Al margen de la Asamblea General de la ONU, se espera que 14 países sigan el ejemplo de Washington al designar a 25 grupos criminales como organizaciones terroristas.
A medida que el gobierno de Donald Trump intenta volver a enfocar la atención en el hemisferio occidental tras meses de guerra en Irán, los funcionarios buscan intensificar la lucha contra los cárteles latinoamericanos.
Se espera que durante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas esta semana, autoridades del Departamento de Estado anuncien que 14 países de América Latina y el Caribe denominen a 25 grupos delictivos como organizaciones terroristas, según funcionarios estadounidenses y latinoamericanos. Los grupos ya han sido designados como organizaciones terroristas extranjeras por Washington.
"Al asumir el cargo, designé a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras y di vía libre a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para eliminarlos", dijo el presidente Trump en su intervención ante la Asamblea General el martes. "Los cárteles son el ISIS del hemisferio occidental; no son buena gente".
La medida, dicen los analistas, ayuda a sentar las bases para posibles ataques militares contra grupos criminales acusados de narcotráfico.
La declaración conjunta será anunciada al margen de la Asamblea General, según dos funcionarios estadounidenses, quienes pidieron no ser nombrados porque no estaban autorizados para hablar públicamente.
El mecanismo formal para la designación es el Tratado de Río, dijeron los funcionarios, un pacto de defensa de 1947 entre más de una decena de naciones del hemisferio occidental que sostiene que un ataque a un miembro constituye un ataque a todos.
La medida marcaría la primera vez que un grupo de gobiernos latinoamericanos firma de manera colectiva una amplia designación de terrorismo junto con Washington.
Los países que firman la declaración --los cuales pertenecen al Escudo de las Américas, una alianza de países con gobiernos conservadores formada por el gobierno de Trump-- son Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica, la República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.
Perú y Paraguay confirmaron que habían firmado la declaración conjunta. El Departamento de Estado y los gobiernos de los otros países no respondieron en un primer momento a las solicitudes de comentarios.
Exfuncionarios y expertos estadounidenses dijeron que la medida podría tener efectos amplios en la región. "Lo están haciendo en la AGNU para tratar de darle legitimidad", dijo Todd Robinson, quien fue subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley en el Departamento de Estado durante el mandato del presidente Joe Biden. "Pero creo que la estrategia es básicamente incorrecta. Las organizaciones delictivas no son organizaciones terroristas".
Robinson dijo que Estados Unidos había logrado más avances en la lucha contra los traficantes en América Latina al enfocarse en el "aparato de seguridad civil que está capacitado para perseguir a estas organizaciones: ir por su dinero, recopilar pruebas, acusar y procesar y para, bajo el estado de derecho, llevar a estas personas ante la justicia".
Un enfoque militarizado, por el contrario, no ha logrado frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y podría resultar en ejecuciones extrajudiciales, dijo Robinson. "Ya ha sucedido", dijo, y mencionó ataques letales a embarcaciones que el gobierno de Trump dijo que transportaban drogas, sin aportar pruebas,.
Los ataques a las embarcaciones, que han quitado la vida a más de 220 personas, violan el derecho internacional y podrían constituir crímenes de lesa humanidad, escribió esta semana un experto legal de la ONU.
Desde que el presidente Trump regresó al cargo, el Departamento de Estado ha agregado alrededor de 20 grupos latinoamericanos y caribeños a la lista de organizaciones terroristas extranjeras de Estados Unidos.
La lista incluye importantes cárteles como el Cártel de Sinaloa de México; bandas transnacionales como el Tren de Aragua, que se formó en Venezuela; y bandas ecuatorianas que, según funcionarios estadounidenses, suministran cocaína a los cárteles mexicanos. Trump ha acusado a los grupos de atacar a Estados Unidos inundándolo de drogas y de migrantes a quienes ha vinculado con el crimen.
Si bien la designación de terrorismo ofrece herramientas para congelar o incautar activos radicados en Estados Unidos, no autoriza, por sí sola, operaciones militares. No obstante, el gobierno de Trump se ha apoyado en sus designaciones al anunciar ataques militares.
La designación coordinada de los mismos grupos como organizaciones terroristas por parte de países latinoamericanos parece ser parte del esfuerzo del gobierno para perseguir a esos grupos utilizando la fuerza militar, y para reformular lo que los críticos ven como una agenda impulsada por Estados Unidos como una prioridad regional compartida, dijo Gimena Sánchez, directora para los Andes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, un grupo de investigación.
Pero las designaciones podrían vulnerar la soberanía nacional y las leyes de cada país que rigen el uso de la fuerza, añadió.
Catalogar a los grupos como organizaciones terroristas, dijo Sánchez, también ocasionaría bombardeos que podrían poner en peligro a civiles y tendría el potencial de ampliar el poder de los gobiernos para apuntar contra los ciudadanos, lo que permitiría a las autoridades acusar a prácticamente cualquier persona, incluidos los opositores políticos, de ser "proterrorista".
Juan Pablo Segura, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, y la exsecretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, ahora enviada especial para el Escudo de las Américas, se reunieron la semana pasada en Washington con diplomáticos de 14 países latinoamericanos para preparar la declaración.
Este mes, luego de un viaje del secretario de Estado Marco Rubio a Colombia, Ecuador y Perú, funcionarios estadounidenses anunciaron que 52 millones de dólares en ayuda militar serían redirigidos desde ciertos países de Medio Oriente y Europa a esos tres países, así como a Panamá, para combatir el "narcoterrorismo" y asegurar el Canal de Panamá.
Mitra Taj colaboró con reportería desde Lima, y Lucía Cholakian Herrera desde Buenos Aires.
Mitra Taj colaboró con reportería desde Lima, y Lucía Cholakian Herrera desde Buenos Aires.
