La polémica por la Ley Penal Juvenil sumó un nuevo capítulo en la provincia de Buenos Aires. El fiscal de menores Hernán Ceruti, a cargo de la Fiscalía en lo Penal Juvenil de Lomas de Zamora, presentó una apelación contra el fallo de la jueza Marta Pascual, quien había suspendido la aplicación de la nueva normativa en territorio bonaerense.
Ceruti advirtió que la decisión judicial genera un “gravamen institucional y jurídico de extrema gravedad”, ya que, según su planteo, una acción de hábeas corpus no puede suspender una ley nacional que ya fue sancionada, promulgada y está vigente. El fiscal remarcó que no se acreditó ningún acto concreto, ilegal o arbitrario que afecte la libertad personal de los adolescentes involucrados, y subrayó el carácter excepcional del instrumento utilizado.
Además, el fiscal sostuvo que el fallo de la jueza Pascual “avasalla la labor propia de otro de los poderes del Estado”, afectando la división de poderes y la forma republicana de gobierno.
El recurso presentado por Ceruti se sumó a la ofensiva judicial de la ONG Usina de Justicia, fundada por Diana Cohen Agrest, que denunció penalmente a la jueza Pascual por la suspensión de la Ley 27.801.
El abogado de la organización, Fernando Soto -exasesor de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad-, celebró la apelación del fiscal y aseguró que ambos plantearon los mismos fundamentos: que la jueza se basó en una hipótesis de futuro y no en pruebas concretas, y que se extralimitó en sus funciones.
La ONG realizó dos presentaciones: por un lado, pidió intervenir como amicus curiae en el hábeas corpus que originó la suspensión -una figura que permite a una organización que no es parte del proceso aportar argumentos y elementos técnicos que puedan ayudar al tribunal a resolver el caso- y, por otro, denunció penalmente a la magistrada por presunta usurpación funcional y abuso de autoridad.
Cómo se resolvió la suspensión de la Ley Penal Juvenil en la provincia
La suspensión de la Ley Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires fue dispuesta por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, a cargo de la jueza Marta Pascual, en la causa “Federación Familia Grande Hogar de Cristo s/ Hábeas Corpus Preventivo Colectivo”.
La magistrada no derogó ni anuló la Ley 27.801, que entró en vigencia esta semana, sino que ordenó que no se aplique en la provincia por 60 días, mientras se analiza el impacto de la normativa en los adolescentes alcanzados por el nuevo régimen penal juvenil.
Además, la jueza convocó a una audiencia para el 16 de septiembre, en la que las autoridades bonaerenses deberán informar sobre las medidas adoptadas y previstas para implementar la ley. La ONG Usina de Justicia también solicitó participar de esa reunión, en línea con su estrategia de intervenir en todas las instancias del expediente.
