El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; el presidente Javier Milei y el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La pelea entre Mendoza y La Pampa por el río Atuel lleva más de cinco décadas y combina al menos dos disputas distintas, aunque relacionadas: una por el uso del agua y otra por las regalías que genera su aprovechamiento hidroeléctrico. Esta semana, el Gobierno nacional tomó una decisión sobre el segundo de esos frentes, que había quedado sin resolución definitiva desde 1973.

A través del Decreto 982/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial y firmado por Javier Milei y Luis Caputo, el Poder Ejecutivo dejó sin efecto el Decreto 1560/73, la norma que durante 53 años reguló el reparto de las regalías del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles entre ambas provincias. A partir de su entrada en vigencia, esas regalías serán percibidas en su totalidad por Mendoza.

El artículo 4° del nuevo decreto establece que “la regalía hidroeléctrica prevista en el artículo 43 de la Ley N° 15.336 y sus modificaciones, correspondiente al Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles, que se devengue a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, corresponderá en su totalidad a la Provincia de Mendoza, por encontrarse íntegramente en su territorio la fuente hidroeléctrica efectivamente aprovechada”. De esta manera, la provincia cuyana pasará a cobrar el 12% establecido como regalía hidroeléctrica sobre la energía generada por el complejo, un porcentaje que hasta ahora se dividía en partes iguales con La Pampa.

La postura de Mendoza

El gobernador Alfredo Cornejo destacó que la medida reconoce un reclamo histórico de la Provincia. “Mendoza debe recibir el 100% de las regalías hidroeléctricas derivadas de la generación de Los Nihuiles”, afirmó.

El mandatario explicó que Los Nihuiles “era la única hidroeléctrica que compartía regalías con otra provincia, y no como es el criterio y la jurisprudencia, de que cobran regalías las provincias donde está la caída del agua que genera finalmente la energía”.

Central hidroeléctrica “Ing. Juan Eugenio Maggi”, parte del complejo Los Nihuiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cornejo agregó: “Nos asiste el derecho, nos asiste la razón acerca de que no teníamos que repartir las regalías con la provincia de La Pampa, por más que el río Atuel sea interprovincial, sino que la generación se hacía en Mendoza”.

Con la decisión nacional ya tomada, la provincia avanzará ahora sobre un segundo objetivo: recuperar los montos que, según su cálculo, dejó de percibir durante los períodos anteriores. Para eso, readecuará la demanda que había iniciado en 2022 ante la Corte Suprema de Justicia, con un reclamo actualizado que, según indicó el propio gobernador, ronda los 680 millones de dólares.

La posición de La Pampa

Del otro lado, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, cuestionó la decisión en duros términos. “No solo Mendoza nos robó un río. Ahora, junto al Gobierno de Milei, que deroga el Decreto 1560/73, nos quitan sus regalías. ¡No nos quedaremos quietos!”, sostuvo. El mandatario pampeano anticipó que su provincia hará una presentación judicial para intentar revertir la medida dispuesta por el Gobierno nacional.

El propio decreto habilita esa vía: establece que con su dictado queda agotada la instancia administrativa y que la acción judicial podrá interponerse dentro de los 180 días hábiles judiciales contados desde la notificación.

Los antecedentes de una disputa histórica

El conflicto por el río Atuel tiene origen en las primeras décadas del siglo XX, pero se profundizó a partir de 1948, cuando se inauguró el embalse El Nihuil sobre el curso del río en territorio mendocino. La regulación del agua para riego y generación hidroeléctrica redujo el caudal que llegaba al oeste pampeano y dio lugar a un reclamo sostenido de La Pampa, que considera al Atuel un río interprovincial cuyo uso debe compartirse entre ambas jurisdicciones.

La Pampa insiste en que el Río Atuel, al ser interprovincial, debe generar regalías para ambas provincias

La disputa por el agua llegó a la Corte Suprema en 1979 y, en 1987, el máximo tribunal reconoció el carácter interjurisdiccional del río y exhortó a la Nación, Mendoza y La Pampa a celebrar acuerdos para un uso razonable y equitativo de sus aguas. El conflicto se judicializó nuevamente en 2014, cuando La Pampa demandó a Mendoza por los daños ambientales derivados de la falta de escurrimiento, y en 2020 la Corte fijó un caudal mínimo permanente de 3,2 metros cúbicos por segundo en el límite entre ambas provincias, con participación de la Nación para garantizarlo.

En paralelo a esa disputa por el agua corrió, desde 1973, la de las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles. Aquel año, un decreto nacional había resuelto un pedido de La Pampa y dispuso que esas regalías se repartieran en partes iguales entre las dos provincias, “sin perjuicio de lo que pudiera surgir de estudios más profundos”, según la propia norma. Mendoza cuestionó ese reparto desde entonces y lo llevó, sin éxito hasta ahora, por la vía del recurso administrativo y, más tarde, de la Justicia.

El Decreto 982/2026 recuerda que en 1992 ambas provincias habían firmado un Acuerdo Interjurisdiccional, homologado por la Corte Suprema, en el que Mendoza y la Nación se comprometían a seguir pagándole a La Pampa las regalías fijadas en 1973, aunque siempre “sin perjuicio de lo que pudieren establecer en el futuro normas jurídicas o fallos judiciales sobre el particular”. Ese compromiso es el que ahora queda sin efecto. La disputa por el reparto de regalías anteriores al nuevo decreto, mientras tanto, sigue su curso en la causa “Mendoza, Provincia de c/ Estado Nacional s/ nulidad de acto administrativo - daños y perjuicios”, que Mendoza inició en 2022 y que todavía tramita ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.