El jurista alemán Claus Kreß advirtió que desmontar la JEP y retirar a Colombia de la CPI no extinguiría la competencia de ese tribunal sobre hechos ocurridos mientras el país estuvo bajo el Estatuto de Roma, y que esa combinación podría trasladar a la Corte casos criminales ligados al conflicto en un momento de inquietud por versiones no confirmadas sobre una eventual salida impulsada por el gobierno de Abelardo de la Espriella.
El impacto alcanzaría también a las víctimas. Según datos de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd), todavía hay más de 136.000 personas desaparecidas registradas hasta el 1 de diciembre de 2016, un universo atravesado por un delito que, al ser permanente mientras no se conozca el destino de la víctima ni se restituya el cuerpo, no prescribe.
En una entrevista en Caracol Radio, Kreß, director del Instituto de Derecho Internacional de la Paz y la Seguridad de la Universidad de Colonia, insistió en que la continuidad o el desmonte de la justicia transicional es una decisión que corresponde “a Colombia, a los colombianos y a los organismos de Colombia”. Habló, dijo, solo como “un observador externo”.
Desde esa posición, describió el modelo colombiano en términos inusualmente elogiosos. “Desde afuera, la justicia transicional es uno, sino el más interesante y prometedor sistema que conocemos en el mundo”, afirmó, y agregó que ha observado “toda la creatividad de esas mentes legales que han estado detrás de la JEP”.
Kreß añadió que, si el país abandonara la JEP o la justicia transicional y además dejara la CPI, la decisión tendría efectos sobre los procesos en los que la Corte tiene jurisdicción. En ese escenario, sostuvo, la CPI empezaría a ejercer competencia sobre ciertos casos criminales relacionados con Colombia.
La pertenencia colombiana a ese sistema tiene una secuencia jurídica definida. El país firmó el Estatuto de Roma en 1998, reformó su Constitución en 2001, aprobó el tratado mediante la Ley 742 de 2002 y lo ratificó ese mismo año; además, fijó una salvedad de siete años para la aplicación de determinadas disposiciones, que entró en plena vigencia en 2009.
Por su parte, la abogada, investigadora y profesora universitaria Juliana Bustamante explicó en diálogo con La FM que una salida tampoco sería inmediata. Colombia tendría que presentar una nota diplomática ante el Secretario General de Naciones Unidas y, una vez surtida la notificación a la Corte y a los Estados miembros, el retiro solo tendría efecto después de un año.
Bustamante hizo además una precisión previa sobre una confusión instalada en el debate público. “La Corte Internacional de Justicia juzga Estados y la Corte Penal Internacional juzga individuos”, dijo, al diferenciar dos organismos con competencias distintas.
Una de las razones por las que el debate sobre la salida de la CPI se cruza con la JEP es que ambas trayectorias quedaron unidas tras el Acuerdo de Paz de 2016 con las antiguas Farc-EP. La Jurisdicción Especial para la Paz fue creada para investigar a los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, tanto de la Fuerza Pública como de agentes civiles, funcionarios no combatientes del Estado y terceros civiles.
Bustamante recordó que en 2021 la Fiscalía de la CPI cerró su examen preliminar sobre Colombia al considerar que la JEP estaba realizando un trabajo serio, aunque mantuvo la cooperación con esa jurisdicción. Para Kreß, el resultado observado desde fuera del país superó las expectativas iniciales sobre un proceso largo y complejo.
“Muchos observadores legales y observadores políticos han estado siguiendo de manera cercana y con esperanza este proyecto de justicia transicional. Nadie ha esperado un éxito tan grande de un proceso que es bastante largo”, afirmó el jurista alemán, citado por Caracol Radio. A su juicio, la percepción predominante fuera de Colombia es que el sistema “ha contribuido de una manera positiva al país” y que sería lamentable abandonarlo o tener que reconstruirlo.
Según Deutsche Welle, la investigadora posdoctoral Isabel Güiza-Gómez, del Center for Inter-American Policy and Research de la Universidad de Tulane, señaló que durante la negociación de paz iniciada en 2012 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc-EP hubo controversias sobre puntos que podían chocar con el Estatuto de Roma, y que estudios posteriores mostraron cierta influencia de la Corte en los contenidos del acuerdo alcanzado en 2016.
La misma publicación recogió que la creación de la JEP llevó a la CPI a cerrar la investigación preliminar inicial abierta sobre Colombia. Para Güiza-Gómez, debilitar ahora ese engranaje sería inconveniente en el plano político, internacional y doméstico, porque podría leerse como una falta de compromiso estatal con la persecución de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto.
El debate no se limita a un trámite diplomático. Güiza-Gómez sostuvo que una eventual salida representaría “un gran revés” para las víctimas y advirtió que casos como los asesinatos de falsos positivos volverían a la impunidad, sin respuesta judicial del Estado frente a los responsables.
La exdirectora de la Ubpd Luz Marina Monzón dijo a Deutsche Welle que un intento de desvinculación de la CPI no produciría efectos inmediatos y no detendría por sí mismo el funcionamiento de la JEP ni de la justicia transicional, pero sí podría debilitarlas. También subrayó que la Corte ha tenido un papel importante en la construcción del proceso de paz y que ese vínculo le ha dado a Colombia credibilidad y confiabilidad.
Monzón añadió que, en un Estado de derecho, una decisión de esa magnitud exigiría pronunciamientos de los distintos poderes públicos. Güiza-Gómez sostuvo, por su parte, que la pertenencia al Estatuto de Roma forma parte de la Constitución por tratarse de un tratado de derechos humanos, de modo que una salida requeriría debates en comisiones y plenarios de ambas cámaras del Congreso, además de la notificación escrita ante la CPI.
Bustamante coincidió en que el asunto compromete la posición internacional del país. “No caigamos en un discurso de rechazar los consensos internacionales”, planteó, al defender que la cooperación con la Corte puede contribuir a la construcción de paz y evitar un eventual aislamiento.
La investigadora de Tulane fue más allá y calificó una eventual retirada como una señal de “erosión democrática” en Colombia. Según su análisis, una medida así podría abrir la puerta a decisiones similares en otros países de América Latina, una región que, con excepciones como Venezuela o Nicaragua, ha mantenido una cooperación relativamente estable con organismos internacionales y regionales de derechos humanos.
