La decisión del presidente Abelardo de la Espriella, de ordenar el cierre de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) de Valle del Guamuez, Putumayo, donde permanecían 99 personas que se declararon exintegrantes de los Comandos de la Frontera, estructura vinculada a la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (Cneb), desató la reacción de Armando Novoa, exjefe negociador del proceso.
La medida, establecida en la resolución 389 del 9 de septiembre de 2026, regirá hasta el 30 de septiembre y dispuso que la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, junto con las entidades competentes, ejecute un plan de cierre y transición. Ese esquema deberá resolver asuntos administrativos, jurídicos, migratorios, sociales, logísticos y de seguridad antes de que finalice.
Gobierno condicionó la reincorporación a un requisito clave
Esta determinación, a la que reaccionaron algunos de los desmovilizados ya concentrados en este territorio y Armando Novoa, que fue jefe negociador de este proceso, ocurrió después de que el Ejecutivo terminara, el 28 de agosto, la Mesa de Diálogo con la Cneb, de la cual surgió la ZUT. En la decisión se precisó que será el presidente el que defina“cómo, cuándo y con quiénes” negociará.
Los 99 integrantes que ingresaron a la zona ya tienen la condición de desmovilizados colectivos. Según el acto administrativo, entregaron las armas, firmaron compromisos de no repetición y avanzaron en los procedimientos requeridos para su tránsito a la vida civil y definió que sea la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) deberá determinar, caso por caso.
En ese orden de ideas, esta entidad tendrá que garantiza el ingreso y la continuidad de los desmovilizados dentro de su proceso de reintegración, de acuerdo con el análisis hecho. “La Agencia adelantará las actuaciones necesarias con las entidades competentes para definir individualmente el ingreso y la continuidad de las personas reconocidas”, se puntualizó.
¿Qué dijo Armando Novoa frente a la decisión de Abelardo de la Espriella?
En diálogo con El Tiempo, el exjefe negociador del Gobierno con la Cneb cuestionó que la resolución no precise qué ocurrirá con los 99 desmovilizados ni cuál será el mecanismo para asegurar su reincorporación; al señalar entonces un claro retroceso frente a los progresos que, en su concepto, se dio con esta estructura armada que se originó tras la división de la Segunda Marquetalia.
“Es una mala noticia no solamente para las personas que dejaron las armas de manera unilateral y libre con el propósito de reincorporarse a la vida civil, sino también para la región y para las comunidades”, afirmó el exnegociador, que sostuvo que el cierre puede afectar la confianza de futuros grupos armados en procesos de sometimiento o desmovilización que se lleven a cabo.
Con ello, alertó sobre la falta de definiciones jurídicas antes del 30 de septiembre. “No aclara ninguna hoja de ruta”, dijo Novoa. “Si se acaba la zona, significa entonces que las personas que están allí quedan en curso en unos delitos y pueden ser detenidas preventivamente por el Estado”, agregó en defensa de esta mesa de negociación, que tuvo mayor avance en el Gobierno Petro.
En su defensa a este proceso, el exnegociador afirmó que los exintegrantes de los Comandos de la Frontera, que hacen parte del Cneb, podrían quedar expuestos si no reciben respaldo institucional inmediato; más allá de que la resolución establece que la ARN adelantará las actuaciones necesarias para definir su ingreso o continuidad, aunque no detalla cómo funcionará ese acompañamiento.
“Se les deja al garete, dado que el gobierno está haciendo un recorte drástico del presupuesto asignado a esa entidad (ARN). Ese recorte presupuestal dejaría sin posibilidad alguna de atención a las personas que dejaron las armas y adquieren unos derechos y tienen unas expectativas legítimas derivadas de su nueva condición”, expresó Novoa, que pidió reconsiderar esta determinación.
En su argumentación, recordó que el equipo anterior contemplaba un marco jurídico basado en la Ley 418 de 1997 y en la Ley 1908 de 2018, que regula mecanismos de sometimiento a la justicia para estructuras criminales. “La pregunta que cualquier observador desprevenido se hace es cuáles son las reglas, las garantías o las condiciones para continuar adelante con ese trámite”, puntualizó.
