En un escenario cruzado por la creciente frecuencia de eventos climáticos de alta intensidad y el impacto latente del fenómeno de El Niño, la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires sumó una discusión clave para el esquema productivo y social bonaerense.
Un nuevo proyecto de ley busca instituir un Régimen de Emergencia Climática y de Asistencia ante Eventos Hidrometeorológicos Extraordinarios.
La iniciativa pretende equipar al Poder Ejecutivo provincial con herramientas ágiles de prevención, mitigación y reparación de daños frente a contingencias ambientales extremas.
El núcleo conceptual de la norma apunta a saldar una demanda histórica del interior bonaerense: reducir los tiempos de respuesta del Estado cuando tormentas severas, inundaciones o anegamientos castigan las áreas rurales e infraestructuras productivas.
Para lograrlo, la propuesta faculta al gobierno provincial a decretar la emergencia de manera inmediata, ya sea con alcance general para todo el territorio bonaerense o acotada a municipios, cuencas o regiones geográficas específicas según el grado de afectación.
El marco regulatorio contempla que la declaración de emergencia por decreto tenga un plazo tope de 180 días corridos, con la facultad de prorrogarlo por un período idéntico si persisten los condicionantes climáticos.
Dicho decreto deberá detallar las causas, la delimitación territorial, las acciones prioritarias y comunicarse formalmente a la Legislatura y al Tribunal de Cuentas dentro de las 48 horas de su emisión.
La impulsora de la propuesta, la senadora Malena Galmarini, sostuvo que la norma busca que la provincia tenga un marco jurídico previsible para actuar con rapidez y priorizar la protección de las vidas, los bienes y los servicios esenciales.
Financiamiento y coordinación
Uno de los pilares más determinantes para el agro bonaerense radica en las herramientas de auxilio económico directo.
El texto contempla la ejecución prioritaria de obras públicas urgentes y la posibilidad de otorgar asistencia financiera directa a productores agropecuarios, familias damnificadas, municipios, comercios e instituciones que puedan certificar los daños sufridos.
La medida representa un respaldo directo para un sector expuesto a perder cosechas, hacienda o transitabilidad en caminos rurales a causa del clima severo.
Para garantizar el sustento operativo del plan, la ley contemplaría la creación del Fondo Provincial de Emergencia Climática.
Este instrumento financiero se nutrirá de partidas presupuestarias provinciales, reasignaciones de recursos, aportes del Estado nacional, donaciones y financiamiento externo proveniente de organismos internacionales.
De esta manera, la provincia busca asegurar liquidez previa sin depender de partidas de asistencia improvisadas tras la ocurrencia del desastre.
En paralelo, la norma crearía la Mesa Interministerial de Emergencia Climática con el objetivo de eliminar la burocracia y unificar la respuesta estatal.
Este cuerpo estará compuesto por representantes de las carteras de Desarrollo Agrario, Ambiente, Infraestructura, Seguridad, Economía, Salud y Desarrollo de la Comunidad, además de entes como Vialidad, Defensa Civil y ABSA.
La centralización de las decisiones buscará evitar intervenciones aisladas entre dependencias públicas.
Con este marco legal, la provincia persigue dotarse de una estructura articulada para hacer frente al cambio climático.
De concretarse su sanción, el agro bonaerense contará con una ventanilla única y fondos específicos para acelerar la recuperación de las zonas rurales cuando los fenómenos extremos golpeen la producción.
