En diciembre de 2022, un hombre mató a un yaguareté en Formosa y publicó un video en redes sociales para festejar el hecho. Casi cuatro años después, el pasado 25 de agosto, en un juicio abreviado acordado con la Unidad Fiscal Formosa reconoció el hecho y firmó una condena de tres años de prisión en suspenso, además de una multa de 5 millones de pesos. El fallo fue celebrado por una de las principales ONG que busca conservar a la especie pero que quiere ir más allá para que incurrir en estos delitos conlleve una mayor penalidad: quieren modificar la ley de conservación de la fauna, sancionada en 1981.
El fallo contra Juan Carlos Chagra, que mató a un yaguareté adulto, fue calificado como ejemplar no tanto por la pena sino porque se trata del máximo posible que contempla la normativa para una persona que capture o comercialice especies prohibidas o vedadas.
En este caso, el yaguareté fue declarado monumento natural nacional en 2001, la máxima escala de protección que puede tener una especie en Argentina.
Estos desajustes entre la realidad y una ley que va camino a tener 50 años derivaron en que la ONG Red Yaguareté, denunciante de Chagra y querellante en la causa, tenga en carpeta un proyecto para modificar la normativa y que las penas por matar determinados animales dependan de su categorización en la lista roja oficial de especies en peligro de Argentina.
Mayor vulnerabilidad, mayor pena
La ley 22.421 se sancionó en 1981 y, en su esencia, buscó resolver problemas derivados de la depredación de ejemplares de fauna silvestre. En ese entonces, “la relación entre el hombre y la fauna era distinta”, consideró en diálogo con TN el titular de Red Yaguareté, Nicolás Lodeiro Ocampo.
Recientemente, hubo cinco intentos por modificar la normativa. La última vez, recordó, fue durante el gobierno de Alberto Fernández y se buscó hacer una modificación íntegra de la ley que no reunió las voluntades necesarias en la Legislatura. Por eso, Lodeiro Ocampo planeó segmentar las enmiendas para, al menos, abordar la cuestión de las penalidades.
En este sentido, desde la ONG plantearán ante el Congreso que las penas queden supeditadas al nivel de categorización oficial que tenga la especie que se mate. Las categorías se circunscriben en las directrices de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y se dividen en nueve escalas, siendo tres de ellas las de interés para esta modificación: “Vulnerable”, “En peligro” y “En peligro crítico de extinción”.
La categorización oficial actual de Argentina data de 2021 y ubica al yaguareté en la categoría “En peligro crítico de extinción”. De todos modos, la última actualización de la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (Sarem), publicada en 2025, marca que la especie continúa en esa categoría.
De esta manera y según el proyecto, una persona que mate a un ejemplar que se encuentre en peligro crítico de extinción podrá recibir hasta 8 años de prisión. También se contempla actualizar las penas por cazar a animales categorizados “en peligro” (hasta 6 años) y “vulnerables” (3 años).
“Tenemos una ley vigente que tiene penas irrisorias, pero el juez aplica lo que la ley permite. Celebramos el fallo porque hace más de 20 años que luchamos con causas judiciales y esta es la segunda que llega a juicio”, expresó Lodeiro Ocampo.
Especie al límite
Actualmente, la situación del yaguareté en Argentina es crítica: apenas ocupa el 5% de su distribución original histórica, que iba desde el norte de la Patagonia hasta el extremo norte del país.
Las principales amenazas que enfrenta la especie son la caza y el avance de la frontera agropecuaria. Ambas afectan de manera directa e indirecta a los yaguaretés: además de matarlos y fragmentar su hábitat, por las mismas razones mencionadas pierden presas, por lo que también se quedan sin alimento disponible.
En la actualidad quedan apenas tres poblaciones silvestres en el país, que no están comunicadas entre sí: en la selva de yungas del noroeste, en la región chaqueña (Formosa, este de Salta y norte de Chaco) y en la selva misionera. Además, se contabiliza una cuarta población que surgió producto de un proyecto de reintroducción de la especie en los Esteros del Iberá, que ya cuenta con cachorros nacidos en silvestría.
“El yaguareté saca todos los números en Argentina para estar categorizado en peligro crítico de extinción”, afirmó a TN la doctora en Biología Verónica Quiroga, que trabaja con la especie, precisamente en la región chaqueña, desde hace más de 20 años.
Además de resaltar que la cacería que sufre la especie tiene varias motivaciones (por miedo real o potencial de ataques a ganado doméstico, para venta ilegal de cueros y pieles, o simplemente de manera deportiva, “por tener el trofeo”), indicó que hacia 2014 y según datos recabados desde principios de los 2000, “en la región chaqueña la especie estaría ecológicamente extinta porque los individuos presentes son todos machos, son muy pocos y están muy dispersos intentando encontrar hembras, entonces ya no cumplen su rol ecológico en su totalidad”.
“De las cuatro poblaciones de Argentina, la de la región chaqueña es la que está en mayor peligro de extinción”, remarcó Quiroga. El año pasado, un proyecto de reintroducción de la Fundación Rewilding Argentina soltó a la hembra Acaí en la región, que desapareció sin dejar rastro hasta el día de hoy. La hipótesis más fuerte en torno al caso es que también fue víctima de la caza, por lo que el área perdió una oportunidad histórica para comenzar una lenta recuperación.
Sin tiempo de recuperación
Para Lodeiro Ocampo, la desactualización de la ley es “incongruente” con los planes existentes para conservar, por ejemplo, al yaguareté: “El Estado argentino y las provincias destinan recursos, hay planes regionales y uno nacional de conservación del yaguareté. La ley vigente no es congruente con las especies que el mismo Estado defiende”.
La conservación de esta especie en particular es todo un desafío. Quiroga explicó que es difícil calcular en cuánto se recupera nominalmente un individuo asesinado, pero a modo de ejemplo detalló: “Un yaguareté recién nacido, en una población donde hubieran machos y hembras que se estuvieran reproduciendo, tiene que llegar a la vida adulta para, recién, reproducirse. Eso implica, mínimo, dos años en los que tiene que sobrevivir para convertirse en un individuo reproductivo”.
“Después, tiene que llegar a un lugar donde encuentre una hembra o un macho, que la hembra quede preñada y esos cachorros tienen que nacer”, agregó la bióloga, para completar un potencial círculo temporal de recuperación. Y resaltó: “En el caso de la región chaqueña, donde además no estamos registrando reproducción porque no se registran hembras, probablemente un individuo perdido nunca se recupere”.
Pérdidas casi irreparables
La estimación de qué se pierde con la muerte de un ejemplar de yaguareté puede ser abordada desde múltiples aristas. Si bien la esfera económica puede ser más tangible que otros aspectos (sobre la desaparición de Acaí, Parques Nacionales estimó la pérdida en más de $2.600 millones), la relevancia real puede explicarse desde la propia actualidad de la especie.
“A medida que se achican las poblaciones, se pierde la diversidad intrínseca de la especie, la diversidad genética y la capacidad de adaptación al ambiente, entre otras cuestiones”, expresó Quiroga. Y sumó: “Son especies con grandes requerimientos territoriales, con períodos de vida largos. Cada individuo vale un montón, los procesos son lentos y se necesitan grandes áreas para conservarlos. Es realmente difícil conservar la especie en una situación con tantas amenazas como en la actualidad”.
El fallo en Formosa de la semana pasada y otra causa en la que, el año pasado y en la misma provincia, cuatro personas fueron sentenciadas a dos años de prisión domiciliaria (este miércoles quedaron en libertad luego de que el Tribunal Oral Federal de Formosa, a cargo del juez Rubén Quiñones, declarara extinguida la pena tras agotarse el plazo legal para impedir su libertad) abre la posibilidad de modificar la normativa para elevar las penas. Pero también advierte a los cazadores que siguen en acción.
“Ya no todo el mundo muestra yaguaretés muertos (en redes). Se cuidan mucho porque ven que las penas se complican cada vez más”, afirmó Lodeiro Ocampo, y agregó: “Cada ejemplar que alguien mata, es un paso más hacia la extinción. Nos enteramos de uno, pero ¿cuántos hay que no nos enteramos?”.
Por su parte, Quiroga recalcó: “Con cada individuo que se pierde no sólo se pierde una posibilidad de recuperación de la población y de su continuidad, sino un acervo genético típico de esa región del país”.
Los esfuerzos deben redoblarse para que Argentina no pierda definitivamente a su depredador tope.
