La Policía Nacional ha comunicado a la jueza María Tardón que la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio fue un proceso planificado y guiado por agentes marroquíes, según han adelantado El Español y Código 10, una tesis que sitúa el foco en los avisos previos remitidos a Interior y en la posible relevancia penal de lo ocurrido en la Audiencia Nacional.
El informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, la unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación y ejecución de la entrada de entre 72.000 personas y unas 80.000 personas, según los distintos medios citados, y sostiene que alrededor del 90 % abandonó Ceuta pocas horas después.
Según ha avanzado El Español, el documento ya está en poder de Tardón y de la Fiscalía. La magistrada había pedido informes a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para aclarar si había indicios de un delito contra la independencia del Estado.
La secuencia de alertas previas es uno de los puntos centrales. Código 10 ha mostrado un documento oficial fechado el 28 de julio de 2026 del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras cuyo asunto decía, textualmente, “Análisis de riesgo sobre posible entradas irregulares en Ceuta el 30/07/2026”.
Qué dicen los informes policiales
Ese primer informe advertía de un “riesgo actual de que se produzca un salto masivo en la valla fronteriza de Ceuta o un cruce a nado durante los últimos días del mes de julio”. Al día siguiente, 29 de julio, según el programa de Cuatro, se remitió un nuevo aviso al ministerio del Interior y a la Secretaría de Estado de Seguridad.
El asunto de esa segunda comunicación era “Alerta sobre el riesgo de entrada en Ceuta y Melilla”. El contenido, siempre según el medio televisivo, incluía las expresiones “riesgo extremo”, “riesgo alto en la frontera” y “entrada masiva de inmigrantes”, además de fijar el 30 de julio como fecha prevista y de anticipar que “entrarán miles de migrantes” “a nado y bordeando la valla” y “de forma coordinada”.
David Aleman ha afirmado en Código 10 que, de acuerdo con la información obtenida a partir de esos informes, Fernando Grande-Marlaska respondió enviando cinco GEAS de la Guardia Civil, una patrulla de la Guardia Civil con dos agentes y un furgón con cinco policías nacionales, tres de ellos en prácticas.
El contenido del informe remitido a la jueza va más allá de la existencia de avisos. El Español sostiene que el CENIF descarta que la llegada masiva respondiera a una movilización espontánea o exclusivamente a mafias y convocatorias en redes sociales, y se inclina por la hipótesis de un proceso organizado desde territorio marroquí bajo apariencia de crisis migratoria.
El documento, según esa información, describe un guiado activo sobre el terreno. Gendarmes marroquíes habrían dado instrucciones a los migrantes para acceder a Ceuta y gestionado el flujo de miles de personas llegadas a Castillejos hacia puntos concretos desde los que alcanzar territorio español.
La hipótesis de una operación organizada por fases
El informe también recoge la presencia de personas no uniformadas que habrían supervisado el desarrollo de la operación. De acuerdo con El Español y con lo confirmado por El Mundo, esas personas dirigían a grupos hacia el espigón de El Tarajal y existen imágenes en las que aparecen dando indicaciones incluso a gendarmes uniformados.
La reconstrucción policial se apoya también en el perfil cambiante de quienes cruzaron. Antes de las 11.00 horas del 30 de julio llegaron sobre todo hombres de entre 15 y 25 años, muchos con neoprenos, aletas y sistemas de flotación; desde esa hora hasta las 22.00 horas empezaron a llegar familias, mujeres y menores, muchos con ropa deportiva y chanclas; desde las 22.00 horas del día 30 y durante el 31 de julio volvió a predominar un perfil similar al de la primera oleada.
Según el CENIF, citado por El Español y resumido por otros medios, esa sucesión apuntaría a una estrategia en dos tiempos: primero, saturar el control fronterizo con personas más preparadas para el cruce por mar; después, aprovechar el debilitamiento de la capacidad de respuesta española para introducir perfiles más vulnerables.
María Peral ha explicado en laSexta que el informe “no es todavía Policía Judicial” y que fue solicitado por la jueza para decidir si la Audiencia Nacional era competente o no. La periodista añadió que el documento describe “un proceso organizado y preestablecido” cuya finalidad “solo aparentemente era migratoria” y que buscaba “poner de manifiesto el colapso de la frontera de España y después la incapacidad de España de asistir a personas que llegaron en una segunda oleada más vulnerables como eran familias completas”.
Fernando Garea, director adjunto de El Español, ha calificado ese documento en El Objetivo como “un torpedo en la línea argumental del Gobierno” porque, además de apuntar a Marruecos, detalla que hubo avisos en los días inmediatamente anteriores. El Mundo añade que el informe vincula directamente el episodio con la reivindicación territorial de Rabat sobre Ceuta y Melilla y que el CENIF lo interpreta como una posible operación de contrainteligencia ofensiva con efecto sobre la imagen del CNI.
Otro elemento destacado por el informe es que una segunda convocatoria prevista para el 15 de agosto fue completamente controlada por las autoridades marroquíes y no reprodujo lo ocurrido los días 30 y 31 de julio. Tras aquellos hechos, según los medios que han accedido al documento, portavoces oficiales de Marruecos volvieron a reivindicar Ceuta y Melilla como parte de su disputa territorial con España.
