“Con firmeza frente a los fraudulentos, esta ley de Inocencia Fiscal va a poner el foco en quienes han ahorrado de buena fe y este régimen le va a permitir a la Argentina contar con un dinero que está paralizado”. Con ese argumento de Patricia Bullrich al cierre de la votación, el oficialismo en el Senado logró el apoyo de los aliados para darle el Gobierno la Ley la Inocencia Fiscal II. Tras un fuerte debate con la oposición, la votación de este jueves en el Senado se definió por 44 votos a favor y 23 en contra.
El oficialismo logró el acompañamiento de la UCR, el Pro y las fuerzas provinciales, lo que le permitió alcanzar las mayorías ampliamente y dejar en soledad a la bancada peronista. Fue un triunfo para La Libertad Avanza, en medio de una jornada atravesada por los cruces internos por los cambios a último momento que incorporó el Presupuesto 2027 sobre discapacidad.
Desde la bancada Justicialista, José Mayans marcó el tono del rechazo: “Nuestro bloque va a votar en contra porque esta ley se engancha con el programa económico que afecta a los trabajadores, jubilados y pensionados”.
Por su lado, el peronista Fernando Salino cuestionó parte de la letra chica del proyecto: “Propongo que la restricción sea para personas políticamente expuestas, que se deba responder ante ARCA por el incremento patrimonial y que no solo lo hagan funcionarios, sino sus cónyuges, convivientes, ascendientes y descendientes en 1er y 2do grado”.
La sesión estuvo a punto de naufragar por falta de quorum. El oficialismo no alcanzaba los 37 senadores sentados en sus bancas para abrir el recinto de la Cámara alta y a las 11 apenas sumaba 31. La resistencia de los senadores aliados de fuerzas provinciales estaba en los cambios a la ley de Biocombustibles, que se votaba más tarde.
En el salón Rosado del Senado se reunieron con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, los legisladores Carolina Moisés, de Convicción Federal; Julieta Corroza de la Neuquinidad; Beatriz Ávila, de Independencia, y Flavia Royón, de Salta. Tras un compromiso de La Libertad Avanza de aceptar cambios, los opositores aliados ingresaron al recinto donde ya esperaban libertarios, el Pro y la UCR. Así el oficialismo respiró: alcanzó las mayorías requeridas y comenzó la sesión.
Qué significa la Inocencia Fiscal
La sanción de la norma amplía el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias y limita las facultades de fiscalización de la ARCA. Se quitan los límites de ingresos anuales ($1.000 millones) y de patrimonio ($10.000 millones) para poder adherir al Régimen Simplificado de Ganancias. Además, se modifica el concepto de “discrepancia significativa” (fijando un umbral de tolerancia del 15%) y se limita el poder de investigación sobre el crecimiento patrimonial no declarado de los contribuyentes. El tapón fiscal y la presunción de exactitud se extienden hasta el 31 de diciembre de 2027. El Gobierno estima que podrían ingresar al sistema unos US$170 mil millones.
La letra del texto excluye de manera total e incondicional a los funcionarios públicos de los beneficios y presunciones contemplados en el régimen.
La restricción alcanza a quienes ocupen o hayan ocupado cargos de alta responsabilidad pública durante los cinco años anteriores a la adhesión al régimen, además de quienes ejerzan esas funciones posteriormente.
En el Poder Ejecutivo, quedan comprendidos los funcionarios y empleados con rango igual o superior al de secretario de Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires.
En el Poder Legislativo, la exclusión alcanza a diputados y senadores nacionales, legisladores provinciales y porteños, concejales y parlamentarios del Mercosur.
También quedan afuera de los beneficios los magistrados del Poder Judicial y los integrantes del Ministerio Público de todas las jurisdicciones, además de autoridades de organismos de control y enjuiciamiento.
Entre ellos se encuentran los defensores del Pueblo, miembros del Consejo de la Magistratura y de los Jurados de Enjuiciamiento.
Transferencia de la justicia nacional a CABA
Luego de la Ley de Inocencia Fiscal II, el Senado aprobó por 44 votos contra 21 los convenios firmados entre Nación y la ciudad de Buenos Aires de fueros penales, en materia de los delitos penales cometidos por los menores, y de integridad sexual.
El acuerdo transfiere la justicia criminal y correccional de menores a la Ciudad de Buenos Aires, quien asume la investigación y el juzgamiento de delitos no federales cometidos por adolescentes a partir de los 14 años y hasta las 0 horas del día en que cumplan 18, aunque al ser juzgados ya sean mayores.
También comprende a adultos imputados junto con menores por los mismos hechos o hechos conexos, para preservar la unidad de investigación y juzgamiento. Para menores de 14 años, contempla intervenciones judiciales de protección. Se mantienen en la justicia federal los delitos federales y los delitos comunes que, por su conexión con aquellos, deban tramitar en ese fuero.
Además, se acuerda iniciar negociaciones para celebrar convenios específicos de transferencias de recursos. No obstante, no se transfieren las causas iniciadas antes de la fecha del traspaso, incluida la ejecución y el cumplimiento de las medidas o condenas.
Nación se compromete a impulsar las medidas para completar el funcionamiento de la Justicia Nacional de Menores, considerando la resolución de las causas pendientes en plazos razonables. Las cámaras nacionales de Apelaciones y Casación mantienen su intervención en esas causas anteriores. La entrada en vigencia se acuerda a los 120 días corridos desde que el acuerdo esté aprobado por el Congreso y por la Legislatura porteña; y se suscriba el acuerdo específico de transferencia de recursos.
“Quiero celebrar la firma de estos convenios, porque hace 30 años que estamos intentando que CABA ejerza plenamente las competencias jurisdiccionales que le reconoce la Constitución”, sostuvo Bullrich durante la sesión. En ese sentido, remarcó que la transferencia “no es una decisión contra alguien ni una jugada de un espacio político”, sino el cumplimiento de un mandato constitucional.
La legisladora recordó que el proceso de transferencia de competencias hacia la Ciudad comenzó hace años y contó con el acompañamiento de distintos bloques políticos en diferentes etapas. Mencionó, entre otros antecedentes, los convenios vinculados a la competencia sobre armas y las sucesivas transferencias de competencias judiciales, así como el reciente proceso de transferencia de la Justicia Laboral.
“Esto lo único que hace es venir a completar un traspaso de la justicia para igualar a CABA con el resto de las provincias de nuestra Nación”, afirmó Bullrich, y cuestionó que la Nación continúe sosteniendo con recursos de todo el país una estructura de justicia que atiende exclusivamente casos ordinarios de la Ciudad.
En ese sentido, destacó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido institucionalmente a CABA y su capacidad jurisdiccional, particularmente a partir del fallo “Levinas”, que reconoció el rol del Tribunal Superior de Justicia porteño como instancia superior en causas de la Ciudad.
Pliegos judiciales
En otra votación, el Senado avaló este jueves los dictámenes de la Comisión de Acuerdos y designó a los jueces Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania, impulsados para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, y Juan Manuel Mejuto, propuesto para juez de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 8 de la Capital Federal.
