La Justicia de Neuquén ordenó completar el desalojo de un predio ubicado a unos 35 kilómetros de Villa La Angostura, donde permanece un grupo de integrantes de una comunidad mapuche. La medida había comenzado a ejecutarse el 19 de agosto, pero quedó inconclusa luego de que la Policía desalojara una parte del terreno y suspendiera el operativo antes de avanzar sobre otro sector en el que se encontraban menores.
El juez Francisco Astoul Bonorino libró ahora un nuevo mandamiento de desalojo para completar la diligencia, aunque no estableció una fecha para su ejecución.
El conflicto judicial se inició en 2011, cuando integrantes de la lof Melo ingresaron sin autorización a un predio y, según la denuncia de la propietaria, impidieron su ingreso al lugar. A comienzos de 2012, María Cristina Broers denunció la usurpación de las tierras, un lote pastoril de aproximadamente 625 hectáreas.
Con el paso del tiempo, integrantes de la familia Quintriqueo se sumaron a la ocupación y conformaron la comunidad identificada como Lof Kinxikew. A partir de entonces, el expediente atravesó distintas instancias judiciales, en las que los planteos de la defensa fueron rechazados y se mantuvo la orden de restitución del inmueble.
El operativo iniciado en agosto permitió desalojar a integrantes de la Lof Melo de uno de los sectores del predio. Cuando las fuerzas de seguridad se disponían a avanzar sobre el resto de las tierras, la presencia de menores y la ausencia de funcionarios vinculados a organismos de minoridad llevaron a interrumpir la diligencia.
El nuevo mandamiento judicial apunta precisamente al sector en el que permanecen integrantes de la Lof Kinxikew.
Un predio atravesado por la Ruta 40
Las tierras en conflicto se encuentran entre Bariloche y Villa La Angostura y son atravesadas por la Ruta Nacional 40. La Lof Melo ocupaba un sector del perilago, sobre la costa del lago Nahuel Huapi. La nueva etapa del operativo se concentrará en el sector opuesto del predio.
Después del desalojo parcial del 19 de agosto, una numerosa caravana de vehículos llegó hasta el lugar en señal de acompañamiento a los integrantes de la comunidad que permanecían en las tierras.
Broers sostiene que es propietaria del inmueble desde 1969 y cuenta con documentación que acredita la titularidad registral. Su reclamo atravesó distintas instancias judiciales hasta obtener resoluciones favorables que dejaron firme la orden de restitución.
Un expediente que lleva más de una década
La causa tuvo distintos capítulos antes de llegar a la instancia de ejecución. En marzo de este año, una comitiva integrada por alrededor de una decena de funcionarios judiciales de Neuquén se trasladó hasta la zona para avanzar con el desalojo. Sin embargo, el operativo no pudo concretarse por la falta de efectivos de la Policía provincial destinados a cumplir la medida.
En ese momento, fuentes vinculadas a la parte denunciante atribuyeron la ausencia de efectivos a una eventual decisión política del gobierno neuquino para evitar el costo que podía generar un operativo de estas características. Esa interpretación no fue confirmada oficialmente.
En abril de 2025, la Justicia había reiterado la orden de efectivizar el desalojo. “El proceso judicial está cumplido en un 100 por ciento, no hay instancias por delante, sólo queda ejecutar el desalojo, pero es el gobierno provincial el que no dispone los recursos logísticos para concretarlo”, señalaron entonces a Infobae fuentes cercanas a los denunciantes.
La situación procesal quedó consolidada luego de que la Cámara de Apelaciones rechazara, en julio de 2023, un recurso presentado por la comunidad contra la sentencia que había ordenado el desalojo. Esa decisión confirmó el fallo de primera instancia y dejó habilitada la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia.
En octubre de 2024, el TSJ de Neuquén declaró inadmisible el recurso presentado por la parte ocupante contra la sentencia. De ese modo, quedó firme la orden de restitución del inmueble y expedita su ejecución.
El conflicto por la ocupación
Broers sostiene que los integrantes de la familia Melo ingresaron al inmueble alegando una preexistencia ancestral sobre las tierras. Según la documentación invocada por la propietaria, los ocupantes tampoco cuentan con reconocimiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Posteriormente, integrantes de la familia Quintriqueo se incorporaron a la ocupación y comenzaron a identificarse como Lof Kinxikew.
Desde el sector denunciante sostienen que, una vez agotadas las instancias judiciales, la discusión dejó de estar centrada en la validez de la orden de desalojo y pasó a concentrarse en su ejecución.
La respuesta de la Confederación Mapuche
Luego del operativo del 19 de agosto, la Confederación Mapuche de Neuquén difundió un comunicado en el que denunció un “violento despojo” de las comunidades Lof Kinxikew y Lof Melo y cuestionó el despliegue de fuerzas de seguridad provinciales.
La organización acusó al Gobierno neuquino de haber intervenido directamente en el operativo y cuestionó las decisiones que derivaron en el desalojo.
Desde la otra parte del conflicto remarcaron que el procedimiento policial respondió a una orden judicial y que las fuerzas de seguridad actuaron para cumplir una medida dispuesta por la Justicia.
La Confederación Mapuche también cuestionó al ministro de Gobierno de Neuquén, Jorge Tobares, a quien acusó de haber mantenido conversaciones con integrantes de las comunidades mientras se preparaba el operativo.
Por ahora, la Justicia no fijó una fecha para completar el desalojo. La parte denunciante evalúa gestionar nuevamente el acompañamiento necesario para garantizar la ejecución de la medida, mientras en el predio todavía permanece el grupo de ocupantes alcanzado por la orden judicial.
