas, servicios, impuestos, seguros de autos, viajes y electrodomésticos ascendieron a $272.820.832,20.
Esta diferencia arrojó un saldo negativo de $43.068.549 sin justificación aparente.
Por otra parte, la justicia identificó erogaciones en moneda extranjera por un monto de USD 402.578,12 que tampoco coinciden con los recursos lícitos declarados. Estos fondos en dólares se destinaron a la compra y remodelación de propiedades, adquisición de mobiliario, alquileres temporarios y traslados al exterior.
El requerimiento fiscal intimó a Adorni a responder 20 puntos específicos sobre su evolución patrimonial desde que asumió su primer cargo en la gestión de Javier Milei y el 27 de junio de 2026, fecha en la que presentó su renuncia.
Entre los puntos más destacados, el ex jefe de Gabinete deberá explicar el origen de los dólares en efectivo que declaró bajo el concepto de “venta de activos”, cuando corrigió sus declaraciones juradas.
En sus expresiones públicas, Adorni manifestó que poseía medio millón de dólares en criptoactivos desde hacía una década, los cuales no había declarado con anterioridad. Ante esto, la fiscalía le exigió detallar qué bienes vendió, quiénes fueron los compradores, las fechas de las operaciones y la trazabilidad bancaria o bursátil de esos movimientos.
Asimismo, la justicia puso la lupa sobre las propiedades de la familia. Adorni tiene que justificar la procedencia de los fondos utilizados para comprar el lote 380 del Country Indio Cua y aclarar por qué la titularidad del inmueble figura únicamente a nombre de su cónyuge. En esa misma vivienda de fin de semana, se investiga el pago en efectivo de USD 245.000 al contratista Matías Tabar por refacciones integrales que incluyeron una cascada en la piscina y una parrilla de alto valor.
También se le requirió explicar el origen del dinero para adquirir un departamento en la calle Miró 550, en el barrio porteño de Caballito, y los dólares en efectivo abonados al mismo contratista por los muebles de esa propiedad.
El pliego de preguntas de la fiscalía incluyó otros aspectos de la economía familiar, tales como:
- La acreditación real de préstamos que habrían otorgado dos familiares, Silvia Pais y Norma Zuccolo, detallando la entrega efectiva del dinero y la evolución de esas deudas.
- El origen de los fondos para comprar un vehículo marca Jeep.
- Las razones por las cuales se utilizaron de manera reiterada a terceras personas para realizar compras y abonar gastos en efectivo que tenían al exfuncionario como destinatario final.
- Las inconsistencias en sus operaciones con criptomonedas, puntualmente sobre fondos detectados en una billetera virtual que Adorni validó con su identidad, pero omitió declarar ante la Oficina Anticorrupción.
- El origen de depósitos no salariales en su cuenta sueldo del Banco Nación que no provienen de organismos estatales ni de transferencias entre cuentas propias.
- Los honorarios facturados por la escribana Adriana Nechevenko por tres operaciones inmobiliarias del matrimonio, los cuales fueron emitidos en su totalidad a nombre de Angeletti.
La defensa del exfuncionario, a cargo del abogado Matías Ledesma, solicitó al juez federal Ariel Lijo una extensión del plazo original de 15 días hábiles, argumentando la necesidad de acceder a la totalidad de las pruebas, archivos y conversaciones que sustentan la acusación del fiscal. Esencialmente, el reclamo se dirigió al contenido del celular de Tabar.
La presentación de este descargo constituye una instancia crucial para Adorni. Si el juez Ariel Lijo considera que las explicaciones y los documentos aportados por el ex jefe de Gabinete no logran disipar las veinte inconsistencias señaladas por la fiscalía, el magistrado estará en condiciones de convocarlo a una declaración indagatoria, lo que agravaría su situación procesal en la causa por enriquecimiento ilícito.
