La jueza Marta Pascual, quien esta semana suspendió durante 60 días la aplicación del Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, ya había expuesto públicamente su postura sobre las penas para adolescentes.
En un video registrado en 2023, la magistrada recordó uno de los casos más impactantes de su carrera y admitió que, pese a haber integrado el tribunal que condenó al acusado a 25 años de prisión, actualmente no tomaría la misma decisión.
El testimonio surgió durante una charla organizada por la Universidad de Lanús, en el marco de las prácticas preprofesionales de la Licenciatura en Justicia y Derechos Humanos, con el acompañamiento del Instituto de Justicia y Derechos Humanos. Pascual fue entrevistada por estudiantes y la actividad quedó registrada y publicada en YouTube.
Durante el encuentro, la jueza relató el caso de un joven de Almirante Brown, el mismo municipio en el que ella vive, que había abusado sexualmente de su hija recién nacida hasta causarle la muerte.
“Es un chico que abusó y violó de su hijita hasta que se murió. Ustedes no saben lo que era el cuerpo de esa chica. Ver las pericias era indignante”, contó Pascual frente a los alumnos.
Para dimensionar la gravedad de lo ocurrido, también recordó las palabras de una médica del Hospital Meléndez que intervino en el caso: “Dijo que en todos sus años de pediatra no había visto nada tan terrible como esto”.
La magistrada también describió el impacto que tuvo el expediente sobre quienes debían juzgarlo. Según relató, la conmoción fue tal que incluso les costaba físicamente continuar con sus actividades: “Cuando nos parábamos, no podíamos caminar, íbamos contra la pared como que no teníamos fuerza”.
Pascual integró el tribunal que finalmente condenó al joven a 25 años de prisión. Sin embargo, durante aquella charla reconoció que consideraba que la pena había sido excesiva y que, con el paso del tiempo, cambió de opinión sobre la decisión que había firmado.
“Yo hoy no se lo daría”, afirmó. Además, explicó que la sentencia fue posteriormente revisada por instancias superiores, entre ellas la Cámara de Casación y tribunales de alzada, pero ninguna dispuso una reducción de la pena.
“Yo dije: con tantas revisiones me van a decir ‘Marta, se te fue la mano’. Todos nos confirmaron”, relató ante los estudiantes.
Pascual aclaró que su cuestionamiento no estaba relacionado con restarle gravedad al delito cometido, sino con su concepción sobre las respuestas penales destinadas a los jóvenes.
En ese sentido, sostuvo que no considera adecuado imponer penas de ese nivel incluso frente a hechos de extrema gravedad. “Yo creo que no se puede dar a los jóvenes, aun ante el delito más aberrante, esa pena”, sostuvo.
En la misma charla, además, explicó cuál es su criterio a la hora de establecer condenas para adolescentes. “De la provincia de Buenos Aires yo doy las penas más livianas”, afirmó. Según detalló, suele inclinarse por medidas alternativas al encierro porque considera que la prisión no genera cambios reales en los jóvenes.
La jueza frenó la aplicación del Régimen Penal Juvenil
Esa posición sobre el encierro aparece también vinculada con la decisión que tomó recientemente sobre la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.
La normativa impulsada por el Gobierno nacional establece que la edad de imputabilidad baja de los 16 a los 14 años y permite que adolescentes de esa franja sean sometidos a procesos judiciales por delitos contemplados en el Código Penal.
El lunes, Pascual hizo lugar a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de su libertad. A partir de esa resolución, suspendió durante 60 días la aplicación del régimen en todo el territorio bonaerense.
La jueza aclaró que su decisión no se basó en un rechazo a la reducción de la edad de imputabilidad. Según explicó, no está en desacuerdo con ese aspecto de la nueva normativa. El principal cuestionamiento estuvo puesto en las condiciones que tiene actualmente la provincia para implementar el régimen y recibir a los adolescentes que eventualmente ingresen al sistema.
“Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”, advirtió en declaraciones a la Radio Now 97.9.
Durante los 60 días de suspensión, Pascual planteó que los distintos poderes del Estado deberán acordar cómo se llevará adelante el nuevo sistema: quién tendrá a su cargo la supervisión de cada adolescente, con qué recursos funcionarán los centros de detención y de qué manera se aplicarán las alternativas al encierro previstas por la propia legislación.
