La Libertad Avanza celebró el fallo de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, que dejó sin efecto la medida cautelar de la jueza Marta Elba Pascual que había suspendido por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.
Desde el espacio libertario, que había cuestionado la decisión judicial e impulsado un pedido de juicio político contra la magistrada, afirmaron que la resolución de la Cámara ratifica la postura que habían sostenido desde el inicio del conflicto.
El presidente de La Libertad Avanza en la provincia, Sebastián Pareja, aseguró: “Lo dijimos apenas salió el fallo y no estábamos equivocados. Una sola jueza no puede suspender una ley aprobada por el Congreso de la Nación y demandada por la sociedad argentina. Hoy la Cámara nos dio la razón”.
Además, sostuvo que la decisión “demuestra que no es sano hacer lo que el garantismo bonaerense quiere: llevar las instituciones y el marco normativo al límite, con tal de impedir una política criminal que pone a las víctimas primero y hace responsables a quienes delinquen”.
Tras la decisión judicial, los referentes libertarios cuestionaron la administración de Axel Kicillof y reclamaron que avance con la puesta en marcha del nuevo régimen.
El titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado bonaerense, Carlos Curestis, afirmó: “La seguridad de los bonaerenses tiene que ser prioridad. Kicillof tuvo 180 días para prepararse: que deje de buscar excusas y garantice los recursos, los dispositivos y los equipos necesarios para que el nuevo régimen funcione”.
En la misma línea, el presidente del bloque de diputados provinciales de LLA, Juanes Osaba, calificó como “inadmisible” la cautelar dictada por Pascual y destacó la decisión de la Cámara de Apelaciones. “Acá no hay argumento que sirva: el régimen penal juvenil es una ley aprobada por el Congreso Nacional”, señaló.
La cautelar de la jueza Pascual había frenado temporalmente la aplicación del nuevo régimen en territorio bonaerense por un plazo de 60 días. Con la resolución de la Cámara de Lomas de Zamora, esa suspensión quedó sin efecto y volvió a quedar habilitada la implementación de la ley.
El fallo reavivó el debate político sobre la puesta en marcha del régimen en la provincia de Buenos Aires y abrió una nueva disputa entre el gobierno bonaerense y la oposición libertaria sobre la responsabilidad de su ejecución.
