La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal convalidó las decisiones judiciales que rechazaron la devolución de una flota de automóviles incautados y dispusieron su entrega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La resolución se dictó en el marco de una megacausa en la que se desbarató una organización dedicada a las apuestas clandestinas por internet y al blanqueo de activos.
Los jueces Javier Carbajo, Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky desestimaron los recursos de queja presentados por las defensas de Roberto Javier Zuco, señalado como el líder de la estructura delictiva, y de su hijo, Javier Ezequiel Zuco.
De esta manera, el tribunal de alzada ratificó la asignación de los rodados al máximo tribunal del país, bajo las pautas de la Acordada 22/2005.
El origen de la investigación
La causa penal comenzó en mayo de 2023 a partir de la información suministrada por un denunciante anónimo. La Fiscalía Federal de Hurlingham, dirigida por Santiago Marquevich, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) iniciaron las pesquisas sobre este grupo que operaba plataformas de juego ilegal.
La organización administraba sitios web como “celuapuestas.com”. A través de páginas como esta, promocionaban y comercializaban fichas virtuales sin autorización legal. Para expandir el negocio, el grupo estructuró una red de colaboradores que captaban clientes y gestionaban las transacciones mediante aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales.
El dinero recolectado ingresaba a cuentas bancarias y billeteras virtuales registradas a nombre de familiares, empleados o personas de bajos recursos que actuaban como prestanombres. Este mecanismo facilitaba la ocultación del origen de los fondos para introducirlos luego en el circuito legal.
Para canalizar las ganancias del juego clandestino, los sospechosos constituyeron más de 30 sociedades ficticias con actividades comerciales diversas, tales como seguridad privada, construcción, procesamiento de carne y desarrollo de software. Estas firmas compartían domicilios fiscales y directivos, y se creaban de manera simultánea en lapsos muy breves.
La base de operaciones se concentró en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza. En esa zona, los imputados adquirieron al menos 20 propiedades que transformaron en oficinas, depósitos y locales. Varios de estos inmuebles figuraban en los registros oficiales como terrenos baldíos, pero en realidad contaban con edificaciones modernas que exhibían la estética de las plataformas de apuestas.
El análisis financiero determinó que el grupo operó un monto mínimo de 4.471.290 dólares en bienes y sociedades. No obstante, la fiscalía estimó que la cifra total asciende a más de 7 millones de dólares y 17.000 millones de pesos al incorporar las acreditaciones bancarias y otros activos.
Los operativos y las detenciones
En octubre de 2025, el Juzgado Federal N° 2 de Morón, a cargo de Jorge Rodríguez, ordenó 53 allanamientos simultáneos en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y San Luis. El procedimiento, ejecutado por 340 efectivos de la Gendarmería Nacional, derivó en la detención de 18 personas.
Durante las irrupciones en el barrio privado Terralagos, ubicado en Canning, los uniformados arrestaron a Roberto Javier Zuco. En ese mismo momento, un dron de la fuerza de seguridad detectó que un allegado al líder intentaba escapar en una camioneta con una valija. Los agentes interceptaron el vehículo en el ingreso del country y hallaron 12 millones de pesos en efectivo en el equipaje.
En esa primera etapa de los procedimientos, los investigadores incautaron más de 60 vehículos, computadoras, teléfonos celulares, armas de fuego y 12 kilos de marihuana.
Parte de ese lote automotor es el que ahora, sin éxito, intentaron recuperar los Zuco.
Más allanamientos y hallazgos de valor
A fines de diciembre de 2025, el juzgado federal ordenó siete nuevos allanamientos en territorio bonaerense tras analizar los teléfonos y la documentación secuestrada en octubre. En estos puntos de ocultamiento, la Gendarmería Nacional incautó 10.236.000 pesos, 2.511.953 dólares, 5.855 euros, 27.060 reales, un lingote de oro de 50 gramos y joyas.
Los detenidos quedaron imputados por lavado de activos agravado y tenencia de estupefacientes para su comercialización bajo la modalidad de organización criminal. En tanto, la Justicia mantiene el pedido de captura nacional e internacional para más de 20 personas que continúan prófugas.
