El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha denunciado el desmantelamiento de las instituciones democráticas y una concentración del poder cada vez mayor en Nicaragua, advirtiendo que "la situación es completamente indefendible" tras semanas en las que el país centroamericano viene siendo objeto de críticas a nivel global, especialmente por los esfuerzos de los codirigentes del país, Daniel Ortega y Rosario Murillo, de limitar las elecciones.
"No queda casi nada por cerrar", ha lamentado Turk, apuntando a cierre de 5539 entidades en los últimos ocho años y de al menos 56 medios de comunicación, mientras las reformas constitucionales aprobadas en primera lectura excluyen a la oposición y posponen las elecciones hasta 2028.
El responsable humanitario ha aludido así a un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos sobre el "desmantelamiento progresivo" de las instituciones democráticas y del Estado de derecho en Nicaragua entre junio de 2025 y junio de 2026.
"Traza la captura casi total de las instituciones estatales por parte del partido gobernante y el abuso sistemático del poder que ha debilitado los contrapesos institucionales, dejando a la mayoría de los nicaragüenses sin recursos frente a las violaciones de derechos humanos", ha denunciado.
La Asamblea de Nicaragua aprobó a inicios de septiembre, de forma "unánime" y en primera de las dos legislaturas necesarias, una reforma parcial constitucional que excluye a los considerados "traidores a la patria" o "golpistas" participar en los comicios electorales.
Igualmente, amplía el mandato presidencial de seis a siete años, en el marco de una reforma que entrará en vigor una vez sea aprobada en segunda legislatura en 2027.
El proceso parlamentario se inició después de que Ortega insistiese en un discurso en que "no volverá a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder".
