Vox ha presentado este lunes una solicitud de actuación ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que recurra la decisión del Gobierno vasco de conceder el tercer grado penitenciario al exdirigente de ETA Henri Parot y solicite que se suspenda para que "retorne de inmediato al centro penitenciario correspondiente".
El escrito, firmado por la vicesecretaria Nacional Jurídica de la formación, Marta Castro, expone que esta concesión "afecta directamente a los derechos que el ordenamiento jurídico reconoce a las víctimas del terrorismo" al suponer "un menosprecio y humillación".
En este sentido, recuerda que el artículo 61 de la Ley 29/2011 "impone al Estado la obligación de prevenir y evitar la realización de actos que entrañen "descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas"".
Por otro lado, destaca en la necesidad de acreditar de forma "fehaciente y cumulativa" signos "inequívocos" de haber dejado atrás "fines y medios terroristas"; así como la "colaboración activa" para "impedir" otros delitos y "atenuar" los propios, e identificar, capturar o procesar a "responsables de delitos terroristas".
También incide en la necesidad de realizar una "declaración expresa de repudio de las actividades delictivas y de abandono de la violencia"; la "petición expresa de perdón a las víctimas"; e "informes técnicos que acrediten la real desvinculación de la organización terrorista y de su entorno".
"La concesión del tercer grado sin la acreditación suficiente de estos requisitos constituiría una vulneración directa del artículo 72.6 LOGP", recoge el documento elaborado por Vox.
En cuanto al principio de flexibilidad en la clasificación penitenciaria, argumenta que "no puede en ningún caso servir de cauce para eludir los requisitos" que "impone la ley orgánica para el acceso al tercer grado de los condenados por delitos de terrorismo" y, "con mayor motivo" "en quien concurre una actividad sanguinaria".
De este modo, "debe interpretarse de conformidad con las normas de rango orgánico que condicionan y limitan la clasificación en tercer grado".
Vox apela a la verificación de la liquidación de condena del penado, para que "si resultase que los plazos temporales previstos" en el Código Penal "no se han consumido", servirían para reforzar la "improcedencia" del grado concedido a Parot.
Por último, desde el partido liderado por Santiago Abascal mencionan la sentencia del Tribunal Constitucional 169/2021, de 6 de octubre, de las cuales se desprende --según Vox-- que no se cumplen "los períodos de seguridad y los requisitos reforzados" para conseguir el tercer grado ya que solo son "constitucionalmente legítimos" cuando "no anulen por completo la expectativa de reinserción", como sucede en este caso según la formación política.
Por todo ello consideran "que la concesión del tercer grado penitenciario a Henri Parot resulta manifiestamente improcedente en tanto no se acredite el cumplimiento efectivo de todos y cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 72.6 LOGP".
Y recuerdan que fue condenado por "39 asesinatos terroristas consumados y otros delitos de extrema gravedad", "acumulando penas de prisión cercanas a 4.797 años", con "presencia de menores de edad entre los fallecidos en el atentado de Zaragoza" y cuya "entidad de las penas" sitúan "este caso en un plano de gravedad excepcional".
Vox asegura en su escrito que la concesión del tercer grado al exdirigente de la banda terrorista resulta contrario "al espíritu y finalidad" de la Ley Orgánica 7/2003 que tenía como objetivo "garantizar el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas en los supuestos de crímenes especialmente graves" y exigir "requisitos cualificados para que los condenados por terrorismo pudieran acceder al régimen abierto".
