La Cámara Federal de Casación rechazó un recurso de Máximo y Florencia Kirchner y dejó firmes embargos preventivos de los bienes de las sociedades Hotesur y Los Sauces de las que ambos son accionistas, dispuestos en la causa Vialidad como parte del trámite de ejecución del decomiso de la condena a su madre, Cristina Kirchner. Entre estas propiedades está el departamento de San José 1111 donde la ex presidenta cumple arresto domiciliario.
Casación desestimó por “inadmisible” el planteo contra esa decisión del Tribunal Oral Federal 2 que hicieron los hijos de la expresidenta, condenada a seis años de prisión.
La resolución fue firmada por mayoría en la sala IV del máximo tribunal penal federal del país con los votos de los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, mientras que Mariano Borinsky se pronunció en disidencia por habilitar el tratamiento de la apelación, según el fallo al que tuvo acceso Infobae.
Los embargos preventivos
El apoderado de los hijos de CFK, Luis Goldín, presentó el recurso contra la decisión del Tribunal Oral Federal 2 que ejecuta el decomiso en la causa Vialidad donde fue condenada la ex presidenta y que el 11 de agosto pasado ordenó el embargo preventivo de los bienes de las sociedades Hotesur y Los Sauces, que tienen como accionistas a Máximo y Florencia Kirchner.
En el listado está el departamento de San José 1111, en Constitución. También hay dúplex, un departamento y cocheras en el Complejo Madero Center e inmuebles en Río Gallegos y El Calafate; y el Hotel La Aldea del Chaltén. La medida se dictó mientras se resuelve el pedido de decomiso sobre esos bienes hecho por la fiscalía. El lunes pasado Casación rechazó una queja de la defensa de la ex presidenta por el mismo tema.
En la decisión que tomaron este viernes sobre el planteo de los hijos, que no fueron acusados en Vialidad, los camaristas Hornos y Barroetaveña reiteraron que se trata de un embargo preventivo y que el Tribunal Oral Federal 2 aún no decidió si corresponde o no decomisar estos bienes. “La distinción resulta dirimente, pues el examen de admisibilidad que aquí debe practicarse versa sobre una medida cautelar y no sobre un pronunciamiento que defina el destino final de los activos”, sostuvieron.
El voto mayoritario remarcó que, como regla, las resoluciones vinculadas con medidas cautelares no habilitan una revisión por Casación. “Tales decisiones no ponen fin al proceso ni impiden su continuación y, salvo casos excepcionales, no ocasionan un agravio imposible de reparar ulteriormente”, afirmaron los magistrados.
En su voto, el juez Mariano Borinsky consideró que la apelación debía ser admitida. Señaló que las medidas precautorias buscan garantizar un eventual decomiso de bienes de personas que no fueron condenadas y recordó una intervención anterior en la que cuestionó la fundamentación sobre la relación temporal entre la compra de los bienes y la maniobra investigada.
El argumento de los hijos de CFK
El apoderado de Máximo y Florencia Kirchner cuestionó que los embargos no fijaron un monto y alegó que afectan el giro comercial de las compañías. También planteó que Los Sauces y Hotesur tienen personalidad jurídica y patrimonio propios, diferenciados de los de sus accionistas, y que los hijos de la expresidenta no fueron condenados en este expediente. Además advirtió que se “afecta el derecho de propiedad” y hay gravedad institucional.
También cuestionó los embargos por “excesivos”. Según planteó, las participaciones de Máximo y Florencia Kirchner en ambas empresas están embargadas desde 2017 y las firmas ya tienen otras restricciones vigentes, como embargos preventivos, inhibiciones generales de bienes y límites para distribuir dividendos. Por eso, sostuvo que los nuevos embargos son innecesarios, superabundantes y afectan la seguridad jurídica. Finalmente, sostuvo que la resolución vulnera el derecho de propiedad, la defensa en juicio y el debido proceso, por lo que pidió que se revoquen los embargos.
En la causa Vialidad ya se ordenó avanzar en una primera etapa sobre 111 bienes de la ex presidenta y de otro condenado, el empresario Lázaro Báez, que en la actualidad están bajo tasación.
La medida se inscribe en la ejecución de la condena por la que la expresidenta cumple seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, como autora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Esa pena quedó firme el 10 de junio de 2025. En ese marco, el Tribunal Oral Federal 2 lleva adelante el proceso destinado a hacer efectivo el decomiso, cuyo valor fue actualizado en $684.990.350.139,86. En el listado los fiscales incluyeron bienes a nombre de los hijos de la ex presidenta por considerar que fueron comprados con el provecho del delito por el que fue condenada su madre.
