El primer informe del Monitor de la Reforma Laboral advierte que la «Ley de Modernización Laboral» no revirtió el deterioro del empleo registrado, mientras la informalidad escaló al 45% y las PYMES concentran la mayor caída de actividad.A cuatro meses de la entrada en vigencia de la Ley de Modernización Laboral (N.º 27.802) en marzo de 2026, los datos relevados por la primera edición del Monitor de la Reforma Laboral señalan que la normativa no ha logrado dinamizar la contratación registrada ni frenar el cierre de establecimientos productivos. De acuerdo con el informe —elaborado de forma conjunta por el Instituto Argentina Grande (IAG), Futuros Mejores, CETYD-UNSAM, Fundación SES, CEDAF y Grupo Paternal—, entre la reglamentación del nuevo marco y el período analizado se perdieron 36.000 puestos de trabajo formales en el sector privado y cerraron 6.905 empresas en todo el país. Trece meses de caída en el empleo privado e informalidad récordEl reporte destaca que el deterioro del trabajo privado registrado responde a una tendencia que acumula 13 meses consecutivos de contracción. Desde el cambio de gestión en noviembre de 2023, la destrucción de puestos alcanza un total de 241.200 empleos formales, afectando a la casi totalidad de las ramas económicas, incluidas aquellas consideradas dinámicas como la minería, el petróleo y la intermediación financiera. En este contexto, los indicadores del mercado de trabajo muestran una tendencia hacia la precarización: Tasa de entrada al mercado registrado: Alcanzó un piso de 1,6% sobre el total de ocupados en junio de 2026, lo que explica la constante reducción de la masa asalariada formal. Desempleo y subocupación: La desocupación se ubicó en el 7,9% (+1,7 p.p. respecto al mismo período de 2023), mientras que la subocupación ascendió al 11,5% (+0,9 p.p.). Récord de informalidad: La tasa de empleo no registrado escaló al 45,0% de los ocupados, representando la cifra más alta en la serie histórica de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Volumen del sector informal: Actualmente, más de 6 millones de personas se desempeñan en la informalidad en Argentina. Incremento anual del trabajo informal: En el último año, el sector no registrado sumó 348.000 puestos, impulsados fundamentalmente por modalidades de cuentapropismo. Golpe a las PYMES y cierre masivo de firmasEn el plano empresarial, el estudio contabiliza una pérdida neta de 6.905 empresas en los cuatro meses analizados, lo que equivale a una caída del 1,4% del tejido productivo existente. Tan solo en el último mes relevado se registró la baja de 709 firmas. Ampliando el horizonte temporal desde noviembre de 2023, el cierre acumulado alcanza las 31.342 empresas en todo el territorio nacional. El desplome afecta con especial severidad a las pequeñas y medianas empresas: Impacto por tamaño de nómina: Las unidades productivas de 1 a 10 empleados registraron una reducción del -6,8%, seguidas por las de 11 a 50 empleados (-5,6%) y las de 51 a 100 empleados (-4,1%). Concentración en PYMES: El 47% del total de las empresas cerradas pertenecía a unidades de hasta 100 trabajadores. Sectores más golpeados: Las mayores pérdidas netas se concentraron en Comercio (-8.758 empresas), Transporte y almacenamiento (-6.915) e Industria (-4.158). Distribución territorial: La contracción afectó a 23 de las 24 jurisdicciones del país, siendo el Norte y Cuyo las regiones más castigadas. La excepción neuquina: La provincia de Neuquén fue la única en registrar un saldo positivo, con la creación neta de 72 empresas. Pérdida del poder adquisitivo salarialA la par de la destrucción de empleo formal, los ingresos de los trabajadores continuaron perdiendo terreno frente a la inflación. A cuatro meses de sancionada la reforma, el salario privado registrado acumula una caída real del 3,7% frente al promedio de enero-noviembre de 2023. El IAG aclara que la contracción real ascendería al 8,0% si se toma en cuenta el IPC actualizado no implementado a comienzos de año. En el sector público nacional, el retroceso real alcanza un 37,8% en el mismo lapso. Herramientas de la reforma, Fondos de Asistencia y litigiosidadEl Monitor señala que herramientas centrales de la Ley N.º 27.802, como la ampliación del período de prueba y el banco de horas, no han operado como un incentivo suficiente para dinamizar las contrataciones en el sector privado. Adicionalmente, el estudio sigue de cerca la puesta en marcha de otros instrumentos contemplados en la ley: Fondos de Asistencia Laboral (FAL): Comenzarán a regir con carácter obligatorio en noviembre de 2026 y movilizarán aproximadamente USD 2.000 millones en su primer año. La reglamentación restringe la compra de títulos provinciales y corporativos que no cuenten con calificación AAA, encauzando los recursos de forma casi exclusiva hacia bonos soberanos del Estado Nacional. Actualización indemnizatoria e incertidumbre jurídica: La aplicación del artículo 55 de la norma ha provocado disparidad de criterios en tribunales provinciales. Un expediente sustanciado en San Juan ilustra la volatilidad: al aplicarse la nueva metodología de cálculo, una indemnización proyectada en $6 millones ascendió a casi $160 millones, lo que genera mayor incertidumbre para la planificación del pasivo laboral en las empresas.