El domingo, el presidente Donald Trump publicó en Truth Social un mapa de Nuevo México con la palabra “México” tachada en rojo y reemplazada por “América”. No hubo orden ejecutiva, ni comunicado oficial, ni explicación de ningún tipo.
La imagen fue replicada horas después por la cuenta oficial de la Casa Blanca en X, lo que alimentó la especulación sobre si la administración tenía intenciones concretas de llevar adelante el cambio.
La publicación despertó una reacción política inmediata. Los líderes demócratas del estado salieron a rechazar la propuesta con dureza, mientras juristas y medios periodísticos recordaban que renombrar un estado es un proceso que el presidente no puede iniciar ni controlar.
“Mucha gente sugirió cambiar el nombre de Nuevo México a NUEVA AMÉRICA”, escribió Trump en Truth Social. “Mucho más prestigioso y hermoso para la gente de ese estado potencialmente increíble. ¡¡¡Wow, me encanta!!!”, agregó.
Un presidente no tiene autoridad constitucional para renombrar un estado
El nombre de Nuevo México no puede ser alterado por decreto presidencial. Está escrito en el Artículo 1 de la Constitución estatal: “El nombre de este estado es Nuevo México”.
Cualquier modificación tendría que originarse dentro del propio estado y requerir la aprobación de sus votantes. The New York Times precisó que Trump carece por completo de atribuciones legales para imponer ese cambio.
El caso de Rhode Island ilustra cómo funciona ese proceso. En 2020, en medio de las protestas por la muerte de George Floyd, el estado eliminó la frase “y Plantaciones de Providence” de su nombre formal.
La gobernadora de entonces, Gina Raimondo, ordenó retirar la mención de los documentos del ejecutivo estatal, pero reconoció que el cambio oficial exigía una enmienda constitucional. Los votantes la aprobaron ese mismo otoño.
La gobernadora y los legisladores de Nuevo México rechazaron la propuesta de forma tajante
La gobernadora Michelle Lujan Grisham fue la primera en responder. “El nombre no está en debate: nos pertenece desde antes de que existieran los Estados Unidos”, afirmó en redes sociales.
También acusó a la administración de Trump de intentar distraer a los ciudadanos de problemas concretos, como el aumento del precio de la gasolina.
La representante Melanie Stansbury fue más directa. “¡Oh, de ninguna manera!”, escribió en X.
“El nombre de nuestro estado lleva generaciones de historia, cultura y familia, y nos pertenece a nosotros”, añadió.
El senador Martin Heinrich recurrió a la ironía: “Hay tres cosas que siempre llamaré por su nombre real”, escribió y enumeró el Golfo de México, el lago Ontario y Nuevo México.
Su colega Ben Ray Luján fue más escueto: “Es Nuevo México. Siempre lo ha sido y siempre lo será”.
El nombre del estado tiene más de cuatro siglos de historia
La denominación “Nuevo México” antecede en varios siglos a la fundación de los Estados Unidos. La Oficina de Asuntos Indígenas (OAI) documenta que los mexicanos llamaban así al territorio al norte y oeste del río Grande ya en el siglo XVI.
Esta no es la primera vez que Trump impulsa un cambio de nombre. El día de su regreso al poder firmó una orden ejecutiva para llamar “Golfo de América” al Golfo de México.
El mes pasado, en plena disputa comercial con Canadá, firmó otra para renombrar el lago Ontario como “Lago América”.
Ambos cambios se instrumentaron a través del Sistema Federal de Información sobre Nombres Geográficos (Geographic Names Information System) y aplican únicamente al uso federal —en mapas y documentos oficiales— sin obligar a gobiernos estatales ni a cartógrafos privados.
A diferencia de esos cuerpos de agua, el nombre de un estado es materia constitucional y no puede alterarse por decreto.
