Nicaragua se consolidó como refugio judicial de un exfuncionario colombiano acusado de uno de los mayores escándalos de corrupción de la región, y un tribunal de Bogotá acaba de dejar en claro que ese escudo no tiene ningún valor ante la justicia de su país.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó el 10 de septiembre la prórroga de la orden de captura contra Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) de Colombia, quien permanece en Managua bajo asilo político concedido por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La decisión fue ponencia del magistrado Efraín Adolfo Bermúdez.
El fallo convierte a Nicaragua en un eslabón más de un patrón que organizaciones de derechos humanos y analistas regionales llevan años documentando: el régimen sandinista como destino de funcionarios y exmandatarios que huyen de procesos penales en sus países de origen.
Nicaragua acumula un historial de asilos a acusados de corrupción
El caso González no es el primero ni el más llamativo de los que Managua ha cobijado bajo la figura del asilo político.
Los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, acusados de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en El Salvador, se establecieron en Nicaragua en 2016 y 2020, respectivamente.
El expresidente panameño Ricardo Martinelli, condenado a más de diez años de prisión por blanqueo de capitales, recibió la misma protección en 2024.
Según el exembajador nicaragüense ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Arturo McFields, estas personas “tienen capital político y conexiones dentro y fuera de sus países, lo que sería útil para Ortega y para abrirle puertas que se le han cerrado”, según publicó BBC News Mundo.
El politólogo y exaspirante a la presidencia de Nicaragua Félix Maradiaga fue más directo ante la cadena DW: “Ortega no está dando asilo a personas que corren riesgos políticos, sino que está albergando a delincuentes que ya fueron condenados y no quieren pagar ante la justicia el daño que hicieron en sus países”.
Por qué Managua resulta atractiva para los prófugos de la región
Un elemento estructural explica el fenómeno: Nicaragua no permite la extradición de sus ciudadanos. Quienes obtienen asilo y luego adquieren la nacionalidad nicaragüense quedan blindados frente a cualquier solicitud de entrega a un tercer Estado. Ese mecanismo, según analistas citados por La Prensa de Nicaragua, es lo que convierte a Managua en un destino de elección para extranjeros con órdenes de captura vigentes.
González lleva dos años fuera de Colombia. Recibió el asilo en agosto de 2025 y desde entonces se conecta de forma virtual a las audiencias del proceso que lo tiene imputado.
El tribunal colombiano rechazó el argumento de la defensa
La estrategia de su equipo legal fue plantear que el asilo concedido por Managua debía incidir en la vigencia de la medida de aseguramiento impuesta en Colombia. El tribunal rechazó ese argumento de forma categórica.
“La concesión del asilo político no tiene incidencia frente a la decisión que aquí se adopte”, señaló el magistrado Bermúdez, según informó Confidencial Digital. La sala explicó que la orden de captura “constituye una decisión emanada de las autoridades judiciales colombianas que mantiene vigencia dentro del ordenamiento jurídico nacional y cuya eficacia no desaparece por el hecho de que otro Estado haya decidido conceder la protección del ciudadano”.
Bermúdez precisó ante la sala que el asilo puede producir efectos en el ámbito de las relaciones internacionales o en un eventual trámite de extradición, pero que no puede “extinguir, modificar o dejar sin efectos” una medida cautelar impuesta por la justicia colombiana.
El tribunal también aclaró que no le corresponde pronunciarse sobre la legalidad del asilo otorgado por Managua.
La orden de captura sigue vigente, pero los plazos aún no corren
El magistrado introdujo una distinción procesal de peso: mantuvo la orden de captura en vigor, pero no se pronunció sobre la prórroga de la medida de aseguramiento. La razón es que esa medida “continúa vigente, pero aún no ha empezado a ejecutarse”, dado que González “goza a plenitud de su libertad en el país que le otorgó el asilo”.
Los términos de la detención solo comenzarán a contabilizarse desde el momento en que González sea capturado. La providencia cerró además toda vía de impugnación: contra esa decisión, indicó la sala, “no procede recurso alguno”.
La orden de captura original fue emitida en julio de 2025. En febrero de 2026, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la medida de aseguramiento al negar una tutela presentada por la defensa, según informó Asuntos Legales, revista jurídica colombiana.
El escándalo de fondo: contratos, efectivo y apoyo legislativo
El proceso contra González es uno de los frentes del mayor escándalo de corrupción del gobierno del expresidente colombiano Gustavo Petro. La Fiscalía General de la Nación sostiene que el exdirector del Dapre habría ordenado al entonces director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, entregar contratos y sumas de dinero a los entonces presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, a cambio de apoyo legislativo para las reformas del gobierno.
Según la hipótesis de la Fiscalía, recogida por Caracol Radio, González habría instruido a López para que entregara 60.000 millones de pesos (aproximadamente USD 19,5 millones) en contratos a Name y 10.000 millones de pesos (unos USD 3,25 millones) a Calle. Ante la premura de los congresistas, los recursos habrían mutado de contratos a pagos directos en efectivo.
González enfrenta cargos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado y lavado de activos. Ha rechazado las acusaciones y las ha calificado de persecución política.
El caso se ramifica en Bogotá mientras el imputado permanece en Managua
El 7 de septiembre, el juzgado que revisa el preacuerdo entre la Fiscalía y Olmedo López fijó para el 14 de diciembre la lectura de sentencia, informó Infobae Colombia. La defensa de López destacó ante el tribunal que su cliente ha sido “inquebrantable” en su colaboración, pese a las presiones recibidas para que dejara de declarar.
Ese mismo mes, la exconsejera presidencial para las Regiones Sandra Ortiz declaró a Revista Cambio que en la Casa de Nariño “no se movía nada sin que el presidente supiera”, una afirmación que vinculó a Petro con la dinámica de decisiones internas durante su gobierno. La fiscal del caso, María Cristina Patiño, respondió con una denuncia por injuria contra Ortiz, según informó Cambio Colombia.
La Procuraduría General de la Nación, en tanto, sostuvo en el proceso de pérdida de investidura contra Name ante el Consejo de Estado que no existen pruebas suficientes de que el exsenador haya recibido los 3.000 millones de pesos (cerca de USD 976.000) que le atribuye la acusación, según consignó La FM. Name permanece detenido de forma preventiva en la cárcel La Picota mientras enfrenta juicio ante la Corte Suprema.
