El primer informe nacional del Comité para la Prevención de la Tortura contabilizó los fallecimientos ocurridos en cárceles, comisarías y procedimientos de las fuerzas de seguridad entre 2022 y 2024. Las personas jóvenes están sobrerrepresentadas, las muertes por enfermedades predominan en las cárceles y las causas externas tienen mayor peso en dependencias policiales.
Entre 2022 y 2024, al menos 1.716 personas murieron bajo custodia penitenciaria o policial, o en el marco de intervenciones de las fuerzas de seguridad en Argentina. La cifra surge del primer informe de integración del Registro Nacional de Muertes Bajo Custodia y en el Marco de Intervenciones de Fuerzas de Seguridad, elaborado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), que reconstruyó los casos a partir del cruce de fuentes oficiales, judiciales e independientes.
El documento, elaborado en agosto de 2026, constituye el primer esfuerzo sistemático de alcance nacional para dimensionar un fenómeno que hasta ahora no contaba con información consolidada. Sus resultados permiten identificar patrones de mortalidad, diferencias entre jurisdicciones y condiciones institucionales que requieren atención, además de poner en discusión las responsabilidades del Estado en la protección de la vida de las personas detenidas.
El relevamiento registró al menos 539 muertes en 2022, 514 en 2023 y 663 en 2024. El CNPT advierte, sin embargo, que estas cifras deben interpretarse como un piso mínimo, especialmente en lo que respecta a los fallecimientos producidos durante intervenciones de las fuerzas de seguridad en la vía pública, donde persisten importantes vacíos de información.
La investigación distingue tres ámbitos. El encierro penitenciario, la custodia en dependencias policiales y las muertes ocurridas durante el despliegue de las fuerzas de seguridad en el territorio. Esta diferenciación resulta central porque los patrones de mortalidad y los factores de riesgo no son iguales en cada contexto.
La obligación del Estado de proteger la vida
El informe parte de un principio fundamental. Cuando una persona se encuentra bajo custodia estatal, las autoridades tienen una responsabilidad especial sobre su vida y su integridad física. Esa obligación no se limita a evitar el uso ilegítimo de la fuerza, sino que también comprende la prevención de enfermedades, la atención sanitaria oportuna, la protección frente a agresiones y la intervención ante situaciones de riesgo.
En línea con el Protocolo de Minnesota de Naciones Unidas y las Reglas Mandela para el tratamiento de las personas privadas de libertad, el CNPT sostiene que las muertes ocurridas bajo custodia deben considerarse potencialmente ilícitas y ser investigadas de manera independiente, diligente y exhaustiva.
Esto no significa que todos los fallecimientos sean necesariamente consecuencia de un delito o de una acción directa de agentes estatales. Implica que las circunstancias deben esclarecerse y que las investigaciones no pueden descartar de antemano una eventual responsabilidad por acción u omisión.
La obligación de protección alcanza también a las personas que mueren después de ser trasladadas desde un establecimiento de detención a un centro de salud, así como a quienes fallecen durante intervenciones policiales en la vía pública.
En este marco, el Registro Nacional de Muertes Bajo Custodia (RNM) busca superar una histórica fragmentación de los datos. Para construirlo, el Comité reunió información de organismos penitenciarios y policiales, poderes judiciales, fiscalías, mecanismos locales de prevención de la tortura, certificados de defunción, expedientes, testimonios de familiares y personas detenidas, además de relevamientos periodísticos.
El cruce permitió identificar fallecimientos que no aparecían en algunos registros y advertir diferencias entre las versiones oficiales y la información producida por organismos independientes. Aun así, el CNPT aclara que la calidad y la cobertura de los datos varían entre jurisdicciones y que las clasificaciones pueden modificarse a medida que avanzan las investigaciones.
Cárceles argentinas: 1.115 muertes entre 2022 y 2024
El sistema penitenciario concentró la mayor cantidad de fallecimientos registrados. 1.115 personas murieron mientras estaban alojadas en cárceles y alcaidías penitenciarias durante el período analizado.
La evolución anual fue de 372 muertes en 2022, 326 en 2023 y 417 en 2024. El incremento del último año fue significativo en términos absolutos, aunque la tasa de mortalidad se mantuvo relativamente estable. En promedio, el sistema registró algo más de tres fallecimientos por cada mil personas privadas de libertad al año. El organismo traduce esa dimensión en una frecuencia aproximada de una muerte cada dieciséis horas durante el trienio.
La comparación entre países también aporta elementos para el análisis. Según el CNPT, Argentina presenta tasas de mortalidad penitenciaria similares e incluso superiores a las de otros países de la región, pese a contar con una población carcelaria menor que la de Brasil y Uruguay. El dato sugiere que la cantidad de personas encarceladas no explica por sí sola los niveles de mortalidad.
El informe también identifica diferencias importantes dentro del país. Si bien los sistemas penitenciarios más poblados concentran una mayor cantidad de fallecimientos, la mortalidad relativa varía entre provincias y jurisdicciones federales. Hubo muertes en todas las jurisdicciones durante el período estudiado.
Las enfermedades, principal causa de muerte en las cárceles
Las enfermedades fueron la causa predominante de los fallecimientos en establecimientos penitenciarios. En 2022 se registraron 222 muertes por esta causa; en 2023, 197; y en 2024, 274. En conjunto, representaron cerca de siete de cada diez decesos en el ámbito penitenciario.
Las causas externas -entre ellas, agresiones, suicidios y siniestros- explicaron aproximadamente una cuarta parte de las muertes, mientras que alrededor del 10% quedó clasificado como desconocido por falta de información suficiente.
El informe advierte que los fallecimientos asociados a enfermedades no deben analizarse exclusivamente como desenlaces naturales. La detección tardía de patologías, las dificultades para acceder a tratamientos adecuados y las deficiencias en el seguimiento clínico pueden agravar enfermedades que requieren atención oportuna.
Las diferencias territoriales son marcadas. En la provincia de Buenos Aires, más del 80% de las muertes penitenciarias registradas se vinculó con problemas de salud. En Neuquén y San Luis, en cambio, predominaron las causas externas, que representaron más del 60% de los fallecimientos en los respectivos sistemas penitenciarios.
El CNPT señala que estas variaciones requieren políticas de prevención adaptadas a cada realidad. No alcanza con abordar los problemas sanitarios si no se atienden también la violencia, las condiciones materiales del encierro y las prácticas institucionales que pueden incrementar el riesgo de muerte.
Personas jóvenes entre las víctimas
Aunque las muertes penitenciarias se concentran en edades cercanas a los 47 años, el 36% de las personas fallecidas tenía menos de 40 años. El informe compara esa proporción con el 4% observado en la población general y subraya la relevancia de analizar las diferencias por edad para evitar comparaciones engañosas.
Al considerar tasas específicas por grupo etario, el organismo encontró que entre las personas adultas menores de 40 años se registraron al menos dos muertes por cada mil personas presas, frente a una muerte por cada mil habitantes de la misma franja etaria en la población general.
La brecha se amplía al analizar las causas externas, cuyas tasas en el encierro pueden duplicar o triplicar las registradas fuera de él.
La mayoría de las personas fallecidas eran varones, en consonancia con la composición de la población encarcelada. Sin embargo, la proporción de mujeres entre los decesos penitenciarios aumentó del 3,3% en 2022 al 4,4% en 2024.
Comisarías y dependencias policiales, una mortalidad más elevada
Entre 2022 y 2024, el registro identificó 212 muertes bajo custodia policial. Uno de los principales hallazgos es la elevada tasa de mortalidad en estos espacios, que en 2024 alcanzó 6,4 fallecimientos por cada mil personas detenidas, frente a alrededor de 3,4 por cada mil en el ámbito penitenciario.
La diferencia resulta especialmente preocupante porque el informe no registró un aumento de la población bajo custodia policial a nivel nacional durante el período que explique ese comportamiento.
El CNPT aclara que las dependencias policiales presentan realidades diversas; varían tanto la cantidad de personas alojadas como las funciones que cumplen estos establecimientos en cada jurisdicción. Por eso, el volumen de muertes debe analizarse en relación con la población detenida y las características del sistema local.
A diferencia de lo que ocurre en las cárceles, las causas externas predominan en el ámbito policial y representan aproximadamente seis de cada diez fallecimientos. Se incluyen en esta categoría los suicidios, las agresiones, los siniestros y otros hechos que no se atribuyen a enfermedades.
También se registra una población fallecida más joven. La edad promedio fue de 39 años y casi el 60% tenía menos de 40. La mayoría eran varones, aunque el registro también identificó muertes de mujeres y personas trans.
El organismo advierte que persisten limitaciones en la calidad de la información sobre las muertes en dependencias policiales. Una proporción significativa permanece clasificada como desconocida, lo que dificulta reconstruir las circunstancias de los hechos y determinar qué medidas de prevención habrían sido necesarias.
Al menos 389 muertes durante intervenciones de las fuerzas de seguridad
El tercer ámbito relevado comprende los fallecimientos producidos durante intervenciones de las fuerzas de seguridad en el territorio, principalmente en procedimientos de aprehensión, detención y persecución.
El CNPT identificó al menos 389 muertes entre 2022 y 2024. Sin embargo, la cobertura de los datos no alcanza a todas las jurisdicciones, por lo que el organismo advierte que existe un importante subregistro y que no es posible construir tasas nacionales confiables para este tipo de hechos.
Los casos relevados se concentran principalmente en intervenciones de las policías de la provincia de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las fuerzas federales. El informe vincula esa concentración tanto con la densidad poblacional como con la mayor capacidad de registro institucional en esos territorios.
El perfil de las víctimas muestra nuevamente un fuerte impacto sobre personas jóvenes. Casi cuatro de cada diez tenían menos de 21 años y siete de cada diez no habían cumplido los 30.
Todas estas muertes fueron clasificadas como causas externas. En su gran mayoría estuvieron relacionadas con agresiones directas, incluidos disparos de armas de fuego, golpizas y otros episodios de violencia. Ocho de cada diez casos involucraron armas de fuego. El documento también señala una presencia significativa de agentes fuera de servicio y un porcentaje menor de muertes durante persecuciones policiales.
Los datos permiten advertir que la letalidad en intervenciones de las fuerzas de seguridad no constituye un fenómeno aislado. Sin embargo, las limitaciones de los registros impiden dimensionar con precisión su alcance nacional y establecer comparaciones completas entre jurisdicciones.
Agresiones, suicidios y enfermedades infecciosas
El análisis de las causas de muerte permite profundizar en las condiciones que rodean los fallecimientos en contextos de encierro y durante procedimientos de seguridad.
El registro identificó 413 muertes por agresiones durante el período. Se trata de la principal causa dentro de las muertes por causas externas e incluye tanto hechos de violencia entre personas privadas de libertad como episodios vinculados con el uso directo de la fuerza por parte de agentes estatales.
La incidencia de estas muertes es superior a la registrada en la población general. El CNPT destaca, además, que los casos afectan especialmente a varones jóvenes y que persisten dificultades para investigar y sancionar los hechos.
En cuanto a los suicidios, se contabilizaron 205 fallecimientos en dependencias policiales y establecimientos penitenciarios. De ese total, 146 ocurrieron en el ámbito penitenciario y 59 en dependencias policiales.
El informe advierte que la identificación de estas muertes presenta dificultades específicas. Las autolesiones, las medidas extremas de protesta, las sobredosis y otras situaciones pueden confundirse con suicidios si no se reconstruyen adecuadamente las circunstancias del fallecimiento. Una clasificación incorrecta puede conducir a diagnósticos erróneos y dificultar la prevención de hechos futuros.
Los suicidios se concentran en personas jóvenes y ocurren con frecuencia en celdas, en momentos críticos como el ingreso al sistema de encierro o bajo modalidades de aislamiento solitario. El CNPT señala la necesidad de fortalecer la prevención, la atención de la salud mental y la revisión de las prácticas institucionales que incrementan el riesgo.
Las enfermedades infecciosas también representan un problema relevante. El registro identificó 112 muertes por este tipo de patologías, entre las que sobresalen la tuberculosis y el VIH.
En el período analizado se registraron al menos 64 fallecimientos por tuberculosis en cárceles, alcaidías y comisarías. Cincuenta ocurrieron en la provincia de Buenos Aires; también se identificaron casos en Salta, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Corrientes, Jujuy, Misiones y Tierra del Fuego.
La comparación elaborada por el CNPT muestra una diferencia pronunciada. Durante el trienio se registró una muerte por tuberculosis cada 50.000 habitantes en la población general, frente a una cada 5.000 personas privadas de libertad. El organismo señala como factores de riesgo el hacinamiento, la falta de ventilación, el humo de tabaco y la desnutrición.
Por su parte, se contabilizaron 23 muertes asociadas al VIH, de las cuales 22 ocurrieron en cárceles. Los casos se concentraron principalmente en el Servicio Penitenciario Bonaerense, aunque también hubo fallecimientos en otras jurisdicciones, incluida Córdoba.
El documento plantea que estos datos deben analizarse en relación con el acceso al diagnóstico, los tratamientos y el seguimiento médico de las personas detenidas.
Muertes que permanecen sin esclarecer
El registro clasificó 134 fallecimientos como de causa no determinada. Son casos en los que existen dudas sobre la intencionalidad o las circunstancias del deceso, muchas veces por falta de información suficiente o por la existencia de versiones contradictorias.
Entre las situaciones mencionadas aparecen ahorcamientos, posibles sobredosis, incendios y episodios relacionados con crisis de salud mental. El CNPT advierte que la categoría no constituye una causa de muerte en sí misma, sino que expresa las limitaciones para establecer con precisión qué ocurrió.
También se registraron 54 muertes por siniestros. En establecimientos penitenciarios y policiales, estos casos estuvieron vinculados con incendios, electrocuciones e intoxicaciones; en la vía pública, se destacaron los siniestros viales durante persecuciones policiales.
Aunque inicialmente puedan clasificarse como accidentes, el organismo señala que estos hechos requieren un análisis cuidadoso para determinar si existieron acciones imprudentes, intervenciones desproporcionadas u otras responsabilidades estatales.
Las investigaciones judiciales, bajo la lupa del CNPT
Uno de los apartados centrales del informe está dedicado a la respuesta judicial ante las muertes potencialmente ilícitas. El diagnóstico del organismo identifica deficiencias que se repiten en distintas jurisdicciones y que dificultan esclarecer los hechos, establecer responsabilidades y garantizar la reparación a las víctimas.
Según el CNPT, salvo contadas excepciones, las investigaciones monitoreadas no muestran avances sustanciales en cuestiones fundamentales. Reconstruir integralmente las circunstancias de los fallecimientos, identificar y sancionar las responsabilidades correspondientes y asegurar una reparación adecuada.
El organismo advierte que estas falencias no pueden explicarse únicamente como errores aislados o limitaciones técnicas. Entre los problemas estructurales identificados se encuentra el hecho de que las propias instituciones que podrían tener responsabilidad en una muerte suelen controlar inicialmente las evidencias, producir y conservar pruebas y aportar las primeras versiones de lo sucedido.
Esta situación vuelve especialmente importante la intervención independiente desde las primeras etapas de una investigación, para evitar la pérdida de elementos probatorios y garantizar que las distintas hipótesis sean examinadas con rigor.
Las deficiencias judiciales tienen consecuencias que van más allá de cada expediente. Cuando una muerte no se esclarece, se dificulta establecer responsabilidades, pero también se pierde información indispensable para detectar patrones, identificar prácticas riesgosas y diseñar políticas de prevención.
El CNPT sostiene que la falta de investigaciones exhaustivas contribuye al subregistro y al elevado número de fallecimientos cuya causa permanece desconocida. De ese modo, los obstáculos para acceder a la verdad y a la justicia también reducen la capacidad del Estado para evitar nuevas muertes.
El informe, no obstante, identifica experiencias positivas en las que la intervención judicial temprana, la preservación de pruebas y la articulación con organismos de control permitieron avanzar en el esclarecimiento de los hechos y en la atribución de responsabilidades.
Esos casos muestran que la aplicación de estándares adecuados puede producir resultados concretos, aunque el organismo considera que todavía no constituyen la regla general.
Un registro nacional para prevenir nuevas muertes
La creación del Registro Nacional de Muertes Bajo Custodia representa un avance para superar la dispersión histórica de la información. Hasta la elaboración de este informe, Argentina no contaba con una base consolidada que permitiera analizar conjuntamente los fallecimientos en cárceles, comisarías y procedimientos de las fuerzas de seguridad.
No obstante, el CNPT reconoce que el trabajo todavía enfrenta limitaciones. En particular, los datos sobre intervenciones policiales en la vía pública presentan una cobertura incompleta y las fuentes disponibles no tienen el mismo grado de independencia ni de detalle en todas las jurisdicciones.
El organismo advierte, en simultáneo, que la clasificación de los fallecimientos es provisoria y puede cambiar a medida que se obtenga nueva información o avancen las investigaciones judiciales.
Aun con esas restricciones, los resultados permiten identificar tendencias. Una mortalidad penitenciaria que se mantiene por encima de tres muertes por cada mil personas presas al año; una tasa considerablemente más elevada en dependencias policiales; una presencia desproporcionada de personas jóvenes entre las víctimas; y una elevada incidencia de enfermedades en las cárceles y de causas externas en el ámbito policial.
El informe concluye que estos fallecimientos no pueden comprenderse como hechos aislados. Las diferencias entre territorios, las condiciones materiales del encierro, las prácticas de intervención de las fuerzas de seguridad y las deficiencias en las investigaciones constituyen dimensiones centrales para comprender el fenómeno.
Frente a ese escenario, la prevención exige fortalecer la atención sanitaria, mejorar las condiciones de detención, desarrollar mecanismos eficaces para reducir la violencia, revisar las intervenciones que pueden derivar en resultados letales y garantizar investigaciones independientes y exhaustivas.
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