La 74ª edición de la Exposición Rural, Agrícola, Ganadera, Industrial y Comercial de Chivilcoy no fue una muestra más dentro del calendario agropecuario bonarense.
Con la presencia de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, dirigentes gremiales y productores locales, el escenario de la inauguración oficial se convirtió en el punto de partida de un anuncio político e institucional de fuerte impacto para la gestión de la infraestructura rural.
Durante su discurso de apertura, el intendente local, Guillermo Britos, lanzó un ofrecimiento inédito a la Asociación Rural de Chivilcoy: transferirle el control operativo de la red vial del partido y ceder el 70% de la recaudación de la tasa que abonan los propios productores para la ejecución de las obras.
La iniciativa contempla además la asignación fija de tres maquinarias viales y la designación, por parte de la entidad del campo, del Director Vial Rural que encabezará los trabajos en el territorio.
El anuncio se produjo tras una recorrida por las instalaciones de la muestra que reunió a referentes del sector agroindustrial y a autoridades provinciales y nacionales.
Sin embargo, el tramo central de la jornada estuvo marcado por el análisis que hizo el jefe comunal sobre la situación impositiva de la producción y el estado de los caminos rurales.
Presión tributaria e infraestructura bajo la lupa
Antes de oficializar la propuesta, Britos dedicó un segmento de su alocución a cuestionar la carga fiscal que soporta el campo, apoyándose en las mediciones del índice elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA).
El intendente remarcó la importancia de discriminar qué nivel del Estado se queda con los recursos generados por la actividad primaria.
El jefe municipal calificó como inviable que más del 60% de la producción se destine al pago de tributos en sus distintas jurisdicciones.
En ese sentido, detalló que, según los datos técnicos expuestos, aproximadamente el 93% de esa presión corresponde a la órbita nacional, el 5% a la provincia de Buenos Aires y cerca del 1% a las arcas municipales.
De este modo, buscó marcar diferencias entre el impacto de las tasas locales y la cobrabilidad de los impuestos nacionales y provinciales.
En esa misma línea, el mandatario chivilcoyano cargó contra la situación de las rutas que cruzan el distrito y el estado de la infraestructura vial de mayor escala.
Hizo foco puntual en la situación de la Ruta Nacional 5 y el cobro de peajes, recordando que la obra de la autovía proyectada permanece inconclusa y que los pliegos de concesión vigentes no imponen la obligación de construir tramos adicionales ni terceras manos de circulación.
El temario de infraestructura incluyó también los avances vinculados a la Cuenca del Río Salado, tras las reuniones subregionales celebradas en Roque Pérez. Britos ratificó que las autoridades bonaerenses confirmaron la existencia de decisión política y partidas presupuestarias para licitar tres puentes históricos reclamados por Chivilcoy desde 2025.
Asimismo, repasó los nuevos criterios provinciales para evaluar canales hídricos irregulares, donde las clausuras ya no dependerán de denuncias individuales, sino de dictámenes técnicos de la Dirección de Hidráulica conjuntamente con el municipio. Sobre este punto, propuso acordar con la Rural qué trazas deben preservarse o cerrarse para no afectar poblados ni la viabilidad de los caminos de tierra.
Una alianza estratégica para el mantenimiento vial
El tramo de mayor repercusión institucional llegó al momento de abordar la gestión cotidiana de los caminos rurales del partido.
Britos argumentó que durante los años de su administración el municipio garantizó la transitabilidad básica para la salida de los granos y la hacienda. No obstante, planteó dar un paso hacia la cogestión compartida con los propios usuarios de las trazas.
La propuesta consiste en que la Asociación Rural de Chivilcoy elija de manera directa a la persona que asumirá el cargo de Director Vial Rural.
Este funcionario trabajará en coordinación con el Ejecutivo comunal y tendrá bajo su responsabilidad la planificación y supervisión de los trabajos en la red que queda por fuera de las rutas 5, 30 y 51, así como del perímetro urbano de las diez localidades rurales del distrito.
Para sostener la logística del plan, el municipio afectará tres máquinas viales de manera permanente y destinará de forma directa el 70% de la recaudación proveniente de la tasa vial rural.
Al tratarse del empleo de recursos públicos, el intendente aclaró que las partidas estarán sujetas a las auditorías correspondientes de la Secretaría de Hacienda, aunque la ejecución de las tareas y la priorización de los tramos quedarán bajo la órbita de la representación gremial agropecuaria.
El jefe comunal convocó a los dirigentes rurales a mantener reuniones operativas con las áreas de Gobierno, Hacienda y Obras Públicas a fin de dar formato presupuestario al esquema.
Con esta iniciativa de colaboración público-privada, la comuna busca optimizar la transparencia de los fondos y asegurar la operatividad de los caminos durante el trayecto final de la gestión municipal.
