La exprocuradora general de la Nación durante el gobierno de Cristina Kirchner, Alejandra Gils Carbó, comenzó a ser juzgada este martes por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública en la compra de un edificio para la Procuración General, ubicado en Perón 667, en la ciudad de Buenos Aires.
El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal 8, integrado por los jueces Gabriela López Iñíguez, Nicolás Toselli y Sabrina Namer. En la primera audiencia, realizada en el subsuelo de los tribunales de Comodoro Py 2002, se leyó la acusación fiscal en presencia de la exfuncionaria y otros acusados.
La investigación apunta al proceso de adquisición del inmueble, que tuvo un costo de $ 43.850.000, y a las comisiones abonadas durante la operación. La acusación está a cargo del fiscal Marcelo Colombo.
Según la investigación, la licitación habría sido direccionada con el objetivo de beneficiar a la empresa propietaria del edificio y a los intermediarios que participaron de la compraventa. Además. se sostuvo que estuvo acordada de antemano.
Además de Gils Carbó, son juzgados el productor de seguros Juan Carlos Thill; Bárbara Jaureguiberry, representante de Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios SA; y Adrián González Fischer, exdirectivo de Arfinsa Argentina Financiera SA, la firma que vendió el inmueble.
Licitación simulada
Según la acusación, los imputados habrían empleado mecanismos para dotar de apariencia legal a la licitación pública, aunque la compra del edificio habría sido acordada antes de que se realizara el procedimiento. La hipótesis sostiene que existió un entendimiento previo con ejecutivos de Arfinsa.
El expediente que investigaron el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano señala que la operación en 2013 se concretó después de que fuera anulada una licitación anterior, la N.º 17/2012. Para los investigadores, aquella contratación alternativa habría permitido adquirir el inmueble por cerca de $ 27 millones, frente a los $ 43,85 millones que finalmente pagó el Ministerio Público Fiscal.
Según el requerimiento de elevación a juicio leído en esta primera audiencia, las comisiones superaron el 14 % del valor de la operación.
A su vez, la acusación indica que Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios pagó $ 3 millones a Thill por tareas de asesoramiento. El productor de seguros era medio hermano de Guillermo Bellingi, quien se desempeñaba como subdirector de la Procuración General y falleció poco antes de iniciarse el juicio.
Se prevé que declaren un centenar de testigos en la investigación que se abrió en 2016. Ercolini procesó a la exprocuradora por supuesta administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. La Cámara Federal porteña descartó que estuviera probado un perjuicio económico contra el Estado, aunque confirmó la continuidad de la acusación por negociaciones incompatibles con la función pública.
Gils Carbó ejerció como procuradora general desde 2012 hasta 2017. Su defensa sostiene que la compra fue legítima y que la exfuncionaria no cometió delito. En el debate oral la defiende el abogado Alejandro Rúa.
La acusación
Según la acusación, Gils Carbó habría incumplido de manera consciente sus deberes como funcionaria pública y diseñado un plan para comprar el inmueble para el Ministerio Público Fiscal bajo la apariencia de una licitación pública.
La operación habría generado ganancias indebidas para algunos de sus participantes y un perjuicio patrimonial para el Estado. La empresa Arfinsa, vinculada al Grupo Bemberg, recibió los 43.850.000 de la venta y luego pagó $ 7,7 millones a la inmobiliaria de Jaureguiberry por su intervención.
Además habría habido acceso anticipado a información sobre el pliego y las fechas de la licitación. De acuerdo con la investigación, esos datos procedían del vínculo familiar del acusado Thill con el fallecido Bellingi. Cuando se conoció que ambos eran medio hermanos, Gils Carbó suspendió al entonces subdirector de la Procuración y ordenó un sumario administrativo para determinar sus responsabilidades.
