Las propuestas de la gestión de Gobierno tuvieron una primera materialización en el Decreto 1112/24 que ampliaba en campo de acción de la Ley 23.554 de Defensa Nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cambios en el entorno internacional ponen a la Argentina frente al siguiente interrogante: ¿estamos frente a una Argentina decidida a proteger sus intereses? La respuesta breve es que finalmente llegó esa oportunidad.

Después de la tiranía de los eufemismos, desde 2024 comenzamos a llamar a las cosas por su nombre, recuperamos la memoria en largo en vez de privilegiar la del corto plazo y finalmente se anunció públicamente un enfoque integral de su política exterior y de defensa nacional y seguridad interior vinculando todos las áreas con la soberanía, la protección de nuestros intereses estratégicos y el control de nuestros espacios de interés. De eso se trata la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

El presente proyecto de ley tiene como propósito manifiesto superar muchos años de ambigüedad y confusión ideológica donde sin tapujos los argentinos podemos volver a hablar de Seguridad Nacional y que avanzaremos en una estrategia integrada que comprenda acciones de la Cancillería, de Defensa Nacional, de seguridad pública, de inteligencia y de economía fundamentalmente.

Desde el inicio de esta gestión se trabajó en propuestas de una visión de la defensa nacional, entendiendo su rol trascendente en materia de protección de intereses nacionales y de soberanía. Esas propuestas tuvieron una primera materialización en el Decreto 1112/24 que ampliaba en campo de acción de la Ley 23.554 de Defensa Nacional.

Esta decisión permitió trabajar en la protección de objetivos estratégicos, infraestructura crítica y fortalecer a través de una presencia activa el control y vigilancia de nuestras fronteras, pasar del discurso del control soberano a las acciones para ejercer ese control, con la adquisición de material militar que estuviera acorde a las necesidades territoriales que Argentina necesita.

La implementación de algunas de estas políticas encontró resguardos legales, diversas trabas políticas en particular por la configuración del Congreso Nacional cuando se comenzó a trabajar en esta modernización de las estructuras de seguridad nacional que finalmente llega a un Congreso que deberá asumir la responsabilidad y mostró la debilidad que aún representa la coordinación inter-ministerial y las competencias de los distintos actores que actúan en la materia, incluso llevando a rebautizar al Ministerio de Seguridad como Ministerio de Seguridad Nacional en lugar de denominarlo Ministerio de Seguridad de la Nación, cuando todos sabemos que la Seguridad Nacional tiene un objetivo y una finalidad que va más allá de la seguridad pública.

La creación del Consejo de Seguridad Nacional es una apuesta a la fluidez interinstitucional y a la coordinación activa para enfrentar todo el espectro de amenazas que afectan el normal desarrollo de la vida de los argentinos.

Además, la creación de dicho Consejo, le va a dar una oportunidad única a los legisladores a partir del consenso democrático establecido en la ley de defensa y la ley de seguridad interior, transformar al mismo en uno dinámico y acorde a los desafíos que enfrentamos, regularizando de manera consistente las decisiones que se toman en pos de la protección de los espacios aeroespaciales, marítimos, fluviales y lacustres, protegiendo las responsabilidades de cada organización según sus competencias y generando una política de estado en torno a la seguridad del país como un todo integral.

El Presidente desde el inicio de su mandato y con gran énfasis sostiene aquello que diversos sectores pregonan desde hace décadas “…un país pobre y sin Fuerzas Armadas, difícilmente puede avanzar de forma efectiva en sus reclamos soberanos. Debemos entender que la prosperidad es condición necesaria para la seguridad y la seguridad es condición necesaria para la supervivencia…”. Una premisa realista, centrada en la realidad del sistema internacional actual y las condiciones geopolíticas que nos imponen y sobre las cuales tenemos que operar con prudencia, e inteligentemente.

Reunión del Ministerio de Seguridad, encabezada por Karina Milei

La política de Seguridad Nacional debe conformar un sistema integrado capaz de enfrentar las amenazas y agresiones que puedan provenir de agentes estatales, no estatales, convencionales, no convencionales, con acciones de extorsión o bloqueo económico, de ataques virtuales y no solo contemplar respuestas o acciones militares como se planificaba en el pasado.

Lo novedoso es prepararse para los desafíos que plantea el conflicto híbrido y aquellas amenazas tradicionales y no tradicionales que tienen como blanco de sus acciones a la población, la infraestructura, el sistema de comunicaciones, los sistemas de mando y control. A discutir en nuestros centros de instrucción las complejidades del conflicto moderno, las diversas aristas que presentan e inclusive las más controversiales. En la era de los robots, el sistema de defensa y de seguridad de Argentina, junto con la mentalidad de muchos que prefieren el status quo a la transformación es un reloj de arena.

El nuevo Sistema Integral de Seguridad Nacional, si esto representa el camino que se aspira transitar, deberá comprender a la defensa nacional, seguridad pública, el servicio exterior, el servicio de inteligencia y la economía como pilares básicos y su finalidad de crear un ámbito seguro para proteger al estado y a sus ciudadanos y que les permita desarrollarse libremente y progresar en orden y en paz.