El Ejecutivo descarta trasladar a la península a parte de los migrantes llegados a Ceuta a finales de julio y asegura que en los próximos días la ciudad tendrá “capacidad suficiente” para alojarlos al habilitarse unas 6.000 plazas. Lo explicó este lunes el presidente Pedro Sánchez en una entrevista en la Cadena Ser, donde detalló que la mayoría de quienes cruzaron la frontera de manera irregular los días 30 y 31 de julio lo hicieron por razones económicas, por lo que “muy previsiblemente” serán devueltos a Marruecos, además de que señaló que el objetivo del Gobierno es que todos los expedientes de los menores migrantes se resuelvan en la propia ciudad autónoma. Según las estimaciones oficiales, en Ceuta permanecen cerca de 5.000 migrantes, de los que 1.200 son menores, y actualmente hay 3.300 plazas disponibles en los centros de atención humanitaria habilitados.
Ese esperado incremento de plazas, fruto del acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo central y el de Ceuta, presidido por el popular Juan Jesús Viva, llega un mes después del inicio de la crisis y en un contexto de críticas por parte de organizaciones humanitarias que trabajan en el terreno, como la asociación Elín, que advierte de la persistencia de graves carencias en la atención y protección de los migrantes que permanecen en la ciudad. El colectivo denuncia que la mayoría sigue sin acceso a un alojamiento digno y muchas continúan durmiendo en la calle: “Son más las que no tienen un techo digno de las que sí lo tienen”, señala a Infobae Pilu Alba, voluntaria en esta organización.
La activista insiste en la importancia de separar los alojamientos por perfiles para proteger a los colectivos más vulnerables, como niñas, niños y familias monomarentales. La asociación Elín también pone el foco en la “falta de recursos especializados para personas del colectivo LGTBI”, subrayando que, aunque existe un grupo acogido en un espacio seguro, otras personas siguen en la calle sin alternativas reales.
También denuncian la insuficiencia de suministros básicos como agua y alimentos. En el espacio habilitado en Loma Margarita, donde permanecen alojados migrantes de origen subsahariano, “tienen que seguir bajando enfrente de la fábrica del Guano para ducharse”, lo que supone un desplazamiento de varios kilómetros “con una cuesta bastante grande”. En otro punto donde se alberga a más de 300 mujeres y niñas, añade Alba, solo existen tres baños portátiles sin duchas adecuadas. “No tienen duchas para poder lavarse. Es muy grave”, añade.
El acceso real a tratamientos médicos, sostiene la asociación, también resulta limitado, y advierte que las dificultades para una identificación y triaje adecuado de las personas “afectan directamente a su futuro administrativo”. “Hay muchas personas que vienen con los triajes y lo que se escribe en ellos es muy diferente a lo que han expresado. Estamos acompañándoles en esto, pero es muy difícil tener respuestas o correcciones rápidas”, denuncian. En ese sentido, España ha solicitado a la Comisión Europea la colaboración de Frontex y Europol para acelerar la identificación y clasificación de los migrantes que permanecen en Ceuta, con el objetivo de facilitar tanto las posibles devoluciones a Marruecos o a sus países de origen como la tramitación de solicitudes de asilo para quienes cumplan los requisitos.
El papel clave de las asociaciones y vecinos
La Asociación Elín señala que la respuesta de emergencia ha dependido, sobre todo, del tejido comunitario y social, que continúa ocupándose de tareas como la identificación de perfiles, países de origen y edades, así como del reparto de alimentos, agua y la atención sanitaria, a pesar de las numerosas limitaciones. “Necesitamos canalizar los casos más vulnerables hacia recursos especializados donde realmente se pueda atender a las personas con calidad”, afirma la organización.
También expresan su preocupación por los episodios de violencia registrados la semana pasada, cuando grupos organizados bloquearon el reparto de comida e incendiaron asentamientos en la Playa del Trampolín, además de agredir a periodistas y vecinos musulmanes. La organización cuestiona el papel de líderes políticos, especialmente de la ultraderecha, así como de algunos medios de comunicación y usuarios de redes sociales, a quienes acusa de difundir desinformación y bulos sobre los migrantes en Ceuta, lo que contribuye a aumentar la sensación de inseguridad y a su criminalización, por lo que hace un llamamiento a la prudencia y responsabilidad.
“Por supuesto que hay que movilizarse y exigir tanto al Gobierno local como nacional el despliegue de medios para que Ceuta vaya volviendo poco a poco a una situación más estable, tranquila y positiva, no solo para quienes han llegado, sino también para la propia ciudadanía ceutí. Pero es cierto que este tipo de movilizaciones hay que hacerlas desde la no violencia, el respeto y desde una dimensión mucho más amplia que desde los discursos de la extrema derecha y del racismo. Tenemos que poner a las personas en el centro y eso conlleva respetar la ley, la protección internacional y la protección de la infancia”, concluye Alba.
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes un paquete de emergencia de 165 millones de euros para Ceuta, unos fondos que se destinarán a impulsar la economía local y a fortalecer los servicios públicos, que se han visto presionados tras la llegada masiva. Esta medida se complementará, a medio plazo, con la ampliación del Plan de Desarrollo Integral Socioeconómico de la ciudad autónoma.
