A pocos días de concluir sus siete años al frente, Ricaurte Vásquez aseguró que deja una vía interoceánica mejor que la recibida, pero lanzó advertencias sobre la defensa de su régimen institucional, la necesidad de administrar responsablemente el agua y los retos inmediatos de la próxima administración.
Vásquez presentó a los trabajadores del Canal un balance de su gestión, marcada por la pandemia, la crisis hídrica y tensiones geopolíticas que alteraron profundamente el comercio marítimo.
El administrador afirmó que los resultados financieros no surgieron solos, sino que fueron consecuencia de decisiones para fortalecer la operación y su capacidad competitiva global.
“La gratificación más grande es que dejamos un mejor Canal”, manifestó Vásquez sobre la institución que recibió y entrega. Explicó que durante su administración se buscó reconocer el valor del agua y la importancia comercial de la ruta, bajo la premisa de que Panamá debe capturar adecuadamente el beneficio de su posición geográfica privilegiada.
El funcionario colocó la institucionalidad como el legado que debe protegerse. Sostuvo que el sistema de mérito permite reconocer a las personas y destacó que la operación depende de una fuerza laboral motivada y responsable. “Esto no funciona sin la gente”, señaló al defender permanentemente el talento y la rendición de cuentas.
Vásquez recordó la importancia de mantener una visión de largo plazo, lo que incluyó actualizar la planificación del Canal hasta 2035.
A su juicio, la vía necesita una hoja de ruta capaz de responder a un mundo que cambia rápidamente, sin quedar atrapada en decisiones improvisadas ni en las presiones políticas del momento.
Esa preocupación estuvo dirigida a las propuestas de reforma constitucional que podrían modificar el régimen especial. Vásquez calificó el título constitucional del Canal como una creación panameña de escala global y advirtió que cualquier cambio debe considerar los resultados ofrecidos por ese modelo, así como las leyes que protegen su autonomía y funcionamiento.
El agua fue central en su mensaje. Vásquez afirmó que la aparente abundancia del recurso ha reducido la preocupación ciudadana, pese a las señales de escasez y deterioro observadas en distintas regiones.
Aseguró que proteger los ríos, mejorar el abastecimiento y utilizar tecnología en la agricultura deben asumirse como responsabilidades de alcance nacional.
“Si no tenemos agua, la razón de ser del país va a sufrir”, advirtió. El Canal puede aportar conocimiento, ingeniería y tecnología, pero la sociedad panameña debe comprender que el recurso sostiene tanto el consumo humano como la operación de la vía interoceánica y una parte decisiva de la actividad económica panameña.
La crisis de 2023 mostró el riesgo. Las restricciones aplicadas entonces redujeron los tránsitos en 21%, provocaron el paso de unos 2.700 buques menos y representaron pérdidas cercanas a $900 millones. Además del impacto financiero, la situación afectó la confianza de los clientes, que cuentan con rutas alternativas cuando el servicio pierde confiabilidad.
Vásquez defendió la capacidad del Canal para cumplir plenamente sus compromisos. Señaló que durante sus siete años la institución mantuvo sus operaciones y atendió a su fuerza laboral, mientras transfirió al Tesoro Nacional los recursos prometidos. Para el próximo año fiscal, los aportes directos y otros pagos al Estado podrían acercarse a $3.937 millones.
La transición dejará la administración en manos de Ilya Espino de Marotta, seleccionada para dirigir el Canal durante el periodo 2026-2033. La ingeniera, con más de cuatro décadas de trayectoria profesional dentro de la institución, será la primera mujer en administrarlo y tendrá entre sus principales desafíos la seguridad hídrica y competitividad de la ruta.
En su mensaje, Vásquez pidió a los trabajadores recordar de dónde viene la institución para comprender hacia dónde dirigir sus esfuerzos futuros. Su despedida dejó una idea central para el país: el Canal no solo debe producir ingresos, sino proteger el valor del agua y la ruta, junto con la defensa de su institucionalidad, activos que pertenecen a Panamá.
