El ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, tendrá que enfrentar dos procesos judiciales más por corrupción en los próximos meses. El ex mandatario provincial está alojado desde la semana pasada en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú. Allí cumplirá la condena firme de ocho años por delitos contra la administración pública. Vueltas de la vida: la cárcel se construyó en su primer mandato (2007-2011) y se refaccionó al final del segundo (2011-2015).
Una de las causas contra el ex embajador de Alberto Fernández en Israel y Chipre es por negociaciones incompatibles con la función pública. Este expediente ya se elevó a juicio y espera fecha de audiencia.
La Justicia puso bajo la lupa si durante la gestión de Urribarri se favoreció a la empresa Relevamientos Catastrales. La vinculación entre el Estado provincial y la firma se habría extendido durante varios años bajo distintas modalidades: licitación de software, addendas, prórrogas y contratación directa.
En todas, según la pesquisa, se habrían pagado sobreprecios y salteado controles administrativos. La sospecha es que se utilizaron mecanismos para, en un doble movimiento, favorecer la empresa y generar perjuicio económico al Estado.
La acusación también sostiene la hipótesis de que Urribarri y los demás implicados recibían pagos directos de Relevamientos Catastrales. Los fiscales intervinientes, Patricia Yedro y Gonzalo Badano, adelantaron que pedirán diez años de prisión.
Durante la semana pasada, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos cerró la última puerta para frenar el comienzo del juicio. El órgano rechazó la impugnación extraordinaria federal que había promovido la defensa del exmandatario. La intención de los abogados de Urribarri era que la Corte se expida sobre aspectos formales del proceso investigativo.
La otra causa
La denuncia por enriquecimiento ilícito se presentó en diciembre de 2015. La promovieron dos abogados radicales: Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet. Como base, se tomó una investigación de la revista Análisis. Urribarri había dejado la gobernación unas semanas antes. Y se había instalado en la Legislatura como presidente de la Cámara de Diputados.
La acción penal gira en torno a que el patrimonio de Urribarri creció durante su gestión más de lo que sus ingresos declarados permiten justificar. Según estimaciones de la Fiscalía, el acusado se habría enriquecido en una cifra cercana a los USD 7 millones.
El expediente tuvo distintos vaivenes durante la última década. La Fiscalía cerró la investigación en 2025. Y en marzo de este año comenzaron las audiencias para elevar a juicio el caso.
Los defensores cuestionaron la validez formal del procedimiento. Esas presentaciones demoraron el proceso, que se retomará a mediados de octubre. Cuando esa etapa concluya, el caso quedará en condiciones de ser llevado ante un tribunal.
El tercer caso
Urribarri también está mencionado en un esquema de presunto desfalco al Estado. La maniobra se habría instrumentado mediante contrataciones fraudulentas de personal temporal en la Legislatura. Se trata de un mecanismo similar al que utilizó Julio “Chocolate” Rigau en la provincia de Buenos Aires.
La operación implicaba que un grupo de personas cobraba el dinero. Luego, pasaba a un estudio contable responsable de administrarlo. Los supuestos contratados recibían una parte mínima, mientras que el resto habría ido a la política.
Según la Fiscalía de Estado, el monto de la defraudación que se habría producido entre 2008 y 2018 ascendería a $392 millones (a valores históricos).
Esta causa tuvo una primera etapa donde se juzgará a los supuestos responsables operativos del proceso. Uno de ellos es Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri. Esta fase se conoce como “Contratos I”.
La segunda, en la que se pone en foco a los presuntos autores políticos, es donde está mencionado el exgobernador. Se la llama “Contratos II”. El cargo es “peculado imprudente o doloso”. La pena máxima es una multa. Es decir: no incluye la prisión como sanción.
Para poder acusar a Urribarri y los otros implicados por el perjuicio al Estado, antes hay que demostrar que el daño se produjo. El paso necesario para eso es que en “Contratos I” se compruebe el peculado y la asociación ilícita que se investiga.
Luego, se deberá corroborar que, por un actuar descuidado o con desidia, los responsables políticos de la Legislatura provincial permitieron que se produjera el desfalco. El ex gobernador ya fue notificado de este tercer proceso y designó su abogado defensor.
