La protesta tendrá lugar en todo el país en reclamo por el incumplimiento del Gobierno Nacional con la Ley de Financiamiento Universitario. En Córdoba, el gremio docente ADIUC se suma a la jornada junto a la comunidad universitaria y otras organizaciones sindicales.

Por quinta vez tendrá lugar la Marcha Federal Universitaria: esta vez, la movilización para exigirle al Gobierno Nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario será el próximo jueves 15 de octubre.

La marcha es impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organizaciones gremiales de docentes y nodocentes y la Federación Universitaria Argentina (FUA).

En Córdoba, la convocatoria tiene el respaldo del Gremio de las y los Docentes e Investigadores de la UNC (ADIUC). La organización llamó a participar de la movilización en defensa de la universidad pública y de los derechos de quienes integran el sistema universitario: personal docente, no docente, estudiantes e investigadores, así como a la comunidad en general en defensa de la educación pública y de calidad.

Casi un año sin cumplir la Ley

El 21 de septiembre, la Justicia Federal le ordenó al Gobierno Nacional avanzar con la aplicación de dos artículos la normativa. Quien dictó la orden fue Martín Cormick, juez del fuero Contencioso Administrativo Federal N° 11.

En caso de no cumplir plenamente con los artículos 5 y 6 de la Ley, que establecen la recomposición salarial y la actualización de las becas, el juez dispuso sanciones económicas para los funcionarios del Poder Ejecutivo responsables. A pesar de esta intimación, el Gobierno Nacional continúa haciendo caso omiso.

El Gobierno Nacional se resiste a financiar las universidades argentinas

La Ley 27.795 fue sancionada en 2025 y establece mecanismos de actualización para distintos componentes del sistema universitario. Posterior a su aprobación y ratificación en el Congreso, la gestión libertaria dispuso en el Decreto 759/2025 la suspensión de su aplicación.

La Justicia cuestionó esa decisión y recientemente declaró la inconstitucionalidad de parte del decreto, considerando que el Poder Ejecutivo no podía suspender la aplicación de una ley aprobada por el Congreso mediante un mecanismo que funcionó como una instancia de veto no contemplada por la Constitución.

El juez Cormick también ordenó nuevamente la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y reclamó al Estado garantizar los recursos correspondientes a salarios, funcionamiento y becas universitarias.La respuesta del Gobierno fue expresar que apelará la resolución judicial; mientras tanto, mantiene su postura inflexible de que la implementación de la norma debe estar sujeta a la disponibilidad presupuestaria y al equilibrio fiscal.

Presupuesto 2027

En su presentación del proyecto de Presupuesto 2027, la gestión libertaria siguió sin contemplar los requerimientos de financiación universitaria establecidos por ley.

La crisis se traduce en la disminución y cierre de becas y programas, la pérdida de poder adquisitivo de las y los trabajadores del sistema universitario y un éxodo de docentes altamente capacitados hacia otros rubros que les permitan salarios dignos, entre otros efectos. Hasta la fecha, los aumentos efectivizados por el Gobierno se encuentran muy por debajo de lo necesario para recomponer el salario perdido en la inflación.

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