La casaquinta de Pilar vinculada a presuntos testaferros de dirigentes de la AFA se quedó de manera definitiva sin custodia policial, en tanto avanza una segunda pericia para determinar el valor de mercado de la propiedad, los 54 vehículos y bienes de lujo encontrados en el lugar.
Se trata de dos decisiones que tomó el juez federal de Campana Adrián González Charvay y que acaban de ser confirmadas por la Cámara Federal de San Martín.
El Tribunal de Apelaciones recuperó el rol revisor sobre el expediente luego que la Cámara Federal de Casación dispuso que la causa penal salga del fuero en lo penal económico porteño y vuelva al juzgado federal de Campana, como había reclamado la defensa de los supuestos testaferros Luciano Pantano y Ana Conte.
La consigna policial
Cuando quedó a cargo por primera vez de la investigación en enero pasado, el juez González Charvay ordenó el cese de la consigna policial que hasta entonces controlaba los ingresos y egresos de personas y vehículos en la propiedad de la calle Misiones 4097, en Villa Rosa.
La decisión se basó en que la finalidad original de esa medida -el control sobre quienes accedían al predio- ya se encontraba resguardada por otras disposiciones: los embargos preventivos sobre el inmueble y los vehículos y la “prohibición de innovar” sobre esos bienes.
La resolución de sacar a la policía del lugar fue apelada por la fiscalía por “prematura” porque “podría dar lugar a que se frustre la finalidad” que tuvo en cuenta el primer juez del caso, el federal porteño Daniel Rafecas, cuando dispuso la medida en diciembre de 2025 para asegurar la “custodia y conservación” de los bienes. Por su parte, los camaristas de San Martín Juan Pablo Salas y Alberto Lugones rechazaron la apelación y ratificaron la decisión de González Charvay.
Otra tasación
Casi en simultáneo, el juez de primera instancia de Campana ordenó el 28 de enero una nueva tasación integral de los bienes. Se encomendó al cuerpo de peritos tasadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación realizar una valuación de mercado que abarca el predio de Villa Rosa y sus instalaciones, las obras de arte (pinturas, esculturas y piezas similares) y los bienes muebles relevados en el interior de la mansión, además de los vehículos y motovehículos encontrados en el galpón de la propiedad.
La casaquinta, de unos 105.000 metros cuadrados, incluye una mansión, un haras y un helipuerto. Durante un allanamiento se hallaron 54 vehículos de alta gama y de colección, valorados en conjunto en cerca de cuatro millones de dólares.
Una tasación pericial anterior fijó el valor total de la propiedad en aproximadamente 17 millones de dólares, muy por encima de los 1,8 millones de dólares por los que fue escriturada. Pero ahora está en marcha la segunda pericia que se ordenó en enero y que tuvo una reunión de peritos de parte el 7 de septiembre pasado. La Fiscalía objetó puntos periciales y el modo de realización del estudio, pero el planteo fue rechazado también por el Tribunal de Apelaciones bonaerense.
Los jueces de Cámara Juan Pablo Salas y Alberto Lugones confirmaron el criterio del juez de primera instancia. El tribunal señaló que “las cuestiones relativas a la disposición y el modo de realización de las medidas de instrucción son de resorte exclusivo del magistrado”.
En un incidente paralelo, la Cámara rechazó además un planteo de la defensa de Luciano Pantano y su madre Ana Conte -imputados como presuntos testaferros-, quienes habían pedido que la tasación de los inmuebles ubicados en la Provincia de Buenos Aires fuera realizada por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) en lugar del cuerpo pericial de la Corte Suprema. El juzgado rechazó esa petición e invitó a las partes a proponer peritos propios y puntos periciales adicionales.
La Cámara sostuvo que no se verificó vulneración de garantías constitucionales, y destacó que la propia defensa designó una martillera como perito de parte, quien ya participó de una reunión de peritos realizada el 7 de septiembre pasado.
La causa, iniciada en diciembre de 2025 a partir de una denuncia de Elisa Carrió, Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, investiga si Pantano y Conte adquirieron la propiedad de Villa Rosa mediante la firma Real Central SRL como presuntos testaferros de dirigentes de la AFA. La pesquisa busca establecer el origen de los fondos utilizados y su eventual vinculación con Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino, de quien se encontraron pertenencias personales durante el allanamiento.
Durante casi nueve meses fue centro de un conflicto entre juzgados por el lugar donde debe investigarse hasta que la Cámara Federal de Casación resolvió que siga en Campana. Esta resolución fue apelada por la fiscalía ante esa instancia, que busca llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que el caso tramite en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.
