La abogada de dos hermanas que denunciaron abusos sufridos durante su infancia cuestionó la respuesta institucional ante una presentación realizada en 2017. El acusado es empleado de planta permanente y asesor de una legisladora radical.

La denuncia contra un trabajador de la Legislatura de Córdoba por presuntos abusos sexuales expuso los mecanismos institucionales para abordar situaciones de violencia contra niñas y adolescentes y el control sobre quienes se desempeñan dentro del ámbito legislativo.

La abogada Daniela Morales Leanza, representante de dos hermanas que denunciaron haber sufrido abusos durante su infancia, brindó detalles del caso en el programa Otra Vuelta de Tuerca, de Radio Universidad. Según explicó, una de las mujeres había denunciado los hechos en 2017, cuando todavía era menor de edad, pero aquella presentación no habría registrado avances significativos.

De acuerdo con la letrada, la investigación actual comprende múltiples hechos y más de una presunta víctima perteneciente al mismo grupo familiar. En ese marco, reclamó que la Justicia profundice las pesquisas para determinar si existe un patrón de reiteración de los hechos denunciados.

“Estamos frente a una multiplicidad de hechos, una pluralidad de víctimas y una extensión temporal”, sostuvo Morales Leanza. En este sentido, planteó que la investigación debería contemplar la posible existencia de una “serialidad” y afirmó que se estaría ante la hipótesis de un presunto abusador serial.

Cuestionamientos a la respuesta institucional

La abogada también cuestionó la respuesta de las instituciones frente a la denuncia de 2017. Según relató a las Radios de la UNC, la presentación era conocida por personas e instituciones que, de acuerdo con su planteo, no actuaron frente a la situación.

“En el año 2017 había una denuncia que no era desconocida por aquellos que estaban apañando. Instituciones, cero. Aún brillaron por su ausencia”, afirmó.

Morales Leanza también se refirió a la exposición pública que tuvo el acusado luego de que el caso tomara estado público y cuestionó sus declaraciones por considerar que profundizaron el impacto sobre las denunciantes.

La representante legal señaló además que existe una restricción de contacto con las presuntas víctimas dictada luego de la denuncia. Al mismo tiempo, remarcó que la persona acusada cuenta con todas las garantías constitucionales correspondientes, pero sostuvo que esas garantías no deberían traducirse en intervenciones que impliquen una revictimización de quienes denunciaron.

El reclamo por el mismo criterio político

Uno de los principales cuestionamientos de la abogada estuvo dirigido a la reacción política e institucional frente a este tipo de denuncias. Morales Leanza reclamó que las exigencias sean las mismas independientemente del espacio político al que pertenezca la persona acusada.

“Si ayer exigimos explicaciones porque el acusado pertenecía al oficialismo, hoy tenemos que exigir exactamente las mismas explicaciones si pertenece a la oposición”, sostuvo.

El acusado es asesor de una legisladora radical y empleado de planta permanente de la Legislatura de Córdoba. La abogada puso así el foco en la necesidad de que el ámbito legislativo responda ante las denuncias sin establecer diferencias según la pertenencia partidaria del denunciado.

“Si cambiamos de criterio según quién sea el acusado, no tenemos principios: tenemos conveniencia”, concluyó Morales Leanza.

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